El año 2005 pasará a la historia social de España como el año en que el centro derecha salió a la calle. La izquierda, tradicionalmente, ha salido a manifestarse a la calle con mayor asiduidad. Esto ha sido así tanto en los gobiernos de centro derecha (UCD y Partido Popular) como en los de Felipe González. Pero la situación creada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha cambiado esa tendencia. Muchos españoles que se oponen a las políticas de corte radical del Gobierno actual, de todas las ideologías pero con un mayor peso del conservadurismo, se han acostumbrado a salir a la calle a protestar por lo que les parece justo o injusto.

 

Justo, como el apoyo a las víctimas del terrorismo en un momento en que se hablaba del diálogo del Gobierno con los asesinos de ETA. Sus víctimas se sentían despreciadas, y así lo quisieron hacer saber manifestándose en la calle el 22 de enero. El lema de la manifestación fue "Memoria, dignidad y justicia con las víctimas", pero las palabras más repetidas por los manifestantes fueron "¿Dónde está Zapatero?" y "No a la negociación con ETA". Pese a que la concentración de las víctimas y de quienes les acompañaron para apoyarlas se desarrolló pacíficamente y con total normalidad, todo el sentido de la manifestación quedó desvirtuado por algo que no ocurrió: la agresión al ministro de Defensa José Bono. Él se fue de diciendo que había recibido una agresión física, algo que más tarde se ha sabido que era falso.

 

Pero el Gobierno y el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces Barba, aprovecharon los supuestos hechos para utilizarlos contra las víctimas del terrorismo, y contra el Partido Popular. Peces Barba no fue a la manifestación alegando que, "como alto funcionario del Estado", no podía secundarla. Pero sí consideró que su magistratura le permitía decir de ella que es "no unitaria". Aunque reconoció su "buena fe", declaró que se desarrolló que se desarrolló "en un clima de odio y de aplicación de la perversa dialéctica amigo-enemigo".

 

La AVT lamentó que el sentido de la concentración se hubieran manipulado y que se destacaran unos "incidentes asilados" mientras por otro lado el Gobierno no toma nota del éxito de participación. Juan Alberto Belloch, una semana después de la manifestación, arremete contra la AVT diciendo que el acto convocado por ellos terminó convirtiéndose en un genuino acto fascista de exaltación de la violencia”, por lo que sus dirigentes, "si conservaran un mínimo de vergüenza, deberían haber dimitido de sus cargos ante su incompetencia para evitar ese desastre cívico" ya que ellos tienen "cierto grado de cooperación o complicidad con lo ocurrido". Aprovechó para llamar "fascistas" a los oyentes de la cadena COPE.

 

Ante la falta de respuesta por el Gobierno, la AVT volvió a convocar a los españoles en defensa de las víctimas y contra la política de Rodríguez Zapatero de negociar con ETA. El cuatro de junio, las calles de Madrid se llenaron de manifetantes contra la negociación del Gobierno con ETA. Los organizadores, la Asociación Víctimas del Terrorismo, cifra los manifestantes en cerca de un millón de personas, mientras que la delegación del Gobierno la rebajó en 240.000. Los lemas de la manifestación, "por ellos, por todos. Negociación en mi nombre NO", "Libertad por dignidad" y "Comprometidos con las víctimas", expresaban elocuentemente el sentir de quienes se congregaron.

 

Los manifestantes exigieron la dimisión de Gregorio Peces-Barba como Alto Comisario del Gobierno frente a las Víctimas. Los dirigentes populares José María Aznar y Esperanza Aguirre fueron recibidos con los gritos "valiente, valiente", mientras que se repetía el lema "Zapatero embustero". Los dos manifiestos que se leyeron iban en la misma dirección: No a la negociación con la banda asesina ETA. En la primera, la periodista Isabel San Sebastián expresó que "víctimas de ETA somos todos, aunque algunos no lo sepan o no lo quieran saber", mientras que el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz, declaró que "el negociar con los terroristas será dejar sin sentido la muerte de nuestros familiares, el sufrimiento de nuestros heridos y el sacrificio de las personas amenazas y chantajeadas". Dos semanas más tarde el presidente recibiría a Alcaraz en la Moncloa, quien tras su entrevista declaró que "El presidente no ha querido negar que se vaya a dar contraprestación a los terroristas".

 

En defensa de la familia

 

Los españoles se habían manifestado en defensa de las víctimas de ETA en muchas ocasiones, por lo que las dos primeras concentraciones ciudadanas contra la política del Gobierno, si bien importantes por el número de asistentes, no tendrían el especial significado de la que convocó el Foro de la Familia el 18 de junio, solo dos semanas después de la que concentrara a centenares de miles de personas contra la negociación con la banda terrorista. Se trataba de una manifestación en defensa de la familia, que los convocantes creían amenazada por la aprobación de la ley de matrimonio homosexual, que había sido uno de los principales ejes del programa del PSOE y de su política de comunicación desde que alcanzó el poder.

 

La ley de matrimonios homosexuales iba a igualar jurídicamente estas parejas y la familia tradicional. Quienes llamaron a los españoles a oponerse a ella entendían que la ley desnaturalizaba la institución, y le ponía por tanto en peligro. En cualquier caso supuso una auténtica operación de propaganda del Gobierno, que le permitió disfrazar la defensa de la familia tradicional de ataque a los homosexuales. Se ha convertido en toda una marca del Ejecutivo, que le ha servido para desviar la atención del debate público hacia esta cuestión, que tiene, en realidad, una escasísima relevancia práctica, ya que se han celebrado poco más de medio millar de bodas homosexuales.

