Un ensayo de Alberto Recarte

El economista y consejero de Libertad Digital estudia en todas sus dimensiones la delicada situación de la Eurozona en un profundo trabajo sobre las causas, la situación actual y las posibles salidas a la crisis más profunda que ha sufrido la UE desde su creación. Su análisis no se queda en un mero ejercicio teórico, sino que propone medidas a corto plazo, imprescindibles para detener la sangría que amenaza con llevarse por delante el proyecto europeo, junto a propuestas sobre cómo estructurar una sólida unión económica y monetaria. Además, este informe pone especial atención a la situación de España, en el ojo del huracán por su sistema financiero, su deuda externa y las finanzas de sus organismos públicos.

IV) La política económica necesaria de la Eurozona en 2012 y 2013

El indefinido nuevo Estado supranacional europeo, que podría nacer como consecuencia de la crisis del euro, necesitaría un presupuesto, para transferir fondos de los países más solventes a los menos competitivos en momentos de crisis como los actuales. En la actualidad, podría considerarse que el presupuesto de la Eurozona es el Fondo Permanente de Rescate, el MEDE en terminología en español, que ahora tiene una capacidad efectiva de 500.000 millones y nominal de 700.000 millones de euros. El FMI dispone ya de alrededor de 300.000 millones de euros adicionales, con lo que la capacidad de intervención "presupuestaria" se acerca al billón de euros.

La creación de un Fondo de Rescate Permanente de 700.000 millones de euros que, en la práctica, funcionará como un Fondo Monetario Europeo y que espera, por tanto, poder recuperar su inversión, aunque sea a largo plazo, ha obligado a tomar decisiones políticas y económicas con las que no se contaba cuando se firmaron el Tratado de Maastricht y el Plan de Estabilidad y Crecimiento. En primer lugar, para los países miembros de la Eurozona, que tendrán que desembolsar 80.000 millones de euros y avalar hasta un total de 700.000 millones, que se suman a los ya aportados previamente. En total, los compromisos adquiridos hasta la fecha, teniendo en cuenta las ayudas directas de país a país en el primer rescate de Grecia, suman cerca de 750.000 millones de euros (el PIB de la Unión Europea alcanza los 14,7 billones de euros. El de la Eurozona es de 9,5 billones). La cifra de 750.000 supone por tanto alrededor del 8% del PIB de los países miembros.

Si los países que se rescaten no son capaces de recuperarse y de volver a crecer, los préstamos no se podrán devolver en los plazos previstos. Tanto Alemania como Francia y los otros países solventes, si fueran rigurosos en sus contabilidades, tendrían que sumar, como deuda, las aportaciones que corresponderían a los países rescatados. En términos de PIB, el aumento de su deuda pública sería de más del 8%, en función de qué países se rescataran y no fueran capaces de repagar sus deudas. Esta deuda y estos avales podrían tener que materializarse monetariamente si la inestabilidad económica y política se recrudeciera. El FMI, por su parte, se encontraría empantanado con la mayor operación de salvamento de su historia.

Un Fondo de Rescate Permanente no es un Presupuesto supranacional. En términos económicos puede ser tan significativo como el mismo, porque la obligación de hacer reformas en los países que lo reciban puede ser más efectiva que el subsidio permanente que significan los gastos presupuestarios ordinarios para apoyar a las regiones con menores niveles de renta per capita. Los ejemplos negativos de esas políticas de subsidios son evidentes en el del sur de Italia y de España. Pero el peso político de un gasto presupuestario para el pago, por ejemplo, de prestaciones a los desempleados, es infinitamente mayor que el de un Fondo que hay que devolver.

La propia Unión Europea ya ha recorrido parte de ese camino. El presupuesto de la UE asciende a 147.000 millones en 2012. De esa cantidad, alrededor del 40% se gasta en subsidiar obras públicas –a través de los Fondos Estructurales y de Cohesión– y en políticas sociales. No parece muy lógico que la Unión Monetaria, con unas implicaciones económicas mucho mayores que las de la UE, no cuente con un presupuesto extraordinario para ayudar a los países miembros del euro que se encuentran con caídas cíclicas de actividad significativas respecto al conjunto.

