El año 2005 será recordado en la historia de la Unión Europea con un gran fracaso, el de la Constitución de la Unión Europea (CUE). El texto pretendía ser una norma fundamental para la UE asimilable a cualquier Constitución de una nación europea o de otro país democrático. Valéry Giscard D'Estaing, viejo enemigo de España, fue el encargado de coordinar la redacción del texto que se sometería a examen en cada uno de los países.

 

Su nombre completo era Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, y por su extensión y asuntos tratados no parecía una verdadera constitución. Constaba de 448 artículos y la versión en español casi alcanza las 350 páginas. Si a ello añadimos que antes de las navidades de 2004 el Gobierno dio muy escasa información sobre el texto, no es de extrañar que los españoles mostraran poco interés por lo que no conocían. Dos meses después del referéndum, el 84 por ciento de los españoles desconocía la CUE. Todos los países tenían que pronunciarse sobre la aceptación inicial del texto. José Luis Rodríguez Zapatero decidió que España fuera el primero de todos ellos en convocar un referéndum para el 20 de febrero, claramente muy poco tiempo para explicar un texto tan largo y tan complejo.

 

Aunque no lo veía exactamente así el Gobierno, como muestran las palabras del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el día de la presentación de la campaña socialista por el sí: no creía necesario leérsela (lo que por otro lado exigía un notable esfuerzo) "para saber que es buena, útil, que es mejor que otras alternativas que se han probado inútiles o fracasadas, o mejor que no tener ninguna". Eran de la misma opinión Manuel Marín y Alberto Belloch. Aguilar seguía de ese modo a la línea argumental de Los del Río, que habían sido contratados por el Gobierno para promover el voto al sí: "Nosotros qué vamos a decir que no, si no la hemos leído". Dado que los políticos más importantes, decían, pedían el sí, "sin saber nada tendremos que ponernos... y ellos saben más de estas cosas que nosotros, digo yo, claro, y habrá que ponerse de acuerdo con la mayoría y con los que sepan más, con los que hayan leído".

 

Pese a que la campaña tenía que ser neutral y "meramente divulgativa", como la llamó el Gobierno, sus contenidos eran claramente favorables a su aprobación. No es el único ejemplo de mediatización de la campaña. El reparto de dinero para su anuncio iba a reflejar una vez más la arbitrariedad y favoritismo del Ejecutivo, que concedió 72.000 euros de la campaña a la Asociación de Periodistas Europeos, cuyo secretario general es Miguel Ángel Aguilar, igual cantidad que a la recién creada cadena Punto Radio, liderada por Luis del Olmo. A la cadena COPE, segunda en audiencia de España, la cantidad concedida por el Gobierno fue de 50.000. En cualquier caso, el referéndum no era vinculante, y si los españoles hubieran votado mayoritariamente en contra, el Ejecutivo no tenía porqué adoptar esta posición, pese a que Rodríguez Zapatero declaró que, en términos políticos, sí lo era. El Partido Popular apoyaba también el sí al texto, lo que no impidió que la campaña socialista se basara en decir que, en el fondo, los populares eran contrarios a ella.

 

Finalmente se abstuvo el 57,61 por ciento de los españoles en el referéndum, lo que no le impidió a José Luis Rodríguez Zapatero celebrarlo como un "éxito". El "sí" obtuvo el 76,5 por ciento de los votos, mientras que el "no" logró un 17 por ciento de ellos. Por otro lado, Francia votó "no" a la Constitución Europea. A diferencia de España, el referéndum francés fue ampliamente seguido, como prueba que votara el 70,5 por ciento de nuestros vecinos. El 55 por ciento de ellos rechazaba el texto propuesto por la UE, que de este modo quedaba herido de muerte. Mariano Rajoy consideró entonces que el "no" de Francia demostraba "el gravísimo error" del cambio en la política exterior de España basado en "el seguidismo del Eje Perdedor" que defiende Zapatero.

 

Nos queda Niza

 

La CUE que se sometía a votación implicaba recortes en los poderes que había obtenido España en el Tratado de Niza. Los debates entre los "grades" y los "pequeños" Estados de la UE por el reparto de poder fue feroz. España y Polonia, con un tamaño medio, lograron obtener un acuerdo, el de Niza, que no era malo para sus intereses. Cedían poder en el Parlamento Europeo ( España pasó de tener 64 eurodiputados a una previsión de 54 en las próximas elecciones), pero consiguieron instalarse muy cerca de los "grandes" de Europa. Así, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia no serían los únicos países con capacidad para bloquear decisiones, una vez que consiguieran crear un grupo de pequeños Estados a su alrededor. La CUE rompía el acuerdo anterior y proponía un reparto que era netamente peor que el de Niza. Y, contrariamente a los mensajes enviados con insistencia desde el Gobierno, la no aprobación de la Constitución no llevaba a un "vacío legal", sino al Tratado de Niza.