El caso del chivatazo a ETA dormía en el cajón de Garzón desde hacía tres años hasta que el 5 de octubre Conde Pumpido decidió pedir a Garzón que lo archivara, coincidiendo con la reactivación del caso por parte del juez, que curiosamente está siendo investigado por prevaricación en el Supremo.
En plena negociación con ETA, el 4 de mayo de 2006, Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán, en Irún (Guipúzcoa), y uno de los intermediarios de la extorsión de ETA, fue abordado por una persona, que tras identificarse como policía le pidió que conversase con el interlocutor de su teléfono.
Elosúa atendió la llamada. Su interlocutor se identificó también como miembro del Cuerpo Nacional de Policía, y le advirtió de que estaba siendo seguido por las Fuerzas de Seguridad. Además, le dijo que estaba preparada una intervención policial para detenerle a él y a otros miembros de la red de extorsión de ETA si cruzaba la frontera francesa, tal y como tenía previsto, con un maletín con dinero para la organización terrorista. El chivatazo hizo que la operación conjunta hispano-francesa que estaba preparada en suelo galo quedase frustrada.
El juez Fernando Grande Marlaska se hizo cargo del caso porque Garzón, a cuyo juzgado correspondía, estaba en Nueva York en uno de sus permisos. Cuando volvió el titular lo metió en un cajón y nunca más se supo hasta octubre de este año, cuando coincidiendo con la investigación que el Supremo lleva a cabo contra Garzón por prevaricación, decidió reactivarlo. Entonces entró en escena el Fiscal de la Audiencia Nacional que le pidió que lo archivara al considerar que no existen datos que demuestren "de forma inexorable" la tesis de los investigadores, según la cual García Hidalgo habría ordenado que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que un responsable policial del País Vasco realizó a un inspector de Álava.
Ni los sindicatos policiales apoyaron esta petición del fiscal.“Habría que investigar a los investigadores”, dijeron.
Como viene siendo habitual, fueron los medios de comunicación los que empezaron a echar alguna luz sobre el asunto. El Mundo publicó que uno de los imputados por el chivatazo a ETA mantuvo una conversación, registrada en el sumario, con el comisario García Castaño, uno de los protagonistas de la versión oficial del 11-M, en la que éste le instaba a estar tranquilo: "no te preocupes, Baltasar es amigo".
Antena 3 difundió poco después que el inspector jefe de la Policía que investigó el chivatazo era el mismo que controlaba las cámaras que vigilaban el bar Faisán y que podía ser el propio autor del soplo.
Pero las cosas se complicaron aún más cuando se supo que este mismo inspector, Carlos Germán, había sido condecorado por el ministro del Interior. Rubalcaba puso como excusa que le había premiado por aclarar el robo de droga en una comisaría de Sevilla, pero el portavoz de Interior del Grupo Popular, Ignacio Cosidó, aportó pruebas de que el ministro había mentido porque habían condecorado al inspector mucho antes del esclarecimiento del robo de droga en Sevilla.
El inspector que investigó el chivatazo salió públicamente a negar que fuera autor del soplo a ETA y además acusó a la Fiscalía de ocultar datos. Este policía difundió un documento firmado ante notario defendiéndose de las acusaciones y revelando, entre otras cosas, que la cámara del bar Faisán sí funcionaba y que se había remitido a Garzón, hecho este que el juez había mantenido oculto.
Ante esta evidencia, al juez no le quedó más remedio que mostrar a las partes el vídeo, que según Dignidad y Justicia, tiene dos cortes de tres minutos y 16 segundos en el momento clave de la investigación.
En el lado político, el PP ha pedido explicaciones en el Congreso sobre el chivatazo de ETA, pero el Gobierno se niega a responder.