El economista y consejero de Libertad Digital estudia en todas sus dimensiones la delicada situación de la Eurozona en un profundo trabajo sobre las causas, la situación actual y las posibles salidas a la crisis más profunda que ha sufrido la UE desde su creación. Su análisis no se queda en un mero ejercicio teórico, sino que propone medidas a corto plazo, imprescindibles para detener la sangría que amenaza con llevarse por delante el proyecto europeo, junto a propuestas sobre cómo estructurar una sólida unión económica y monetaria. Además, este informe pone especial atención a la situación de España, en el ojo del huracán por su sistema financiero, su deuda externa y las finanzas de sus organismos públicos.
En las páginas anteriores se ha hecho referencias a dos situaciones diferentes en la historia de los Estados Unidos de América. En 1789, Washington y Hamilton rescataron a los Estados miembros insolventes a cambio del traspaso de competencias sobre la fuente de financiación tributaria más importante en ese momento, las tarifas aduaneras, para fortalecer el Estado Federal, que carecía de fondos propios y sólo podía manejarse con los que le traspasaban voluntariamente los Estados. En 1840, el Congreso se negó a rescatar a los Estados que se habían endeudado para financiar todo tipo de infraestructuras. Se pensó que era mejor no fortalecer aún más a las instituciones propiamente federales y que sería mejor que cada Estado conservara sus competencias e hiciera frente a sus responsabilidades. Pero se hizo ya sobre la base de una moneda única y de un Estado Federal aparentemente fuerte. Sin embargo, apenas veinte años después se desató un conflicto de competencias entre el Estado Federal y los Estados miembros que terminó en una guerra civil.
En la Unión Europea tienen que definirse, todavía, las competencias económicas, o el ejercicio de las mismas, que conservan los Estados y las que hay que traspasar a la Unión Europea para conservar el euro. Pero creer que la única política económica posible sea la de preservar el euro parece ilusorio. Quizá durante años, hasta que se recuperen los equilibrios fundamentales en los países periféricos, si es que lo hacen, será la única política económica, pero después serían necesarias para alcanzar la productividad alemana un conjunto de instituciones y tradiciones similares a los de los países del área de influencia germánica. Un objetivo político no compartido por muchos de los países miembros.
Lo lógico sería que entre los 25 países de la Unión Europea que han aceptado firmar el nuevo Tratado Fiscal Europeo haya diferencias, y que haya cambios en el humor de las poblaciones y en el ideario los partidos políticos mayoritarios. Bastará, por ejemplo, con que algún gobierno de los 25 altere fraudulentamente sus cuentas públicas para desencadenar una crisis. Bastará con que un partido mayoritario de alguno de los países miembros convenza a la población de que esas políticas del nuevo euro favorecen a terceros países, a Alemania en este caso, para que resurjan movimientos nacionalistas que exigirán, nuevamente, cambios constitucionales para recuperar competencias nacionales. Los movimientos nacionalistas han renacido cuando se ha atentado contra las tradiciones más enraizadas en los países europeos o la crisis económica resulta en el empobrecimiento de algunas regiones o de los grupos de población menos formadas, que tienen que enfrentarse a la competencia de inmigrantes, con una preparación similar pero mucho menores demandas económicas.
Hay que recordar que junto a la renuncia a las políticas económicas activas, monetaria y presupuestaria, la Unión Europea impone otros principios de comportamiento político y social que para muchos partidos políticos son discutibles. Hasta ahora, la Unión Europea y sus principios de libertad, democracia y competencia han resultado en una mayor prosperidad para todos, hasta el punto que no se entiende el proceso de globalización sin tener en cuenta este precedente. Pero la creación de la Eurozona no ha demostrado ser un factor de progreso en los países que se han integrado en la misma. Más bien parece que los únicos beneficiarios de la integración monetaria hayan sido los países más avanzados y las personas más eficientes y con mayores recursos económicos. Así, tras la borrachera de crédito barato que ha desmoronado a los Estados que como España no estaban acostumbrados a disponer de recursos financieros a bajo coste, ha sido Alemania el epítome de los países beneficiados por el euro. Francia también, pero las divergencias entre el crecimiento de la productividad entre Francia y Alemania podría terminar por provocar, en una segunda instancia, el mismo tipo de problemas que ahora sufren los países periféricos en sus economías y no es seguro que la población francesa y sus partidos políticos estén dispuestos a aceptar, pacíficamente, el desmantelamiento del sistema de intervención pública y sindical en su economía, que se traduce en políticas igualitarias, proteccionismo y falta de competitividad. No cabe duda de que la política económica a que obliga el euro se traduce en un incremento de la productividad, pero las compensaciones que significaban el bienestar social y el Estado providencia se están diluyendo para una parte importante de la clase media.
El modificado artículo 135 de la Constitución Española, en su apartado cuatro, dice que los límites del déficit estructural y del volumen de deuda pública podrán superarse en caso de "catástrofe natural", "recesión económica" o "emergencia extraordinaria", que no se define. En estos casos bastará con la mayoría absoluta del Congreso y el Senado para no respetar esos límites. Es decir, las puertas están abiertas a una interpretación permanente política de cuando no hay que respetar esos límites de déficit y de deuda pública.
Las políticas de rigor para España, Italia, Portugal e Irlanda –Grecia parece un caso perdido– son, dadas las circunstancias, beneficiosas en cuanto que mejoran la competitividad. Pero son políticas forzadas, no discutidas, ni analizadas, ni comprendidas, ni queridas ni respetadas por la mayoría de la población. Son políticas oscurantistas y, como la mayoría de las políticas fraudulentas, podrían tener un final abrupto. La aplicación rigurosa de esas políticas, inevitables para países endeudados como el nuestro, provocarán a corto plazo un agravamiento de las diferencias económicas y sociales que se consideran inaceptables por la mayoría de la población. Y a largo plazo, en la medida en que se consiga superar la situación más peligrosa –pero no un aumento significativo del bienestar de una parte importante de la población–, se podría producir una reacción política que reniegue del europeísmo monetario y presupuestario.