Al margen del caso de Grecia –un Estado que nunca debería haberse integrado en la Unión Monetaria y que debería salir lo más ordenadamente posible cuanto antes–, si la Eurozona quiere evitar una catástrofe en 2012 y 2013, los años cruciales para saber si la política de reformas funciona en España e Italia, tendría que definir, con las limitaciones jurídicas que imponen los Tratados Europeos y las Constituciones de los países miembros, una política económica que combinara:

1. Una política del Banco Central Europeo que asegurara el suministro de toda la liquidez necesaria para que los países que están haciendo las reformas exigidas por los órganos rectores del euro, rescatados o no, es decir, Irlanda, Portugal, España e Italia, cuenten con la liquidez suficiente para compensar la retracción de la financiación exterior a la banca de esos países. Estamos hablando, posiblemente, de otro billón de euros de liquidez, instrumentado con otro LTRO, o como se considere pertinente, con lo que el balance del BCE podría crecer hasta los 4 billones de euros.
2. Mejorar las condiciones de financiación de los Fondos de Rescate. En la actualidad, los tipos de interés que pagan Portugal e Irlanda superan el 5%. Es un tipo muy alto, que afecta a las finanzas públicas y, sobre todo, a la financiación de los correspondientes sectores privados de esos países, que tienen que soportar intereses diferenciales disparatados, que contribuyen a que las reformas no se traduzcan en crecimiento sino en recesión y en círculos viciosos de desequilibrios presupuestarios y decrecimiento económico. El coste para la Eurozona es mínimo, pero es sustancial para el sector privado de los países rescatados.
3. «Una política de transferencias de fondos desde los países más solventes de la Unión Monetaria para pagar una parte de esos posibles gastos públicos, los más sensibles políticamente, ayudaría a moderar los sentimientos antieuropeístas.»
   El falso debate entre austeridad y crecimiento en el seno de la Unión Monetaria puede resolverse con el mantenimiento de los objetivos de déficits públicos, según lo pactado en los programas de estabilidad correspondientes, pero con la aprobación de un presupuesto extraordinario de gastos supranacional, un nuevo Fondo de Cohesión Monetaria, de los países miembros de la Unión Monetaria, que financie, por ejemplo, parte de las prestaciones de desempleo, de los intereses de la deuda pública o algunos gastos educativos y sanitarios. En los años noventa, España estuvo recibiendo alrededor del 1% de su PIB en transferencias netas de la Unión Europea para ayudar a su integración económica con el resto de países comunitarios. En los últimos seis años, ese porcentaje se ha reducido hasta casi cero en 2009 y un máximo del 0,25% del PIB en 2012. Es evidente que los países del Este de Europa que se han incorporado en los últimos diez años lo necesitan más que nosotros. Sin embargo, no parece una exageración que los países que más estamos sufriendo por nuestra integración en el euro recibamos ahora ayuda financiera a fondo perdido, dado que somos sólo parcialmente responsables de nuestra situación, porque otra parte corresponde a los defectos estructurales de la moneda única y a la disparatada política monetaria del BCE en el periodo 1998-2007, diseñada para beneficio de países como Alemania y Francia, con bajas tasas de inflación históricas en el periodo previo a la entrada en vigor de la moneda única. Esas ayudas estarían en marcha mientras se ejecutan reformas para mejorar nuestra competitividad y garantizar la supervivencia de la moneda única.

Una política de transferencias de fondos desde los países más solventes de la Unión Monetaria para pagar una parte de esos posibles gastos públicos, los más sensibles políticamente, ayudaría a moderar los sentimientos antieuropeístas de los países que están haciendo reformas que desmantelan los excesos de los Estados de Bienestar.

Estamos hablando, en cualquier caso, de cantidades simbólicas, que podrían ascender, como máximo, al 1% del PIB, frente al 3% del PIB que España se gasta anualmente en el pago de intereses de su deuda pública, el 3% en transferencias por desempleo, el 11% en gastos sanitarios, el 6% en educación o el 11% en pensiones. Son perfectamente comprensibles las reticencias de las autoridades comunitarias y las de los países como Alemania, que han comprobado que una política generosa con Grecia desemboca en el incumplimiento de los compromisos adquiridos por los gobernantes de ese país. Es igualmente duro de asimilar que una política de estricto cumplimiento de las reformas en Portugal, o la propia España, quizá no tenga éxito porque la estructura económica de nuestros países necesita muchos más años de los que se había pensado para recuperar la competitividad perdida y poder volver a crecer. Por eso, habría que determinar si Portugal, España e Italia pueden permanecer en el euro. De ese análisis surgen dudas respecto a Portugal, ninguna duda respecto a Italia y pocas respecto a España.