2009 ha sido el año de la muerte y resurrección de La Ley Sarkozy de internet, que planea cortar la conexión a la red a los abonados que se descarguen archivos protegidos por derechos de autor. Tras un periplo de idas y venidas de la Asambla Nacional francesa al Congreso; el Constitucional galo tumbó la ley. Pero resucitó, reconvertida.
La ley de los tres avisos, o Ley Sarkozy veía la luz en 2008 en medio de una gran polémica. El proyecto pretendía proteger los derechos de autor, suspendiendo la conexión a internet a aquellos usuarios que descargasen material protegido. Pero para ello, debería filtrar y examinar todo el tráfico que pasa por sus redes, atentando contra el derecho a la intimidad.
En marzo de 2009, el Parlamento Europeo fue el primer organismo en dar el no al proyecto del presidente francés. A través de un informe, se mostraba contrario a que los gobiernos europeos denegasen el acceso a internet como medio para imponer sanciones a los consumidores, a través del “control y la vigilancia sistemática”. Reiteraba su apuesta por la protección de los derechos intelectuales, pero no a costa de “restricciones excesivas” ni de la violación del derecho a la privacidad.
Pero el rechazo europeo fue indiferente para Sarkozy, así como el elevadísimo coste del sistema que quería implantar. Un mes después, el 3 de abril, la Asamblea Nacional francesa daba luz verde a la Ley de los tres avisos, mediante una triquiñuela bastante peculiar. Sólo 12 diputados votaron a favor, en una cámara que suma 577, pero fueron suficientes. Solo 16 parlamentarios estaban en la votación, porque Sarkozy había asegurado que se produciría la semana siguiente, directriz que cambió a última hora y le permitió la aprobación.
Tampoco las cosas salieron como estaban previstas más adelante. Solo cinco días después de la votación fantasma, la ley debía pasar un “mero trámite” y volver a ser refrendada en la Asamblea, después de que el Senado endureciera las sanciones contra los internautas. Pero esta vez, el Parlamento no estaba tan vacío y ganaron los opositores al proyecto, que también estaban entre las propias filas del partido de Sarkozy. Rechazo sorpresa, que provoco la cólera del mandatario francés, que impuso sanciones para los parlamentarios absentistas que le impidieran sacar su proyecto adelante en la siguiente votación. Las amenazas surtieron efecto, y el 13 de Mayo la Cámara Baja francesa daba el sí, esta vez con los escaños llenos, a la controvertida ley.
Cuando el Gobierno galo proclamaba su victoria, el Tribunal Constitucional le propinó un segundo embate. Gracias a un recurso presentado por el Partido Socialista, el Alto Tribunal Francés derribó la Ley de los tres avisos, al considerarla contraria a la Carta Magna porque solo un juez tiene la competencia para cortar el acceso a los internautas que descarguen contenidos ilegalmente.
El varapalo sufrido por la opinión pública, por el Parlamento Europeo, y por el Tribunal Constitucional francés no hizo mella en los ánimos de continuar contra la ofensiva contra las redes P2P. En julio, el Gobierno galo presentaba a debate la misma ley al parlamento, recortando las sanciones e incluyendo la autorización judicial, pero manteniendo el fundamental foco de controversia.