El 13 de octubre, Jaime Mayor Oreja publicó una importante tercera de ABC, en la que examinaba los distintos frentes abiertos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El artículo, titulado
Los proyectos de ETA y Zapatero, enlazaba la negociación del Gobierno con la banda asesina (evidente en el cambio de política antiterrorista y en la decisión de permitir a Batasuna presentarse a las elecciones vascas), con la propuesta de un nuevo Estatuto para Cataluña. Zapatero, alerta Mayor Oreja, busca una segunda transición "que consiste básicamente en sustituir la reforma por la ruptura". En esa estrategia, "de la misma forma que la primera transición democrática tuvo en la legalización del Partido Comunista su símbolo más emblemático, la segunda transición -la ruptura que no pudo triunfar en 1978- tiene en esta mezcla de legalización y legitimación parcial de ETA su símbolo más relevante", dice.
La relación del cambio de actitud hacia ETA y hacia sus víctimas con el Estatuto Catalán, prosigue el dirigente popular, es que a ETA le conviene por el común objetivo de romper España y su Constitución, mientras que a Rodríguez Zapatero le conviene una tregua de la banda terrorista, para legitimizar el proceso de aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña. Fueron varios los que no aprobaron este análisis de Mayor Oreja dentro de su partido. Pero él lo repitió
más tarde, diciendo que ETA "emergerá en el momento que la parezca más oportuno" durante la tramitación del Estatuto de Cataluña "para resaltar su protagonismo y para respaldar la estrategia" de Zapatero. Su pronóstico se cumplió puntualmente, cuando en un comunicado en el diario
Gara ETA ligó los destinos del
País Vasco y Cataluña "como naciones".
La negociación entre el Gobierno y la banda asesina es uno de los principales frentes que tiene abierto el Ejecutivo en el comienzo de año. El 21 de enero
La Razón desveló que José Luis Rodríguez Zapatero mantiene "contactos exploratorios con el mundo de ETA". El propio presidente había declarado una semana antes que era partidario de "escuchar a Batasuna". Las exigencias del Gobierno pasan por el "cese de las actividades terroristas", pero no la entrega de armas o la rendición. El líder de la oposición,
Mariano Rajoy, advierte en esos momentos: "lo que tiene que hacer ETA es dejar de matar porque no hay nada que dialogar para que deje de matar". El vicepresidente del Foro de Ermua,
Mikel Buesa, le dijo a Rodríguez Zapatero que "si Zapatero está sugiriendo que va a hacer lo que hizo Aznar, me parece correcto, porque aquel Gobierno habló de dónde y cuándo entregaban las armas, sin ninguna contrapartida política", pero "cometerá un error importantísimo que puede dar lugar a un renacimiento de ETA".
El 27 de enero la
Cadena COPE informó de que
Gregorio Peces Barba, Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, había revelado a los responsables de la AVT que el Gobierno
estaba negociando con la banda terrorista ETA. Peces Barba respondió diciendo que la información era "absolutamente mentira", pero a mediados de febrero el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, la
confirmaría desde las propias ondas de la
Cadena COPE; el Ejecutivo negociaba con la banda terrorista. El asunto se prolongaría hasta el 3 de marzo, cuando Peces Barba
admitió que había tratado con las víctimas del terrorismo una posible puesta en libertad de los terroristas sin delitos de sangre.
Pero las informaciones sobre los contactos del Ejecutivo con ETA no dejarían de producirse. El miércoles, 9 de febrero ABC reveló que la banda asesina exigía al Gobierno que dé salida a los condenados sin abandonar las armas. Zapatero
renunció a comentar dicha información sobre la negociación, mientras Rajoy declaró que cualquier mensaje de "negociación" que se le pueda dar a la banda terrorista o a Batasuna "
es letal para la política antiterrorista". Es en este cruce de declaraciones cuando ETA volvió a atentar, en este caso con un
coche bomba en el recinto ferial de Madrid, horas antes de que
el Rey inaugurara junto con el presidente de Méjico la Feria de Arte Contemporáneo ARCO. Resultaron heridas leves cuarenta y dos personas. Dos días después, la presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti, declaró estar "firmemente convencida" de que ETA y el Gobierno de Zapatero "
están hablando".
Es en estas condiciones en las que el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT),
José Alcaraz, se entrevistó con José Luis Rodríguez Zapatero en el palacio de la Moncloa. En ella, Alcaraz le pide a Zapatero que destituya a Gregorio Peces Barba, porque "un señor que miente, no puede representarnos". El presidente no ve problema en que lo les represente, ya que el propio Peces Barba
declararía meses después que "no soy representante de las víctimas, soy representante del Gobierno". Y de hecho Zapatero confirmó su confianza en el Alto Comisionado.
