El economista y consejero de Libertad Digital estudia en todas sus dimensiones la delicada situación de la Eurozona en un profundo trabajo sobre las causas, la situación actual y las posibles salidas a la crisis más profunda que ha sufrido la UE desde su creación. Su análisis no se queda en un mero ejercicio teórico, sino que propone medidas a corto plazo, imprescindibles para detener la sangría que amenaza con llevarse por delante el proyecto europeo, junto a propuestas sobre cómo estructurar una sólida unión económica y monetaria. Además, este informe pone especial atención a la situación de España, en el ojo del huracán por su sistema financiero, su deuda externa y las finanzas de sus organismos públicos.
La economía de la Eurozona no puede permitirse que, por problemas de liquidez –que son por definición aunque se extiendan a un periodo de entre dos y tres años– y por percepciones políticas se concluya no sólo que el euro ha sido un error –que, por supuesto lo ha sido–, sino que ha sido un diseño maquiavélico de Alemania y los otros países centrales de la Eurozona para explotar a los países menos desarrollados y menos acostumbrados a políticas de autocontrol de gastos públicos y privados en ausencia de restricciones externas de financiación. El perjuicio económico que se derivaría de un rescate de España para todos los inversores, nacionales y extranjeros, es incalculable. El valor estadístico de las inversiones extranjeras en España por todos los conceptos –registrados en la Balanza de Endeudamiento que publica el Banco de España mensualmente– alcanza los 2,3 billones de euros, mayoritariamente procedentes de Europa. Es una cifra 10 veces superior al endeudamiento griego con el exterior. No menos importante son las inversiones de residentes en España en el exterior, 1,35 billones de euros, mayoritariamente en Latinoamérica. Sin olvidar que un porcentaje significativo de esos inversores residentes son empresas multinacionales de capital europeo.
La economía española es una parte relativamente importante de la primera potencia comercial del mundo (la Unión Europea tuvo un PIB de 14,7 billones de euros en 2011) y su tamaño, e imbricación con el resto del mundo, obligan a ser muy cuidadosos con las decisiones que se tomen. Lo mismo puede decirse de la economía italiana. Ni la una ni la otra son periféricas. Sí lo son desde un puro punto de vista económico Grecia, Portugal e Irlanda. Y Malta y Chipre, que también tienen problemas para financiarse.
Es muy posible que en el futuro alguno de los otros 11 países miembros de la Eurozona tengan problemas que afecten a la solvencia de sus sectores financieros o a sus cuentas públicas y que vuelvan a desestabilizar a toda la Eurozona. Si esos desequilibrios se producen en Francia, Holanda, Bélgica o Austria y no pueden resolverse con políticas de reformas que permitan una rápida recuperación de los equilibrios fundamentales, interiores y exteriores, el área euro estallará en mil pedazos. Pero hoy los desequilibrios afectan a España e Italia.
La ruptura de la Unión Monetaria, a estas alturas, con países claramente acreedores y otros igualmente endeudados, tendría unos resultados catastróficos para todos, empezando por los sistemas financieros. Por poner el ejemplo de Grecia y de su más que posible salida del euro, con una economía que apenas supone un 2% del PIB de la Eurozona; su salida, para sus acreedores internacionales, tendrá las siguientes consecuencias:
Esto significa que, incluso en estos momentos, la salida de Grecia del euro tendrá consecuencias para muchos inversores privados, así como para los Estados europeos, el BCE y el FMI. No entramos a considerar la situación y consecuencias para la economía griega. Basta con decir que suspenderá pagos todo su sistema financiero y, lógicamente, todas las empresas que dependan del crédito bancario.
Si quien tuviera que ser rescatada fuera España, incluso sin considerar ningún tipo de quita o suspensión de pagos, o de fracaso en la política de reformas, el efecto en las cuentas de los acreedores sería devastador. En la actualidad, cerca del 37% del total de la deuda pública española está en manos de extranjeros, es decir, alrededor de los 280.000 millones de euros. El total de la deuda exterior de la banca española alcanzaba los 775.000 millones de euros a finales de 2011. En total, por tanto, la deuda financiera con el exterior supera 1 billón de euros.
