La reforma de la ley del aborto ha sido uno de los temas más importantes en la agenda política durante el 2009. Sin embargo, esta polémica ha provocado también una respuesta social importante que ha afectado tanto al Gobierno como al Partido Socialista.
Bibiana Aído fue la ministra elegida para una reforma que se encomendó a unos supuestos expertos, todos afines a las tesis proabortistas. De hecho, el Gobierno aprobó, a falta de la votación en las Cortes, el aborto libre hasta las 14 semanas y en algunos casos hasta casi los seis meses de embarazo. Pero quizás, la mayor polémica se produjo por la intención de que una menor de 16 años pueda abortar sin el consentimiento de sus padres.
Sin embargo, la ministra de Igualdad ha recibido grandes críticas por sus argumentos para defender una ley que genera un gran rechazo social. Aído intentó justificar el aborto libre alegando que un feto de 13 semanas "es un ser vivo pero no humano". De la misma manera, para explicar que con 16 años se pueda abortar sin consentimiento paterno llegó a asegurar que "una joven puede ponerse tetas sin que sus padres lo sepan".
Además, dos de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para reformar esta ley ha sido la de dotar de seguridad jurídica a las mujeres que abortan y a los médicos que hacen las internvenciones y evitar que cualquier mujer vaya a la cárcel por abortar. Pero la verdad es que no hay ninguna mujer en la cárcel por haber abortado y, a pesar de esa supuesta inseguridad jurídica, el aborto ha crecido en España un 126% en los últimos diez años, muy por encima del resto de países europeos.
El contenido del texto aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de septiembre y las palabras de la ministra responsable de la ley fueron alimentando un rechazo social que ha producido que una mayoría de españoles se postule contra esta ley. Fue tal el rechazo que en Semana Santa muchas cofradías y hermandades protestaron públicamente contra el aborto, con las consiguientes críticas del Ejecutivo.
Pero la movilización social ha ido aumentando con dos grandes manifestaciones y con la recogida de firmas contra la nueva ley. De hecho, el 17 de octubre se produjo una de las grandes manifestaciones de la democracia en donde más de un millón de personas llegadas de toda España protestó contra esta ley en Madrid. A pesar de estar convocada por decenas de organizaciones cívicas hubo varios políticos populares que se sumaron al igual que algún concejal socialista.
Esta respuesta ciudadana indignó al Ejecutivo y al Partido Socialista que pasaron al ataque junto con el lobby feminista y no dudaron en atacar tanto a los manifestantes, como a la Iglesia y al PP. Y es que según algunas encuestas, el PSOE podría perder miles de votos con esta iniciativa.
Este proyecto ya está en el Parlamento, donde ya ha superado su primer trámite gracias que fue apoyado por los grupos de izquierda de la Cámara y por el PNV, cuyas bases se han rebelado contra esta decisión al considerarse un partido de tradición cristiana.