Más de un año después de intentar llevar su nuevo proyecto hacia posturas cercanas al socialismo "bolivariano" de Hugo Chávez y pese a haber sido elegido presidente con el Partido Liberal, Manuel Zelaya fue destituido y expulsado del país el 28 de junio, tras una decisión en bloque de las principales instituciones democráticas de Honduras. Éstas consideraron ilegal e inconstitucional su pretensión de cambiar la Carta Magna para optar a la reelección indefinida, algo que a mediados de octubre sí logró en Nicaragua el sandinista Daniel Ortega, otro de los socios "bolivarianos" de Chávez.
Inmediatamente después de la salida del país de Zelaya, Roberto Micheletti, hasta entonces al frente del Congreso, fue nombrado presidente para mantener el orden y las reglas democráticas hasta las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, lo ocurrido en Honduras fue criticado y censurado por todo el mundo, en especial por la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezado por su secretario general, el socialista chileno José Miguel Insulza, y por el entonces presidente de la Asamblea General de la ONU, el ex sandinista Miguel d'Escoto.
Todos calificaron el hecho de golpe de Estado mientras que Micheletti señaló que se trataba de una de "sucesión constitucional" ya que las principales instituciones se mostraron contrarias a las pretensiones de Zelaya. Cada una de ellas, además, mostró su apoyo al nuevo orden democrático en Honduras y el Ejército declaró su intensión de apoyarlo. Incluso, el 25 de septiembre un informe del Congreso de EEUU apuntó al error de comparar el relevo de Zelaya con un golpe tradicional.
Poco a poco, el mundo fue aislando a Honduras y muchas organizaciones -y también la UE- declararon que no seguirían con sus apoyos económicos hasta que Zelaya fuera restituido en el poder. Sin embargo, el nuevo Gobierno hondureño declaró en varias oportunidades a Libertad Digital estar dispuesto al aislamiento antes de rendirse a la opresión socialista que Chávez quería establecer en el país centroamericano.
El papel de España
Desde un primer momento, el Gobierno de Rodríguez Zapatero condenó los cambios democráticos en Honduras y exigió a Micheletti la inmediata restitución de Zelaya. Su primera decisión fue llamar a consultas a su embajador en Tegucigalpa el 1 de julio. A finales del mes de julio, el propio ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, prometió a Zelaya hacer "todo lo posible" para devolverle el poder. Estos hechos fueron duramente criticados por los representantes de la diplomacia hondureña que acusaron a España de hacer primar las razones ideológicas a las históricas.
España abanderó la causa de Zelaya al frente de las instituciones europeas y no sólo prohibió la entrada de los miembros de Ejecutivo Micheletti sino que auspició en otros frentes acciones similares. El mismo Zapatero eligió la Asamblea General de la ONU para exponer su posición y señaló que la defensa de la democracia tenía en Honduras su nombre. Desde Honduras muchos se mostraron extrañados por dicho posicionamiento: "Lo hubiéramos esperado de otros; no de España, no de la madre patria", dijo entonces el director de la academia diplomática hondureña.
Un acuerdo roto por Zelaya
Los primeros esfuerzos de llegar a un acuerdo llegaron desde Costa Rica por medio de su presidente Óscar Arias, nombrado mediador entre las partes el 24 de septiembre. El ex premio Nobel de la Paz –que pidió a la comunidad internacional no aislar a Honduras– se reunió durante varios días con enviados de Micheletti y de Zelaya. Sin embargo, la única condición de éstos últimos –la restitución del ex presidente– frenó los pequeños avances del diálogo, pese a que Arias propuso un Gobierno de "unidad y reconciliación nacional".
Para entonces, Zelaya, tras dos intentos frustrados tanto por avión (5 de julio) –que Chávez vio como una "victoria"– como por tierra (24 de julio), ya había logrado el 21 de septiembre entrar a Honduras para refugiarse en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Su discurso entonces se radicalizó y llegó a llamar a la violencia y a la "guerra civil". La sede diplomática brasileña –un acto que el Gobierno de Micheletti interpretó como una injerencia– se convirtió en su propio despacho en el que recibía a representantes de organismos y otros países.
Los esfuerzos del Gobierno de Micheletti y de la presión internacional permitieron que ambas partes se pusieran de acuerdo para sentarse otra vez en una mesa de diálogo. Tras varios días de incertidumbre en especial por el empeño de Zelaya de bloquear las negociaciones al considerar su restitución como único punto innegociable –lo que llevó incluso a divisiones entre sus propios representantes– ambas partes llegaron a un acuerdo –que tomó el nombre de "Guaymuras" (nombre original de Honduras)– para que sea el Congreso el que decida sobre la restitución de Zelaya.
Normalidad y participación
Después de todos los enfrentamientos entre los seguidores se Zelaya y sus detractores, las elecciones del 29 de noviembre llevaron la normalidad al país centroamericano. La participación superó el 60 por ciento, una cifra que casi siete puntos mayor a la registrada en las elecciones en las que fue elegido Zelaya. El ganador, Porfirio Lobo, del Partido Nacional, se mostró en todo momento satisfecho por los resultados y declaró que el ex presidente formaba ya parte del pasado a la vez que pidió a los países del mundo que no siguieran castigando a Honduras.