 

Pero el domingo, 18 de junio todavía no había aprobado el Congreso la ley y decenas de organizaciones españolas y extranjeras llamaron a la participación democrática de los españoles en Madrid, con la esperanza cifrada en concentrar a medio millón de personas. Sus propios datos acabaron triplicando las expectativas, aunque la Delegación del Gobierno cifrara la asistencia en 166.000 personas. La Comunidad de Madrid estimó que el número de personas procedentes de toda España en defensa de la familia rondaba los 700.000. Se vivió un ambiente festivo y con total normalidad. La pancarta que encabezaba la manifestación rezaba el lema "la familia sí importa", y la portaban las numerosas organizaciones convocantes. La segunda pancarta, en la que se leía "Por el derecho a un padre y a una madre", precedía a una delegación de representantes del Partido Popular, entre los que se encontraban el secretario general del PP, Ángel Acebes, el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, los ex ministros Federico Trillo, Ana Pastor y Miguel Arias Cañete, entre otras personalidades sociales. También hizo el recorrido una tercera pancarta con el sencillo lema "por la libertad". La llegada a las seis de la tarde del obispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, fue acompañada por una gran ovación.

 

La ausencia de incidentes fue casi un hecho inesperado. Y no por los centenares de miles de manifestantes, sino por quienes se opusieron a la concentración ciudadana. La Plataforma Popular Gay amenazó con revelar la intimidad de varios dirigentes populares si el Partido Popular no daba la libertad de voto de los diputados populares. El colectivo Gay intentó convertir un concierto de Carlinhos Brown que se celebraba en la Castellana en una contramanifestación. Esto fue negado en su momento por Beatriz Gimeno, presidenta de La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, quien indicó que ellos han convocado es la del día 2 de julio. "Hemos decidido presentar el manifiesto en el Monumento a la Constitución porque es un lugar simbólico", dijo. El Partido Popular se quejaría más tarde de la manipulación que hizo Televisión Española del 18-J. Un portavoz de TVE quiso comentar que la cobertura de la marcha por parte de la cadena pública se limitó a un avance informativo de cinco minutos emitido en torno a las 18,25 horas que incluyó una referencia a la manifestación entre otras noticias. Telemadrid sí decidió transmitir la manifestación, con una punta de audiencia a las 18,15 horas, con un 29,9 por ciento de share y 363.000 espectadores, lo que demostraba el interés que despertaba.

 

Cultura y agua

 

Había pasado medio año, y en los menos de seis meses que quedaban para su término aún se producirían más manifestaciones multitudinarias en contra de la política del Gobierno, no todas en Madrid. La referencia desde medios cercanos al Gobierno a la "memoria histórica", parcial y llamada al enfrentamiento, parecía tener su plasmación material en la ruptura de la unidad del Archivo General de la Guerra Civil (AGC), que se encuentra en Salamanca. La Generalidad reclamaba la "devolución" de ciertos documentos que se guardaban en el AGC, lo que resultaba en gran medida chocante, ya que la mayoría de esos documentos no pertenecían originalmente a la Generalidad, sino a ciudadanos y organizaciones privados. Las exigencias del tripartito fueron examinadas por una Comisión de Expertos, que valoraron el caso y emitieron un dictamen no vinculante que las consideraba "justas y legítimas" siempre que se identifiquen como pertenecientes a la Generalidad. Los 18 expertos fueron nombrados por la ministra de Cultura, Carmen Calvo. Una lista que no fue consensuada con la Junta de Castilla-León ni con el Ayuntamiento de Salamanca, que la rechazaron.

 

El 14 de julio, cientos de miles de personas se concentraron en Murcia bajo el lema "en defensa del trasvase Tajo-Segura. Necesitamos agua". Durante el acto se leyó un manifiesto que proclamaba, entre otras cosas: "rechazamos la decisión de trasvase adoptada por el Consejo de Ministros por su falta de sensibilidad ante las necesidades reales de nuestras zonas regables. Pedimos en consecuencia la urgente realización de un nuevo trasvase que garantice la supervivencia de nuestros cultivos". Los socialistas de la región, que apoyaban a los regantes murcianos, decidieron finalmente no acudir a la manifestación porque pensaban que estaba "manipulada por el PP". Los manifestantes exigieron la dimisión de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

 

Por la libertad en la educación

 

La última gran manifestación frente a la política del Gobierno reclamaba la rectificación de la Ley de Ordenación de la Educación, LOE. La Comunidad de Madrid cifró en un millón y medio de personas el número de españoles que acudió a la cita contra la reforma educativa socialista, en Madrid, que los propios organizadores estimaron en dos millones. Un evento de enormes proporciones, que no obstante solo fue retransmitido en su totalidad por la cadena COPE y parcialmente por Telemadrid. El lema de la cabecera rezaba: "por una educación en libertad, LOE no". Las consignas repetían "cero para Zapatero", "no a la imposición doctrinal del Gobierno, la educación para la ciudadanía se estudia en casa" o "Zapatero dimisión", entre otros. La principal crítica de las asociaciones convocantes era que la consideraban un ataque a la libertad de enseñanza. Desde el Gobierno y los medios afines se intentó desvirtuar el mensaje, centrando el debate sobre la asignatura de religión.