En caso de intervención, o rescate, no sería descabellado pensar que los ajustes en el valor de todo tipo de títulos españoles superarían el 20%. Es decir, al margen de la pérdida inmediata de 400.000 millones de depósitos, los poseedores de otro tipo de títulos tendrían dos opciones, venderlas en el mercado con ese descuento o mantenerlos y dotar provisiones por ese porcentaje, si sus normas de conducta les obligan a ello. Esto significa que el sólo hecho del rescate de España supondría pérdidas, o dotaciones, cercanas a los 120.000 millones de euros. En cuanto a los depósitos, si no se repusieran por el BCE, obligarían a la banca española a hacer un ajuste en su activo de esa misma cuantía, afectando a sus prestatarios españoles y extranjeros.
El resto de las inversiones en España, hasta sumar 2,3 billones, es decir, otros 1,2 billones de euros, también perderían valor, que se reflejaría en el activo de las empresas y fondos que los tuvieran en su balance. Estaríamos hablando, en el mejor de los casos, de ajustes de otros 240.000 millones de euros. Y sin tener en cuenta la mayor de las consecuencias, que la venta de títulos y valores en el mercado, por esos volúmenes, para obtener liquidez, derrumbaría todas las cotizaciones.
No creo que merezca la pena hacer más cálculos. Para la economía española sería trágico y para el resto del mundo, también.
La economía española puede recuperar en un plazo de 2 años, en el periodo 2012-2013, la solvencia de su sistema financiero, un cierto equilibrio de las cuentas públicas –con un déficit cercano al 3% del PIB a finales del próximo año- y el equilibrio en sus cuentas exteriores, reflejado en un pequeño superávit de la Balanza por cuenta corriente. Ese equilibrio implica una pérdida de renta per capita y un empeoramiento del nivel de vida significativo. Ese equilibrio obligará a aumentar la presión fiscal y a seguir ayudando, aunque con menores fondos, a cerca del 25% de la población activa. Ese equilibrio es, sin duda, el menor de los males posibles para nosotros, para nuestros socios monetarios económicos y comerciales europeos, y para el resto del mundo.
Para alcanzar ese objetivo en 2 años, la economía española necesita seguir haciendo reformas que completen las que ya hay en marcha. El Gobierno español no puede plantearse aplazar el objetivo de déficit público, pues cumpliendo con el 5,3% del PIB y un descenso del 1,7% en el PIB de 2012, la deuda pública superará el 82% del PIB en este año. Por su parte, los responsables europeos tienen que mantener la tensión sobre el Gobierno español, para que continúe con las reformas y para que cumpla el objetivo de déficit público, pero tienen que arriesgarse a suministrar toda la liquidez que necesite el sistema financiero español, que tendrá que ser, ante la ausencia de alternativas, el principal financiador del Sector Público en 2012.
No sería descabellado que el Banco Central Europeo tuviera que incrementar la financiación a la banca española hasta los 500.000 o 600.000 millones de euros en 2012. Pero si, efectivamente, el sistema financiero español termina su saneamiento y recapitalización a finales de 2012 o a principios de 2013 y el déficit público se reduce en, al menos, 3 puntos del PIB hasta el 5,5% del PIB, las tensiones de financiación del sistema financiero se reducirán y será posible disminuir sustancialmente la dependencia del BCE. Es, en cualquier caso, una apuesta más barata y más segura que forzar el rescate de España, como parecen querer una parte sustancial de los economistas progresistas, la mayoría de la izquierda española, del PSOE o de IU, y el FMI. Este último cree necesario utilizar el Fondo de Rescate Permanente Europeo y los 300.000 millones de euros de que dispone. Sin tener en cuenta que el nivel de inversiones exteriores en España y de España en el exterior es tan alto que la intervención provocaría una variación en el valor de los activos de todo tipo de inversores que produciría un auténtico caos financiero y monetario en todo el mundo.
