Los ocho años del Gobierno de José María Aznar han coincidido con una época de vivo dinamismo de la economía española. No fue mera coincidencia, sino la apuesta, aunque parcial, por un modelo sobrio en el gasto, de reforma fiscal y de cierta desregulación de la economía. El Ejecutivo actual apenas ha tomado iniciativas en el campo económico, a excepción del pago de las deudas políticas, como haberse puesto al servicio de La Caixa vía Gas Natural, favoreciendo su OPA sobre Endesa y cambiando la regulación de las
tarifas de gas. El programa electoral del PSOE prometía la implantación de un tipo marginal único, una concepción moderna de la fiscalidad que está siendo adoptada en gran número de países con un enorme éxito. Pero esta promesa ha quedado incumplida y se limitará a reducir el número de tramos de cinco a cuatro.
Por lo que se refiere al gasto público, el Gobierno socialista ha vuelto a la senda del
expansionismo y de la apuesta por el
gasto público, que crecerá nada menos que el 7,6 por ciento, en una vuelta al festín de dispendios del ministro Solchaga. El gasto público engrasa los acuerdos políticos y las concesiones a los grupos especiales, pero detrae recursos de la sociedad, que los hubiera empleado de forma más productiva y más acorde con las preferencias de los ciudadanos. El aumento del gasto público, tiene que pagarse de un modo u otro. Y se hará con un notable aumento de los impuestos indirectos sobre hidrocarburos, alcohol y el tabaco. Economía, en su voracidad recaudadora, crea un nuevo impuesto sobre la electricidad y otras imposiciones diferentes de carácter medioambiental. El resultado es un aumento de la fiscalidad que hará crecer los ingresos al 9,2 por ciento. Una política de contención del gasto, como la que ha seguido España desde 1994, habría producido un superávit fiscal por encima del uno por ciento. Pero la apuesta por el gasto llevará, según la previsión oficial, a un déficit del 0,4 por ciento.
La previsión de crecimiento para 2006 se cifra en el 3,3 por ciento. Esta previsión podría o no cumplirse, pero lo cierto es que se basa en algunos supuestos que no se pueden considerar precisamente realistas. Por ejemplo, supone un precio medio del barril en los 55 dólares, lo que queda por debajo de lo que prevé el mercado. También prevé que se corregirá espontáneamente nuestro déficit exterior, lo que no resulta razonable. No hay motivo para pensar que crezcan nuestras exportaciones. También prevé un crecimiento de la productividad para el ejercicio 2006 del 0,7 por ciento que tampoco parece razonable, dado que sigue creándose empleo a un ritmo muy vivo. Y las medidas de fomento de inversión en I+D+i para las empresas (261 millones de euros) son sencillamente ridículas.
El Partido Socialista no cuenta con la mayoría en el Congreso, necesita de la asistencia de otros votos para aprobar la ley económica más importante de cada año. Para obtener los votos suficientes, el Gobierno ha encontrado los de
Izquierda Unida y ERC, no precisamente los grupos con una visión más clara de cómo funciona una economía. El ministro de Economía,
Pedro Solbes, ha justificado la decisión de no bajar los impuestos (e incluso de aumentar o crear otros) porque tal rebaja podría tener efectos "indeseables". Y ha definido la política económica marcada por los presupuestos como "esencialmente neutral y compatible" con el libre juego de los estabilizadores automáticos. El secretario de Economía y Empleo del Partido Popular, por otro lado, mostró una visión completamente distinta. Dice
Miguel Arias Cañete que los consumidores serán los "grandes perjudicados" del "gasto expansivo" previsto. También consideró que el aumento en seis décimas del IPC en septiembre, mes en que se aprobó el texto, no era sino un aviso de que las previsiones en que se fundaba eran sencillamente "increíbles".
