Si en algún aspecto de su política ha mostrado el Gobierno de Rodríguez Zapatero diligencia y decisión, ha sido en su persecución de los medios de comunicación independientes. Es el caso de la Cadena COPE. El pistoletazo de salida lo dio el ministro de Industria, José Montilla, el 27 de octubre, que acusaba a la cadena de lanzar "mensajes que incitan al odio, la división y la confrontación y que sólo hacen sembrar cizaña e ir contra los valores que en teoría defienden los titulares de esa cadena". A ello añadió que "eso sí me parece que no es de recibo, eso no pasa en ningún país de Europa" y que "algunos entusiastas líderes de opinión" están "levantando banderas y cavando trincheras". Al día siguiente un anónimo dio un falso
aviso de bomba mientras se emitía el programa La Mañana de Federico Jiménez Losantos.
Los insultos contra la cadena y sus profesionales eran solo una rama de una campaña perfectamente coordinada. Aporta la creación de un clima de enfrentamiento que sirve de cobertura para la rama administrativa, que terminará, si tienen éxito el Gobierno y la Generalidad, con el cierre de la emisora en Cataluña. Este otro apartado se puso en marcha dos días después de las primeras descalificaciones de Montilla, el día 29, cuando el
Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) anunció que estaba creado un dossier con el que podría acusar a la COPE de atentar contra el artículo 20 de la Constitución, el que reconoce el derecho a la libertad de expresión. La noticia fue dada por el presidente del CAC Josep Maria Carbonell, que de este modo tranquilizaba al diputado socialista Joan Ferran, que animaba a Carbonell a actuar contra los "predicadores políticos" y "halcones" de la COPE. Ferran contaba con el apoyo de ERC e ICV-EA.
Aún quedaba una tercera rama, la de ciertos medios de comunicación, que se suman con denuedo a la campaña contra la cadena.
El Periódico de Cataluña, dirigido por Antonio Franco, pide para "la Iglesia católica que está detrás de la COPE, un desprecio activo" y asegura que “los obispos catalanes no son nada optimistas” sobre “la posibilidad de que la COPE, emisora radiofónica propiedad de la Conferencia Episcopal Española (CEE), rectifique y abandone la campaña de mentiras y descalificaciones ofensivas hacia los dirigentes políticos, económicos y sociales de Catalunya puesta en marcha con motivo de la reforma del Estatuto". De Federico Jiménez Losantos dice que es "mordaz y demagógico en sus escritos y proclamas de radio, su gran obsesión es delinear moral e ideológicamente una alternativa al poder desde su particular liberalismo ultra. Hoy, sus dianas son el presidente Zapatero, la Catalunya donde vivió y la izquierda donde militó", por lo que le acusa de actuar con "La mala fe del converso", que “se dedica sólo al periodismo incendiario". La Iglesia, dice El Periódico, "merece un desprecio activo". Por si faltan ideas sobre lo que deba ser ese “desprecio activo”, se refiere a los anunciantes en la cadena, a los que llama "cornudos y apaleados. Así deben sentirse bastantes anunciantes de la COPE criticados a menudo en la emisora".
Prisa no está al margen. Como repetir el antenicidio es más complicado con la Cadena COPE, ha optado por sumarse al engranaje de la campaña contra la emisora privada, que a un ritmo muy llamativo está ganándole oyentes a la SER, en la medida en que se lo permite sus respectivas redes de emisoras. El diario
El País dice en un editorial: "traspasar el amplísimo territorio de la opinión para adentrarse resueltamente en los pantanos de la desestabilización de las instituciones democráticas constituye otra peculiaridad española que no tiene parangón en el resto de Europa, y en cuya práctica destaca, de forma paradigmática, la emisión radiofónica de los obispos". Apuntala la acusación de Montilla de que la cadena llama al odio con las palabras: “hemos visto en demasiados lugares el papel decisivo de los medios y de la radio en particular en la construcción del odio. Cuidado con los aprendices de brujo. La derecha está bordeando la línea roja que marca el paso de la convivencia a la confrontación y algunos medios la han pasado hace ya muchos días”. Tiempo después, Iñaki Gabilondo (que había presumido de poder "dictar clases de cómo se fabrica un país"), dirá que "no puedo concebir que sean las emisoras de la Iglesia las que siembren la discordia y la tensión en España".