La izquierda española se plantea el rescate como una ocasión para arrebatar el poder al gobierno del PP, y se siente legitimada por cuanto replica el comportamiento del actual partido gobernante cuando estaba en la oposición, sin tener en cuenta que, en el interim, la deuda pública española habrá pasado el 57% del PIB de 2010 a más del 82% del PIB con que terminaremos en 2012.
Si el Estado español necesitara ser rescatado y se aprobara un plan de reformas a tres años, el volumen de financiación preciso sería de 200.000 millones de euros anuales (60.000 millones de déficit y 140.000 millones de euros de vencimientos de deuda), es decir, un total de 600.000 millones de euros. Los bancos españoles, por su parte, no tendrían que financiar a las Administraciones Públicas y tendrían más tiempo para mejorar su solvencia; pero el endeudamiento privado español con el exterior, que se refleja, parcialmente, en el sector bancario, y que ascendía, en diciembre de 2011, a 775.000 millones de euros, de los que más de 300.000 millones son ya con el Banco Central Europeo, hace en la práctica inviable cualquier rescate. Si oficialmente se decidiera que España necesitaba ser rescatada, una parte considerable de esos 475.000 millones de financiación bancaria restante con residentes extranjeros desaparecería. Sería preciso que, junto al compromiso de los 600.000 millones del Fondo de Rescate, el Banco Central Europeo financiara a la banca española con una cifra cercana a los 775.000 millones de euros.
Lo arduo de esta operación sería tanto la cuantía del apoyo del BCE, cuanto decidir qué instrumentos se aceptarían como colateral, para suministrar esa liquidez adicional. Si el BCE tuviera que aceptar ese tratamiento excepcional a la banca española estaría incumpliendo sus Estatutos. Si, además de España, fuera necesario rescatar a Italia, que tiene una deuda pública que asciende al 120% de su PIB, que significa una cifra de 1,6 billones de euros, la cantidad total a refinanciar cada año alcanzaría los 350.000 millones de euros. Si se concedieran tres años para hacer las reformas, se necesitarían, en conjunto, 1,1 billones de euros. Entre España e Italia las necesidades podrían alcanzar alrededor de 1,7 billones de euros. Es una cifra que coincide con la petición de Christine Lagarde, gerente del FMI, de que el Fondo de Rescate Permanente Europeo alcance un billón de euros, en cuyo caso el FMI aportaría el otro billón necesario.
En la actualidad, se cuenta, como ya se ha expuesto, con una disponibilidad efectiva de 500.000 millones de euros del Fondo de Rescate Permanente y con 300.000 millones del FMI. Esta institución considera que son un cortafuegos para impedir que la inestabilidad financiera de España se traslade a la Unión Monetaria, a la Unión Europea y al resto del mundo. Pero, en sus planteamientos, parece creer que la utilización de esos fondos sería el auténtico cortafuegos para asegurar la estabilidad del euro y, lo que más le interesa, la estabilidad financiera de la economía mundial.
Las reticencias de Alemania a ampliar la liquidez del BCE, el tamaño del Fondo Permanente o la emisión de eurobonos, son perfectamente comprensibles. Sus continuas ganancias de competitividad, fruto de sus tradiciones, su capital empresarial, su política de colaboración entre empresarios y trabajadores, su prudencia monetaria y sus esfuerzos en formación, la sitúan, junto con algunos otros países, como Austria, Holanda, Finlandia y Luxemburgo, como el garante financiero último de toda la zona euro, en caso de problemas irresolubles en Irlanda, Portugal, Malta, España e Italia. Por otra parte, en unos años, si se mantienen las tendencias de ganancias de productividad en Alemania y de pérdida de competitividad en Francia, ni siquiera las cuentas públicas francesas ofrecerán garantías suficientes. Alemania tendría que apoyar a Francia y Francia tendría que hacer un plan de Reformas.
