En septiembre de 2008 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba a bombo y platillo en Nueva York -ante un nutrido grupo de ejecutivos y empresarios- que España superaría en renta per cápita a Francia "en tres o cuatro años" y que el sistema financiero español era "el más sólido del mundo". Apenas un año después, aprobó un rescate de bancos y cajas de 90.000 millones de euros.
El año que ahora concluye ha puesto de manifiesto los graves problemas del sector financiero español. El alto componente del negocio hipotecario en las actividades de bancos y cajas de ahorros es un pesado lastre que se certificó justo cuando la crisis financiera internacional golpeaba con más fuerza.
El grifo de crédito se cerró del todo y las familias y empresas desde entonces no pueden acceder a financiación. Las entidades ocultan la depreciación de activos en sus balances y nadie sabe con certeza a cuánto asciende el agujero.
En junio de 2009, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el Fondo de Rescate Bancario, que dispone de hasta 90.000 millones de euros para auxiliar a entidades financieras, fundamentalmente cajas de ahorros. El nuevo organismo (FROB) es gestionado por el Banco de España y tiene capacidad para nacionalizar parcialmente las entidades que no devuelvan las ayudas, decidiendo también las fusiones de las distintas entidades.
En esencia, es un plan muy similar al rescate bancario aplicado en EEUU, el conocido como Plan Paulson (TARP), dotado con más de 700.000 millones de dólares. Y es que, también en EEUU, el Gobierno se reserva la posibilidad de entrar en el capital de las entidades si las ayudas no son reembolsadas. Además, a la vista de las últimas pruebas, el Tesoro y la FED deciden de facto determinadas fusiones bancarias, como aconteció en el caso de la compra de Merrill Lynch por parte de Bank of America.
El FROB tiene una dotación inicial de 9.000 millones de euros, con una financiación mixta a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (6.750 millones de euros) y de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito (2.250 millones de euros).
El nuevo Fondo se dotará con el dinero que aún queda del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros elaborado por el ex ministro de Economía Pedro Solbes. Sin embargo, en realidad, el Fondo podrá endeudarse hasta un máximo de 90.000 millones de euros.
En caso de tener que emplear el FROB, más allá del Fondo de Garantía de Depósitos, "se produciría la sustitución de administradores de la entidad, constituyéndose en administrador el FROB". El Banco de España podrá decidir entonces o bien la fusión de la entidad o bien el traspaso total o parcial del negocio mediante la cesión global o parcial de activos y pasivos a otra entidades.
Cuando el proyecto llegó al Congreso para ser ratificado, en julio, el PP ayudó al Gobierno a sacar adelante su rescate bancario. Tras unas críticas feroces, el principal partido de la oposición fue el único, junto al PSOE, en dar su apoyo al Gobierno.
La falta de criterio de los populares quedó patente cuando en octubre el que fuera número dos de Mariano Rajoy es la lista electoral del PP, Manuel Pizarro reconoció en Es la noche de César que votó a favor del rescate bancario por "disciplina", ya que considera que es "un profundo error" que "va a costar mucho más dinero" a los contribuyentes.
Durante el debate parlamentario destacó la intervención de la diputada de UPyD, rosa Díez, quien defendió el libre mercado, a los contribuyentes y a las entidades bien gestionadas frente al FROB, que es una "barra libre para entidades insolventes". Responsabilizó de la crisis al Gobierno "por omisión" y de algunos empresarios codiciosos "por acción".
Una vez aprobado el proyecto normativo, el Ejecutivo y el Banco de España se las prometían muy felices, pero tuvo que ser Bruselas quien aguara la fiesta a los responsables socialistas. En octubre, la Comisión Europea dijo al Gobierno español que debe pedirle autorización caso por caso para la concesión de ayudas públicas procedentes del FROB. Esta exigencia paralizó el rescate indiscriminado de entidades, tal y como pretendía el Ejecutivo.
No obstante, en noviembre, el FROB culminó su emisión de deuda inaugural por importe de 3.000 millones de euros, con el objetivo de dotarse de recursos de cara a la reordenación del sistema financiero.
A pesar de la negativa de Bruselas, y de los problemas competenciales que presenta con algunas comunidades autónomas, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, consideró a finales de noviembre que al FROB le toca "ahora" proveer de liquidez de forma "urgente" a entidades que, por problemas de viabilidad, tienen "vedado" el acceso a la financiación del organismo supervisor.