El Periódico de Cataluña había informado a mediados de mayo de que el Gobierno mantiene la tesis de una
tregua tácita de ETA, sobre el hecho de que los atentados de los últimos dos años no habían resultado en víctimas mortales. El 15 la banda terrorista respondió con
cuatro bombas contra empresas en la provincia de Guipúzcoa sin muertes. Horas después, Rodríguez Zapatero hizo su primera comparecencia pública tras el debate sobre el Estado de la Nación, en que el PSOE había propuesto dialogar con ETA,
sin hacer mención de las bombas en cuatro localidades guipuzcoanas. Ángel Acebes declaró en la
COPE que "por primera vez en la historia, un presidente del Gobierno".
Rubalcaba respondió en la
cadena SER que ETA podría haber matado de haber querido: "
también uno podría pensar que tienen en la cabeza una cosa distinta, puesto que matar, y que nadie me entienda mal, es relativamente fácil cuando uno tiene una pistola y una psicopatología cerebral". Las víctimas
hacen ver que "ETA impone el diálogo de las bombas"
Las acciones policiales contra la banda continúan, y la policía francesa desencadenó una operación policial que culmina con la detención de
tres terroristas, uno de ellos el responsable del aparato "internacional", lo que les conduce el 24 a un garaje con 125 kilos de
nitrato amónico. Batasuna-ETA reacciona a ello y a la citación de la Audiencia Nacional a Arnaldo Otegi y Jon Salaberría con unas declaraciones de Pernando Barrena diciendo: "Parece que el Gobierno desconoce cuál es el significado de la palabra tregua". Y como aviso hace estallar en Madrid
dos mochilas-bomba con 20 kilos de explosivos, con el resultado de 52 heridos leves. El propio fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hizo buena la lógica de Batasuna-ETA al
relacionar las bombas con la citación de dos dirigentes del entramado terrorista. Rodríguez Zapatero repitió su frase sobre el destino de ETA y el ministro del interior, José Antonio Alonso, declaró que la lucha contra la banda se vería favorecida si se "rebaja el
nivel de ruido". Rajoy ofreció entonces su apoyo al Gobierno para "recabar cooperación internacional, para ponerlos a disposición de la justicia, para apoyar al ministro del Interior a los efectos de que garantice la tranquilidad y seguridad de los españoles". Una oferta "poco creíble", para la vicepresidenta Fernández de la Vega. La política de negociación con ETA despiertó las inquietudes de la Conferencia Episcopal, que en palabras de su vicepresidente Antonio Cañizares "ve con preocupación lo que se ha emprendido y pido a Dios que nos ayude a que esta España se mantenga en una unidad inquebrantable dentro de la diversidad".
El 12 de septiembre se suceden varios hechos e informaciones que resultan muy significativos. Un año después de que
Javier Arzalluz dijera que el Gobierno de Zapatero había estado manteniendo contactos con ETA y con la ilegalizada batasuna, los diarios
El Mundo,
La Razón y
El País publican ese lunes varias informaciones sobre los contactos entre el Gobierno y la banda criminal. El diario de Pedro J. Ramírez informaba con fuentes de Interior que Gobierno y ETA "están en fase de negociación de una tregua", cuya fecha "está prácticamente fijada". La Razón precisaba que las conversaciones han resultado "fructíferas", mientras que según
El País, el Ejecutivo estaría reclamando a Batasuna para que presione a la rama asesina de la banda para que deje las armas. José Blanco, secretario de organización del PSOE, se limita a declarar que desconoce cualquier contacto de banda terrorista y Gobierno.
La información de
El País señalaba al secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga, a quien llama "hombre fuerte de la izquierda abertzale", como "interlocutor en todos los episodios negociadores con el Gobierno". Ese mismo día, el juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska le pone en
libertad sin fianza y sin medidas cautelares, en su procesamiento por presunta pertenencia a ETA. Cuando sale a la calle, Díez Usabiaga considera las "posibilidades" que tiene delante el PSOE para "modificar la actual situación y poner fin a la caza política". El diario
El País citaba de fuentes "socialistas vascas" que el procesamiento de Rafael Díez Usabiaga llegaría en mal momento por tres razones: LAB no está ilegalizada, los atentados de ETA llevan 27 meses sin producir muertes y Usabiaga es "una voz autorizada", es decir, un posible interlocutor. No es el único movimiento que se produce ese día. El Etarra Gadafi, que cumple prisión en Francia, solicita el traslado a España.