Es lógico que Alemania sopese si quiere poner un límite a su contribución, en avales y efectivo, a cualquier Fondo de Rescate Permanente europeo. La experiencia griega está siendo traumática para Alemania, que observa como una parte importante de la población helena cree que sus penurias se derivan de los excesos de rigor que impone la Eurozona. Pero no parece lógico poner límites, en 2012 y 2013, a la expansión del balance del BCE porque al menos España está haciendo las reformas, y lo más barato para todos es suministrar la liquidez que necesita nuestra economía, en una fase en la que, hasta que las reformas se completen, en España e Italia, se seguirá produciendo una renacionalización del crédito.
Hasta la fecha, hasta mayo de 2012, el Gobierno alemán ha podido convencer a su propio partido, el más reticente a la política de salvamento del euro, y a su Tribunal Constitucional de que las garantías, préstamos y avales que está concediendo para resolver la crisis europea respetan la Constitución germana, que no permite compromisos internacionales que pongan en riesgo la solvencia futura de sus cuentas públicas. Ir más allá daría lugar a un conflicto jurídico y político que sólo podría resolverse con un cambio en su Constitución, que supondría la aceptación de una auténtica entidad política supranacional. Es algo inimaginable en estos momentos.
En 2012, el problema europeo, al margen de la salida de Grecia del euro, seguirá siendo España. A finales de año sabremos si el gobierno español tiene la fuerza política suficiente para completar el proceso de saneamiento y recapitalización del sistema financiero y si, sobre todo, es capaz de cumplir con el objetivo de déficit del 5,3% del PIB. Los problemas mayores son los que se refieren a la recaudación tributaria y al gasto de las autonomías. La problemática de las relaciones entre el Gobierno Central y las autonomías tiene un cierto parecido con el de la Eurozona y los Estados miembros.
La Constitución española permite que el Estado, es decir, la Administración Central, controle y fiscalice las cuentas de las autonomías (al margen de las Corporaciones Locales, donde la dependencia jurídica del Estado no se discute). Pero esa facultad no se ha desarrollado ni ejercido por los gobiernos constitucionales desde la aprobación de la Constitución en 1978. La modificación del artículo 135, que obliga a alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020, y el Decreto-ley de Estabilidad de abril de 2012 permiten intervenir las cuentas autonómicas, como también lo hacen los artículos de la Constitución en los que se detalla la relación entre transferencia de competencias exclusivas del Estado a las autonomías, y la de los medios financieros para desarrollarlas.
Tal y como hizo el Gobierno Federal norteamericano en 1789, el Estado español no tiene más remedio que utilizar el salvamento financiero de las autonomías para imponer el control sobre sus cuentas públicas. Los gobiernos autonómicos que no consigan refinanciar su deuda tendrán que aceptar un control sobre sus ingresos y gastos, a cambio de que el Estado asuma, en la práctica, sus deudas según vayan venciendo y el suministro de la financiación necesaria para cubrir los déficit acordados con el Estado. En 2012, es el 1,5% del PIB autonómico. Como se analizará posteriormente, no es una solución definitiva, como tampoco lo fue el salvamento que el Gobierno norteamericano hizo de los Estados en 1789. Las autonomías, si logran recuperar el equilibrio financiero y consiguen volver a financiarse, se verán libres de la tutela estatal. Se habría resuelto el problema inmediato, pero las dificultades podrían volver a presentarse si los desequilibrios se reprodujeran. Para evitarlos sería imprescindible un cambio de la Constitución, que abordara, con claridad, el reparto de competencias entre el Estado y las autonomías. Un cambio que tendría que ser votado en referéndum en el que se reflejara la determinación política de intervenir, económica y políticamente, las autonomías que no respetaran el nuevo texto constitucional.
