La corrupción urbanística ha sido en 2009 uno de los temas que más portadas ha recogido y que mayores discusiones ha generado entre la clase política, a pesar de que estos casos se han producido por toda la geografía española y bajo distintas siglas políticas. De hecho, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Púmpido hizo público un informe en el que se revela que "hay más causas de corrupción ligadas al PSOE que al PP".
Hasta tal punto ha llegado la corrupción en los ayuntamientos y diputaciones que incluso en febrero la Unión Europea estudió retirar las ayudas a España por las innumerables tramas corruptas existentes. Varios han sido los casos más sonados y cada uno de ellos ha salpicado a miembros de distintos partidos.
Quizás la más importante por la cantidad defraudada y por la relevancia de los implicados ha sido la denominada "Operación Pretoria", que destapó un gran caso de corrupción urbanística en Cataluña que salpicó a localidades socialistas como Santa Coloma o Badalona. En la operación fueron detenidos miembros importantes del PSC y ex altos cargos de la Generalidad con Jordi Pujol. Incluso, la investigación ha ido revelando como el caso ha ido ascendiendo en el organigrama de los socialistas catalanes hasta llegar a la Generalidad en la segunda tanda de detenciones.
Uno caso muy mediático fue también la construcción de la denominada Villa PSOE, llamada así porque varios cargos socialistas, entre ellos José Blanco, compraron viviendas ahí. Esta edificación en la Isla de Arosa vulnera totalmente la Ley de Costas. Pero, a pesar de ello los que destaparon este escándalo fueron denunciados aunque finalmente esta querella no fructificó.
La comunidad autónoma de Baleares ha sido testigo de varios casos de corrupción durante los últimos años pero han sido principalmente dos los que han centrado la atención informativa durante 2009. El primero de ellos fue el "caso Palma Arena", donde varios cargos del PP de Palma de Mallorca fueron detenidos por un caso de corrupción en la construcción del velódromo de la ciudad. El ex presidente balear, Jaime Matas, también se vio influido de alguna manera en el caso después de que registrasen su casa para buscar información.
El segundo caso de Baleares fue la imputación de la presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar, líder de Unió Mallorquina y socia de Gobierno de los socialistas en la región. De este modo, entre gritos de "ladrona" acudió al Tribunal Superior de Justicia de Baleares a declarar por los delitos de malversación, prevaricación y fraude por el caso Can Domenge.
Sin embargo, han sido muchos más los casos de corrupción a lo largo y ancho de toda la geografía española. En la localidad zaragozana de La Muela detuvieron a la alcaldesa del municipio, del PAR, y otras diecisiete personas por un presunto delito de corrupción. La regidora estaba acusada de nueve delitos distintos.
En Lanzarote, siete personas ingresaron en prisión por un caso de corrupción que afectaba a cargos del PSOE en Arrecife. De hecho, el ex presidente del Cabildo fue uno de los arrestados. También en esta isla, en este caso en Yaiza, fueron detenidos el ex alcalde, del Partido Nacionalista de Lanzarote, y sus dos hijos. Igualmente, en la localidad malagueña de Alcaucín, fue detenido el alcalde y otras doce personas e incluso este caso salpicó a la Diputación de Málaga.
Del mismo modo, en Almonte un informe de Fiscalización presentado en el Parlamento Andaluz puso de manifiesto como en la localidad onubense se produjeron diversas irregularidades urbanísticas cometidas por la corporación socialista.
También en la localidad murciana de Lorca se produjeron delitos de corrupción urbanística. Tanto el gerente de Urbanismo, como un edil socialista y el ex alcalde del municipio fueron detenidos por un posible delito de cohecho.