A pesar de que ya han pasado más de cinco años desde los atentados del 11-M, con juicio y sentencias de por medio, no hay un solo mes en el que no aparezcan datos nuevos, revelaciones asombrosas o asuntos dirimiéndose en los juzgados.
Una de las noticias que, sobre este tema, inauguraban el año era la absolución de El Haski por los atentados de Casablanca. El Haski es uno de los condenados por el 11-M que fue presentado por Olga Sánchez como ideólogo de la masacre de Atocha. Finalmente, como todas las demás condenas de los supuestos cerebros, quedó reducida a la mitad de la mitad de lo que solicitaba la Fiscalía.
Al final, un tribunal de apelación marroquí decidió condenarle a diez años de prisión. Pero El Haski estaba cedido de manera temporal, hasta que fuera juzgado, a las autoridades alauitas por lo que, a pesar de sus reticencias, fue devuelto a España. Sin embargo, tal y como pudo saber LD el Gobierno se planteó enviarle a Marruecos a que cumpliera su condena.
Ya en marzo, coincidiendo con el quinto aniversario de la matanza, salió a la venta el libro de José María de Pablo, abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, La cuarta trama, en donde ofrece una panorámica general de lo que hasta ahora constituye la verdad oficial de los atentados.
También en el mes de marzo, el día 9, el colaborador de LD, Luis del Pino, publicó en el diario El Mundo, en exclusiva, la primera entrevista realizada al principal condenado en el juicio: el marroquí Jamal Zougham, el único acusado de poner una de las bombas de los trenes. Al día siguiente, también se supo que si se justificó la rápida detención de Zougham diciendo que a los investigadores ya les sonaba su nombre por una investigación efectuada años antes del 11-M, esa investigación estuvo basada en un error judicial: una comisión rogatoria enviada desde Francia donde se atribuye, erróneamente, a la madre de Jamal Zougham un teléfono encontrado en la agenda del terrorista francés David Courtailler.
El mes de abril comenzaba a descifrar lo que más adelante llamaríamos la trama de los huidos. Y es que gracias al sumario de la operación Tigris, que en esos momentos se solventaba en los juzgados, se supo que la Policía encontró a Daoud Ouhnane, el principal fugitivo del 11-M. Pero no llegó a arrestarle. Dos meses después de los atentados, con una orden de busca y captura y su fotografía distribuida, la Policía le grabó saliendo de una casa de Santa Coloma de Gramanet. Rubalcaba trataba de justificar este escándalo afirmando que no se reconoció a Ouhnane ya que “si no, lo habrían detenido”.
Pero el ministro del Interior no debía de prever que sólo un día después de que él realizara estas declaraciones, el 14 de abril, El Mundo publicaría una nueva negligencia policial: otros dos supuestos implicados en el 11-M, Mohamed Alfalah y Said Berraj, también pasaron por ese piso de Santa Coloma sin que la Policía les detectase.
Por otro lado, el Tribunal que juzgó la masacre, presidido por Javier Gómez Bermúdez, accedió por fin a la petición de las víctimas de que se les entregase las grabaciones de la pericial de explosivos llevada a cabo durante la vista oral.
En mayo vio la luz un revelador e importante informe. El realizado por el perito Antonio Iglesias, químico que participó en la pericial de explosivos encargada por el Tribunal. Tras volver a examinar los resultados obtenidos entonces, Iglesias llegó a varias conclusiones importantes, avaladas por el Colegio de Químicos. La primera de ellas es que los autores de los atentados utilizaron Titadyn; la segunda, que la muestra patrón de Goma 2 ECO entregada por los Tedax y el explosivo hallado en la Kangoo provenían del mismo cartucho.
Asimismo, reveló y explicó las constantes discusiones que se dieron entre los diferentes peritos durante los análisis encargados por Bermúdez. “Ahora sí que me voy a cagar en la madre que parió a los Tedax”, recuerda Iglesias que exclamó Alfonso Vega, jefe de la pericia, cuando apareció DNT, sustancia que no forma parte de la Goma 2ECO.
Pero mayo también reveló huidos que pasaron y posaron ante la Policía, incluso inmolados que resucitaron cinco años después. Luis del Pino informó que otro de los huidos del 11-M, Mohamed Alfalah llamó a su familia en marzo, abril y mayo de 2005 para despedirse antes de cometer un atentado suicida. Sin embargo, la Policía turca le detuvo el 14 de junio de 2004 y fue internado en un centro de extranjeros. A pesar de que España fue informada de este hecho no se pidió su extradición. Después, en marzo de 2005, consiguió huir.
Dos días después de que en LD informáramos sobre este hecho, se supo que Marruecos había encarcelado a otro de estos huidos al que se creía muerto. El caso era enormemente parecido al de Hriz, aunque en esta ocasión se trataba de Mohamed Belhadj, al que la Policía había dado por muerto en Irak y que presuntamente fue quien alquiló el piso de Leganés. Tan sólo un día más tarde, LD publicó una nueva exclusiva: la UCIE pidió al Reino Unido que no entregara a un implicado en los atentados de Madrid.
No fue la única exclusiva de este periódico en mayo. Luis del Pino y Carlos Sánchez de Roda publicaron un informe en el que se ponía de manifiesto que a día de hoy se ignora el paradero de 90 toneladas de restos de los trenes, aunque meses más tarde el que fuera comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, comenzaría a despejar esta incógnita.
