ZP Y LA JUSTICIA

Una vez más las noticias de tribunales han acaparado numerosas portadas y protagonizado muchos de los titulares más importantes que este año 2010 ha dejado. Si en el año 2006, el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero prometió a los nacionalistas catalanes un nuevo Estatuto autonómico, más acorde con sus pretensiones, no sería hasta el pasado mes de junio cuando el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la norma estatutaria catalana que ya se estaba aplicando para responder al recurso interpuesto por el PP.

La sentencia del TC avaló la mayor parte del Estatuto catalán y sólo declaró un artículo inconstitucional en su totalidad de los 114 preceptos que fueron recurridos por los populares. Este fallo –que contó con durísimos votos particulares- desatascó la renovación del intérprete máximo de la Carta Magna y permitió que 2010 finalizara con un pacto por parte del PSOE y el PP para que los magistrados que ya habían cumplido con creces su mandato dejaran paso a sus relevos. Además, tras la sentencia del Estatuto, el Alto Tribunal fue resolviendo en el mismo sentido los recursos que tanto las comunidades autónomas como el Defensor del Pueblo interpusieron contra la norma catalana.

El fallo del Estatut

Otro de los momentos que ha marcado este año judicial que ahora finaliza fue la salida del juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional. Tras veintiún años al frente del juzgado de Instrucción Número 5, el 14 de mayo el Consejo General del Poder Judicial lo suspendió por unanimidad de sus funciones. El motivo: el Tribunal Supremo dijo previamente que tenía que sentarse en el banquillo de los acusados por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Garzón, que hasta entonces había sido intocable -a pesar de tener tres querellas admitidas a trámite ante la última instancia española-, trató de huir de la Audiencia antes de que le echaran. Esta vez la maniobra le salió mal y tuvo que abandonar su juzgado por la puerta de atrás.Eso sí, el órgano de gobierno de los jueces le concedió un permiso para irse como asesor al Tribunal Penal Internacional en La Haya. Será juzgado en 2011.

Gürtel, fuera de la Audiencia

Desde el punto de vista judicial, el año 2010 nos ha dejado el levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel en dos ocasiones. La primera de ellas el 5 de abril y la segunda el 5 de diciembre. De los más de 70.000 folios del grueso de la investigación se desprende la emisión de miles de facturas falsas por parte de la trama corrupta, la creación de empresas fantasmas, las conversaciones interceptadas entre los principales cabecillas de la trama y sus abogados en prisión y el nombre de algunos exdirigentes del PP implicados en la trama como Luis Bárcenas, Jesús Merino y el presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago. Una trama investigada por la Justicia en Madrid, en Valencia y, previsiblemente, en Castilla y León. En este sentido, el Tribunal Supremo ordenó el pasado mes de mayo reabrir la causa contra el presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, por el caso de los trajes.

El caso Faisán, paralizado

Menos novedades ha habido en torno a la investigación judicial del chivatazo policial a ETA conocido como caso Faisán. Antes de abandonar la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón trató de reactivar la investigación. En febrero de 2010 declaró en su juzgado el inspector jefe de la Policía que dirigió las primeras pesquisas sobre el soplo a ETA. Éste llegó a incriminar como principal acusado al que fuera director general del Cuerpo, Víctor García Hidalgo. Seis días antes irse de la AN, el juez estrella intentó cerrar el caso y tomó declaración al principal sospechoso. A partir de ahí, poco más se ha sabido de la investigación judicial llevada a cabo sobre el soplo a ETA. El juez sustituto de Garzón, Pablo Ruz, trató de reactivarla cursando nuevamente una comisión rogatoria a Francia para que le dieran los datos sobre el tráfico de llamadas que tuvo lugar en territorio galo en los momentos previos al chivatazo. El país vecino, que se hizo esperar, tardó diez meses en aportar los nuevos datos a la Justicia española.