El pasado 2 de octubre un grupo de piratas somalíes asaltó el pesquero vasco Alakrana en aguas del océano Índico. El secuestro duró 47 largos días en los que los 36 tripulantes del atunero español fueron vejados, insultados y maltratados. Durante este tiempo, la angustia que vivió las familias fue acompañada por una pésima gestión del problema por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La cuestión que a día de hoy se encuentra sin resolver es quién pagó el rescate de 2,3 millones de euros a los piratas. Preguntada por si el Gobierno lo había pagado con fondos reservados, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega contestó que "España no ha pagado ningún rescate".
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional instó al juez Pedraz a que investigase el rescate del Alakrana y de toda la "trama jurídico-financiera" que está detrás de la liberación. El magistrado que interrogue a los marineros del atunero.
Pero las cosas se le complicaron más para el Ejecutivo cuando el diario El Mundo publicó que el Gobierno y el CNI fueron objeto de un timo. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero no tuvo más remedio que referirse a esta noticia. Sin embargo, no lo negó. Tan sólo dijo que "al CNI no se le tima así como así". Tampoco quiso aclarar nada sobre el rescate. "Mi responsabilidad como gobierno es decir esto que digo y no dar por supuesto que se ha pagado".
Zapatero, calla
Sin embargo, la hemeroteca refleja que desde que comenzó el secuestro la gestión del Ejecutivo fue un desastre. Zapatero tardó un mes y una semana en asumir la responsabilidad personalmente la situación que vivía el buque. Durante 37 días no dijo ni "mu" sobre el secuestro y cuando lo hizo no hubo cabida para la autocrítica en el mensaje del Presidente. Dijo que el Gobierno "sabía lo que hacía" y que la situación del Alakrana "podía estar encauzada".
Por otro lado, en los primeros días del secuestro el Ejecutivo depositaba toda su confianza en la titular de Defensa, Carme Chacón, para gestionar el problema. El 5 de noviembre los marineros secuestrados llamaron a sus familias para comunicarles que los piratas habían bajado a tierra a tres de sus compañeros y amenazaban con matarlos. La ministra de Defensa se apresuró a confirmar esta información. "Sabemos exactamente dónde están y sabemos que están bien", manifestó en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. A posteriori, el Ejecutivo tuvo que comerse las palabras de Chacón ya que la sucesión de los hechos demostró que esto era falso.
Además, los trámites infructuosos llevados a cabo por Chacón , traducidos en inactividad por parte del Gobierno, coincidieron con el momento máxima tensión que se ha vivido a lo largo del secuestro: cuando los tres de los marineros del Alakrana fueron supuestamente trasladados a tierra y los piratas amenazaban con matarlos.
Las familias, estallan
Entonces fue cuando las familias estallaron y aseguraron que las negociaciones estaban rotas, que el Ejecutivo mentía y que la situación que vivía los rehenes era crítica. Los víveres y el agua se agotaban.
A partir de ahí la descoordinación del Gobierno fue manifiesta. Chacón, pasó a ser una ministra "inhabilitada" y los ministros de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y de Medio Ambiente Rural y Marino, Elena Espinosa, junto con la vicepresidenta De la Vega, tomaron las riendas del asunto.
El Gobierno formó un comité de crisis con sus miembros ya citados junto con el secretario de Estado de ese departamento, Ángel Lossada; y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro. También formaron parte del comité el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez Fernández; el director del CNI, Félix Sanz Roldán; y el director del Gabinete del Presidente del Gobierno, José Enrique Serrano.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se aseguró que en todo momento se estaba en permanente contacto con las familias, versión que, sin embargo, fue desmentida por los familiares.
Por otro lado, el envío de los dos piratas capturados dos días después del secuestro por la fragata "Canarias" a España fue un error que puedo acabar con un trágico final.
La Audiencia se defiende
Un día después de la detención de los dos criminales, el 5 de octubre, el juez Baltasar Garzón dictó el ingreso en prisión incondicional de los dos piratas y ordenó, a instancias de la Abogacía del Estado, que ambos fueran trasladados a España de forma "urgente", acusados de un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas. El magistrado respondió así a la petición de la Abogacía del Estado y, por ende, del Gobierno.
Una semana después los piratas llegaron a Madrid, provocando este hecho cierto malestar en familiares de la tripulación, que no terminaron de entender el porqué de su traslado. El pirata conocido como Raagegeesey se declaró inocente ante el juez Garzón al día siguiente. Abdu Willy, por su parte, aseguró ser menor de edad.
Entonces la polémica sobre la edad del pirata Willy acaparó los titulares de periódicos, radios y televisiones. Tras siete pruebas médicas y un periplo por cuatro juzgados de la Audiencia Nacional, el pirata fue declarado mayor de edad.
En tanto, el Gobierno intentó pasar la pelota al tejado de la Audiencia. Pero el hecho de que la extradición de los dos piratas se llevase a cabo a petición de la Abogacía del Estado, y que luego el Ejecutivo quisiese dejar la resolución del secuestro en manos de los jueces, provocó que la Audiencia emitiese un duro comunicado defendiendo a sus jueces instructores.
En él, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, aseguraba que "ningún Juez de la Audiencia Nacional ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna. Una vez presentada la denuncia por la Abogacía del Estado, se resolvió sobre la competencia previo informe del Ministerio Fiscal". En este sentido, el comunicado añadía que "ni el Juez de Guardia ni el Juzgado instaron a organismo alguno para que las personas fueran trasladadas a España, sino que cumplió con la Ley al ordenar su traslado para legalizar la situación de las mismas, una vez les constó su detención".
Lo cierto es que mientras que los tripulantes del pesquero vasco Alakrana ya se encuentran en libertad, el proceso para juzgar a los piratas encarcelados en España avanza a marchas forzadas. Como consecuencia de la mala gestión, la Audiencia sostiene un proceso judicial "exprés" abierto para enviar a los piratas encarcelados en España a Somalia.