Aunque cuando Sánchez Manzano empezó a convertirse en protagonista fue al mes siguiente, inicio de su calvario. El 22 de junio, se archivaba la querella que el ex jefe de los Tedax había interpuesto contra la plataforma Peones Negros. Y poco después, la asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M anunciaba otra contra él por falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento por ocultación de pruebas. La asociación también se querellaba contra la perito de los Tedax, la encargada de recibir las muestras y quien realizó los primeros análisis. El 8 de julio se presentó ante el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid.
Ni si quiera el mes de agosto dio una tregua. Tres fueron los principales asuntos sobre este tema que sucedieron en pleno verano. En primer lugar, el que fuera comisario jefe de los Tedax no acudió al juzgado en el que estaba obligado a declarar. Para justificar dicha ausencia se esgrimió el escandaloso motivo de que no se le pudo trasladar la citación porque se encontraba de crucero.
Sin embargo, dos testigos que también habían disfrutado del viaje aseguraron que éste terminó el 25 de julio. La Asociación presidida por Ángeles Domínguez intentó pues retrasar también la declaración de su subordinada para que Sánchez Manzano no pudiera saber las preguntas y las respuestas de ésta, pero su petición fue desestimada y la perito declaró.
Días más tarde, el 21 de agosto, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó un auto por el que levantó el secreto del sumario de la pieza principal del 11-M y abrió un nuevo sumario desglosado contra siete acusados de colaborar y ayudar a huir a los presuntos autores de la masacre. Pero sin especificar en qué consiste su implicación en los atentados.
La última semana del mes, el mismo juez Velasco rechazó realizar nuevas pruebas sobre los explosivos solicitadas por Gabriel Moris y Pilar Crespo, padres de una de las víctimas. Solicitud a la que también se había adherido la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Y lo hizo bajo el argumento de que eran “extemporáneas y redundantes”. Sin embargo, tal y como recuerda Luis del Pino, la Audiencia dejó pasar primero 18 meses para denegar la petición de la familia Moris y luego otros seis hasta que Velasco la volvió a rechazar. No obstante, la familia Moris-Crespo recurrió la decisión judicial.
Por último, el mismo día en que el juez rechazaba esta petición hacía público otro auto en el que pedía a la Comisaría General de Información que hiciera las gestiones oportunas "en orden a la identificación completa, localización y paradero actual" de dos de las siete personas a las que había imputado con anterioridad.
El mes de septiembre volvió a centrar todo el interés informativo del 11-M en los juzgados. Justo un día antes de que Sánchez Manzano compareciera ante el juez como imputado, la Fiscalía pidió tres años de cárcel e inhabilitación profesional para el periodista y subdirector de El Mundo, Antonio Rubio, acusado de revelación de secretos por desvelar que el imán "Cartagena" era un confidente de la policía infiltrado en los atentados del 11-M. Asunto que finalmente concluyó con una multa de 1.000 euros para Rubio por acogerse al secreto profesional y no desvelar quién fue su fuente judicial. Esta sanción vulnera lo establecido en el Artículo 20 de la Constitución española, así como la jurisprudencia universal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero la fecha clave de este mes, y casi se puede decir que de todo el año, fue el 15, día en que Juan Jesús Sánchez Manzano compareció ante la juez. Y reconoció por primera vez que en su laboratorio se destruyeron gran cantidad de restos de las explosiones del 11-M porque, dijo, se consideraron "objetos" en lugar de "muestras".
Los siguientes días se convirtieron en una auténtica pasión para el ex mando de los artificieros. Todos los testigos, en su mayoría Tedax aunque también peritos químicos que habían participado en la pericial así como mandos policiales en el momento del atentado –incluidos los propuestos por la acusación–, han contradicho a Sánchez Manzano.
Pero no es éste el único mal trago que, aún todavía, continúa padeciendo el que fuera jefe de los expertos en desactivación de explosivos. Un día después de su declaración en sede judicial, se hizo pública una contundente sentencia que absolvía a El Mundo y Jiménez Losantos por sus informaciones y opiniones al respecto. Asimismo, la Audiencia de Madrid rechazaba un recurso de apelación del comisario, desestimando así la querella que Sánchez Manzano interpuso en su día contra la Asociación 11-M Verdad y Justicia y contra la Plataforma Ciudadana Peones Negros.
Coincidiendo con estos reveses que estaba sufriendo la versión oficial, el juez Garzón llamó a declarar a Luis del Pino por una querella del SUP que el juez reactivó seis días después de que la Asociación de Ayuda a las Víctimas presentara la suya contra Manzano. La querella se presentó en diciembre de 2007 y llevaba 20 meses durmiendo en distintos cajones. Del Pino fue a declarar, pero una vez más, Garzón puede haber incurrido en una cuestión de incompatibilidad. Así que, tras meterse de lleno en el asunto, ahora debe esperar a ver qué decide el Tribunal Supremo.
El año concluye con el principal asunto, la imputación del que fuera jefe de los Tedax, decidiéndose, aún en fase de instrucción, en los juzgados, y con el procesamiento, por parte del juez Velasco, de las 7 personas contra las que abrió diligencias el pasado mes de agosto, acusadas de ayudar a huir a presuntos "autores materiales" del 11-M.