Todavía quedaría un aspecto de la campaña que no se parece a nada que haya pasado en la democracia española. El diputado del Convergencia i Unió, Josep Antoni Durán i Lleida, lanza un ataque verbal contra la cadena desde la tribuna del Congreso de los Diputados, diciendo que "La Iglesia no puede permitirse ni un día más que desde algunos de sus medios de comunicación y alguno de sus profesionales se siembre a diario el insulto, el odio y la confrontación". Dirigiéndose a la Iglesia añadió: "es momento de decir basta ya", y por si alguien dudaba del sentido de sus palabras, precisó que “Jesús distingue entre el buen pastor y el mercenario. Obligación de la Iglesia es deshacerse de mercenarios y nutrirse con buenos pastores”. Más tarde Durán i Lleida presumiría de que sus mensajes contra el medio de comunicación hacían más daño que los de José Montilla. Y eso a pesar de los reiterados insultos del ministro hacia la cadena. El día 14 de noviembre, por ejemplo, dijo que "Son los señores Rouco y Cañizares quienes tendrían que explicar a todos los católicos y todos los ciudadanos por qué la COPE miente, por qué la COPE insulta, por qué la COPE incita al odio y por qué la COPE manipula. Y sobre todo, por qué lo hace con absoluta impunidad y atacando a todo el mundo. Hasta el propio Jefe de Estado ha estado insultado (sic) con impunidad y la Conferencia Episcopal ha amparado estos ataques".
Esta actitud de José Montilla, del Gobierno y del tripartito catalán no se podría entender si no se tiene en cuenta dos hechos. La Cadena COPE ha tomado una posición muy crítica con la propuesta de nuevo Estatuto para Cataluña, por lo que supone de cobertura para realizar ataques sistemáticos a las libertades de los catalanes y de ruptura de España. La otra clave de la campaña es el caso Montilla. El ministro era un alto dirigente del PSC cuando La Caixa decidió condonar la mitad de un crédito a dicho partido, lo que suponía renunciar al cobro de más de 1.000 millones de pesetas, mientras el resto se podrá pagar al 3 por ciento a quince años. Más tarde, ya de ministro, José Montilla tendría la ocasión de favorecer a la generosa caja de ahorros favoreciendo la OPA hostil que Gas Natural (cuyo principal accionista es La Caixa) sobre Endesa. La COPE ha estado denunciando este asunto junto con El Mundo, que también ha recibido las invectivas de Montilla.
Todo esto supone una estrategia liberticida, según ha denunciado el editor de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos. Una estrategia que pasa por "liquidar a la COPE, sea asesinando a los comunicadores, sea liquidándoles civilmente, sea chantajeando a la empresa hasta que cierre". Pero el CAC quiso adelantarse en su ámbito de competencia, y lo hizo terminando el dossier contra la cadena. Se centra en los programas La Mañana de Federico Jiménez Losantos y La Linterna de César Vidal, a quienes llama "anticatalanes". La eventual decisión de cerrar las emisoras de la cadena en Cataluña no depende del CAC, sino de la Generalidad. Dicha institución ha dejado claras sus intenciones, e incluso envió una delegación al Vaticano para presentar una queja formal por los contenidos anticatalanes y contra los valores católicos que difunde la cadena COPE, en especial desde el programa "La mañana", que dirige y presenta Federico Jiménez Losantos.
Dentro de la misma estrategia, el parlamento catalán aprobó una ley audiovisual que prevé "una multa desde 90.001 hasta 300.000 euros y la suspensión de la actividad por un plazo máximo de tres meses", en caso de infracciones muy graves. Dentro de éstas se encuentran "incumplir los deberes impuestos por la ley en relación con la protección de la infancia y la juventud", la difusión de "publicidad subliminar" o bien el "incumplimiento de los principios básicos de la regulación de los contenidos audiovisuales". El texto exige que "la información difundida por los medios de comunicación audiovisual ha de ser veraz" y determina que "todos los operadores privados que presten servicios de comunicación audiovisual tienen el deber de transparencia en relación con todos los aspectos de su actividad que son relevantes para la libertad de comunicación y el pluralismo". La veracidad de las informaciones quedará determinada, en última instancia, por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Un ministerio de la verdad, en línea con lo imaginado por George Orwell en 1984.
