Las consecuencias de una Opa politizada, como la que hemos analizado, nos ha llevado muy lejos. Quizá disparatadamente lejos. Pero hay una forma de suprimir las sospechas y temores de los españoles que nos amparamos en la Constitución y nos declaramos constitucionalistas, tanto dentro de Cataluña y del País Vasco, como en el resto de España; y es modificar los términos de la Opa y adquirir una serie de compromisos por parte de La Caixa, el gobierno tripartito catalán y el gobierno español.

1º) El precio inicial que se ofrece estaría en consonancia con las estimaciones de valor de la mayoría de los analistas de bancos de inversión, que se mueven en torno a los 21- 23 euros por acción.

2º) Todo el precio se pagaría en dinero. En otro caso, habría que analizar cuidadosamente el valor de Gas Natural. Según su actual asesor para la Opa, el UBS, a finales de enero de 2005, consideraba -si no me equivoco- que Gas Natural estaba sobrevalorada en un 19%; nada más y nada menos.

3º) Se respetarían, escrupulosamente, sin coacciones, las decisiones de todas las instancias legales competentes: Comisión Nacional de la Energía, Servicio de Defensa de la Competencia, Tribunal de Defensa de la Competencia y Servicios de Competencia de la Unión Europea.

4º) Si, cumplidos todos esos trámites, la Opa fuera admisible, comenzaría el proceso de defensa, o de aceptación de la misma, por parte de los administradores y accionistas de Endesa, momento en que la propia compañía, u otra, estaría legitimada para defenderse, planteando otras alternativas, que considerase mejores para los accionistas de Endesa.

5º) Los activos que, en caso de éxito de la actual Opa decidiera vender la nueva gerencia, se subastarían entre todos los interesados, e Iberdrola no debería concurrir, para evitar un exceso de concentración.

6º) En su caso, y alternativamente a las condiciones anteriores, el gobierno español liberalizaría inmediatamente todas las tarifas, renunciando, de esta forma, a su capacidad de presión sobre los que ahora gestionan, a los que pueden gestionar en un futuro y a los actuales accionistas de Endesa -en particular a los fondos de todo tipo, que pueden temer que un enfrentamiento con el actual gobierno determine importantes pérdidas, dada su capacidad de fijar tarifas arbitrariamente y de modificarlas en uno u otro sentido.

7º) Despolitización, en cualquier caso, de las cajas de ahorro, que perderían su dependencia de los partidos políticos en autonomías y ayuntamientos. Se iniciaría inmediatamente el proceso de venta de participaciones, sin dejar de estudiar su privatización.

Si se cumplen estas últimas condiciones, en particular la sexta, es irrelevante quien sea el accionista de referencia en Endesa. Incluso el precio de las acciones podría ser inferior al que he mencionado. Cualquier precio que aceptaran los accionistas de Endesa sería un precio de mercado. Pero sin coacciones, sin chantajes, sin servir de tapadera a acciones políticas de mayor envergadura.

España necesita un sector eléctrico fuerte, saneado, eficiente y capaz de invertir. España necesita un gobierno responsable, que tenga en cuenta esas obligaciones a la hora de regular el sector. España se merece transparencia por parte de todos, empresarios, políticos y financieros. Lo que España no puede ni debe soportar son operaciones como la Opa que comentamos, que está repleta de incertidumbres para el futuro de todos.