Esta última noticia podría tener relación con una exclusiva de la cadena
COPE, que concretaría los términos del previsible acuerdo entre el Gobierno y la banda terrorista. Las palabras clave son
transferencia, agrupación y excarcelación. El primer paso consiste en la transferencia de las competencias de Prisiones al Ejecutivo vasco, a la que seguiría, en enero, una reagrupación de condenados por terrorismo en relación con ETA, para llegar al último punto del acuerdo, que dejaría a los condenados fuera de las cárceles, que culminaría el acuerdo. El calendario, dice la información, estaría así preparado por el Gobierno para que la Opinión Pública tuviera tiempo de aceptar la política respecto de la banda terrorista.
El Gobierno, decidido a acallar a la Asociación Víctimas del Terrorismo, decidió
excluirla de las subvenciones a las organizaciones de "otros fines de interés social". De los 97 millones de euros recaudados por esa vía, ni uno solo irá para la AVT. Esta asociación recordó entonces las palabras pronunciadas por Rodríguez Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación, según las cuales su gobierno había aumentado considerablemente la ayuda a las víctimas. La actitud de denuncia de la AVT del proceso de negociación del Ejecutivo con ETA tiene la respuesta del Gobierno en la exclusión de los fondos de interés social. El ministro de Asuntos Sociales,
Jesús Caldera, se justifica diciendo que ese dinero es para ayudar a las ONGs y que la AVT ya recibe dinero por "otras vías". Nada de esto le impide a la vicepresidenta primera del Gobierno, Fernández de la Vega, declarar que la AVT tiene un trato "privilegiado".
El 25 de septiembre, la banda hace estallar un
coche bomba en un polígono industrial de Ávila, que resulta sin víctimas. El PSOE, por boca de Alfredo Pérez Rubalcaba, reaccionó al acto terrorista, que hace el número 23 en lo que va de año, pidiendo la "confianza a los españoles porque el fin de ETA se va a producir". El cuidado con que el Gobierno trata los actos terroristas de la banda se puso de nuevo de manifiesto dos días más tarde, cuando la ETA puso una
bomba en Zaragoza horas antes de la visita a la ciudad de Rodríguez Zapatero, que al llegar
elude hacer mención del atentado. La bomba coincidió con un
comunicado de ETA en el diario Gara en el que celebraba que "la actual situación política" abría "nuevas oportunidades" para lograr sus objetivos. Y renueva sus amenazas, diciendo "deberemos seguir empujando". No obstante, la actualidad de esa semana no estaba marcada por los mensajes de ETA al Gobierno, sino por el Estatuto Catalán.
Eduardo Zaplana recalcó entonces que ETA "quiere estar muy presente" y quiere "mandar recados o avisos" justo en este momento.
El 20 de octubre, el interlocutor oficioso de Batasuna-ETA,
Rafael Díez Usabiaga, hizo público el estado de las negociaciones de la banda terrorista con el Gobierno. Recordemos que Usabiaga había sido liberado por la Audiencia Nacional el día Dice Usabiaga ocho días antes, cuando tres diarios de Madrid revelaron varias informaciones sobre la negociación, uno de ellos El País, que apuntaba al líder de LAB como "una voz autorizada". El mismo día, el Lehendakari
Juan José Ibarretxe liga el destino de su plan con el Estatuto catalán, que se discute en esos momentos en el Parlamento, con el plan secesionista que lleva su nombre. Y amenaza: "podrá haber un Estado español si así lo quieren las naciones que forman parte de él".
La dura actitud del Gobierno en contra de las víctimas del terrorismo contrasta con el miramiento con que permiten una manifestación
a favor de los terroristas de ETA en Madrid, que tuvo lugar el 19 de noviembre. Una autodenominada "Coordinadora Antifascista" reunió a 2.000 personas, que bajo el lema de "reivindicar el antifranquismo" homenajeó a cinco miembros de la banda asesina, a quienes llamó "luchadores por la libertad". La
Delegación del Gobierno había declarado que no prohibía el acto, pese a las insistentes quejas de la
AVT, porque no consistía en un homenaje a etarras, sino a los últimos fusilados en España.
El Gobierno ha tomado una posición respecto de ETA y de sus víctimas cuyas últimas implicaciones probablemente se conocerán a lo largo del año siguiente, cuando se podría anunciar la tregua de la banda terrorista, a la que seguiría la convocatoria de nuevas elecciones.