Aún quedaba un aspecto de la campaña contra el medio de comunicación que no se había ensayado, y es el recurso a la movilización de las bases. Varios encapuchados de Esquerra Republicana de Cataluña, acompañados por los diputados del mismo partido Joan Puig y Joan Tardá, se encadenaron frente a la sede del medio de comunicación, acusándole de ser "la cadena del odio". Todo ello mientras el periodista Jiménez Losantos emitía el programa La Mañana. Luego los encapuchados se dirigieron al Parlamento, escoltados por los dos representantes.
En defensa de COPE
Pero no todo han sido ataques sistemáticos y adhesiones a la campaña en contra de la cadena de emisoras. Dentro de la Conferencia Episcopal se han alzado varias voces en defensa de los profesionales de COPE.
Monseñor Cañizares dijo tras las insidiosas palabras de Dirán i Lleida: "creo que una sociedad cae si no hay libertad y uno de los riesgos que tenemos en este momento es la falta de libertad, falta de libertad de expresión, religiosa, de enseñanza, de libertades verdaderas. Es necesario tenerlo muy presente y reconducir esto".
Carlos Amigo, obispo de Sevilla, declaró "estar pendiente de una caza de brujas en los medios de comunicación y particularmente en la COPE". A ello añadió desde las ondas de la cadena "Yo aplaudo a la COPE, escucho la COPE y desde luego creo que está haciendo un enrome servicio a la democracia y a la verdad".
La propia cadena emitió un comunicado el 31 de octubre en el que mostraba "un respaldo total a sus comunicadores y profesionales, así como a nuestros anunciantes, que están siendo objeto de acoso, insultos y descalificaciones, por el simple hecho de realizar su trabajo en libertad". Advirtió de que "esta campaña se va a intensificar", como de hecho así fue. Se sumaron a su defensa organizaciones como la CONCAPA, Hazte Oír, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión o empresarios de medios de comunicación como Julio Ariza o Pedro J. Ramírez. También salieron en defensa de la libertad de expresión de la cadena Esperanza Aguirre o Jaime Mayor Oreja, entre otros políticos del Partido Popular.
En plena campaña contra la emisora, el
Tribunal Supremo dio la razón a la Cadena COPE en contra de la Generalidad de Cataluña, en relación con la decisión de ésta de cerrar tres emisoras de la cadena en mayo de 1998. La sentencia reconocía con claridad el derecho de la cadena a la renovación de las licencias a la que se negó el entonces presidente de la Generalidad, Jordi Pujol.
Pero quizás el mayor respaldo recibido por la cadena haya venido de un grupo de profesionales de los medios de comunicación que ha sido refrendado por más de medio millón de firmas. Luis Herrero, periodista y eurodiputado, presentó ante el Parlamento Europeo un
escrito en el que hacía una relación de los últimos ataques a la emisora y terminaba alertando de que "la decisión de cercenar la libertad de expresión de la COPE se antoja inminente. Ante este hecho, las instituciones europeas no pueden permanecer inactivas". Por ese motivo "los firmantes de esta petición" concluía "solicitamos que el Parlamento Europeo investigue con carácter de urgencia los hechos denunciados, certifique su veracidad y obre después en consecuencia". Los firmantes del manifiesto son
Pedro J. Ramírez, director del diario “El Mundo”
Antonio Mingote, miembro de la Real Academia de la Lengua
Alfonso Ussía, escritor y periodista
Javier Rubio, director de “Libertad Digital”
Tomás Cuesta, miembro fundador del diario “La Razón”
Melchor Miralles, director general de “El Mundo TV”
Amando de Miguel, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense
Cayetana Álvarez de Toledo, Doctora en Historia por la Universidad de Oxford
Luís Herrero-Tejedor, MEP y periodista
El texto ha recibido la adhesión de más medio millón de europeos, que han sumado su firma a la defensa de la libertad de la cadena. El Parlamento Europeo
admitió a trámite el Manifiesto COPE. Jamás la institución de Luxemburgo había recibido una queja con un respaldo social tan amplio.
