El 5 de septiembre Gas Natural lanzaba una OPA hostil sobre el 100 por ciento del capital de Endesa, su principal competidora, condicionada a la aceptación de tres de cada cuatro acciones. La oferta se emitió con una prima del 19,4 por ciento, a 21,30 euros por acción. Una importante operación empresarial, podría parecer, si las implicaciones políticas no fueran tan numerosas y tan claras.

 

El principal accionista de Gas Natural es La Caixa, que posee un 34,5 por ciento del capital. Le sigue Repsol YPF, a su vez participado al 12,5 por ciento también por la caja de ahorros catalana, que es el primer accionista minoritario de la petrolera española. La Caixa es el vínculo del movimiento empresarial con los intereses políticos. Para rastrear el asunto hay que remontarse a 1994. Entonces el secretario de organización del Partido de los Socialistas Catalanes (PSC), José Montilla, suscribió un crédito con La Caixa sobre el cual jamás mostró interés alguno por devolver, ya que estuvo sin pagarse más de diez años. A lo largo de éstos, Montilla fue consejero en varias ocasiones (años 1995, 1996, 1997 y 1998) Pero el PSOE gana las elecciones y coloca de ministro de Industria, de quien depende la regulación del sector energético, al esclarecido Montilla. Ya en el gobierno, La Caixa se ablanda con su deudor, el PSC, y decide condonar al partido el 45 por ciento de la deuda acumulada (el principal más los intereses), lo que supone un regalo al partido de 6,7 millones de euros, más de 1.100 millones de pesetas. El resto, hasta 7,81 millones de euros, se pagarían en quince años al 3 por ciento. Un 3 por ciento que parece seguir a las finanzas de los partidos catalanes.

 

Por otro lado no se entendería todo el asunto en su totalidad si no se hace referencia al pacto del Tinell, que es el que da origen al tripartito que gobierna en la Generalidad, y que mantiene un control político sobre La Caixa. El punto octavo del pacto prevé "actuar desde la Generalidad, en concertación con el sector privado para impulsar la creación o consolidación, en su caso, de empresas y operadores catalanes, públicos o mixtos, en sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones e infraestructuras) siempre respetando las condiciones de mercado". Asimismo propone "fomentar la aparición de nuevos operadores privados" y "potenciar la existencia de centros de decisión empresarial en Cataluña de primer nivel en los mencionados sectores estratégicos". Si la OPA acaba por prosperar, la sede del nuevo grupo se trasladaría a Barcelona.

 

Y por fin la tercera pata del banco. El favor de La Caixa al PSC y los objetivos políticos del tripartito son solo las dos primeras. La última es la contrapartida efectuada por el propio Montilla, ya de ministro de Industria, cuando se enfrenta a la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Montilla, que había comentado meses antes la posibilidad de movimientos dentro del sector, siempre fue favorable a las intenciones de La Caixa, el accionista de referencia de Gas Natural. En numerosas ocasiones, el ministro se ha negado a inhibirse del caso que, insiste, depende de la cartera de Economía.

 

Pero Economía no ha sido más imparcial que lo que cabe esperar de Industria. De Pedro Solbes depende la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al frente de la cual está Manuel Conthe. Éste remitió una carta a Endesa en la que insta a su Consejo de Administración a abstenerse de efectuar "por sí o a través de terceros, cualquier operación que tenga por objeto perturbar el desarrollo" de la OPA lanzada por Gas Natural y exige a la eléctrica que preside Manuel Pizarro el "deber de pasividad" de su Consejo de Administración en esta operación, lo que no impide, añade el texto de la carta, que el máximo órgano de la eléctrica pueda pronunciarse a favor o en contra de la OPA. Manuel Pizarro respondió llevando la actuación de la CNMV a la Audiencia Nacional, alegando el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad de expresión. Pese a las risas de Conthe, la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente el consejo de la CNMV en que "recordó" por escrito la legislación a Endesa.

 

Otro aspecto del tratamiento administrativo-político de la OPA es que en todo momento tiene que pasar por un socialista. Es, claro está, el caso de los ministros Montilla y Solbes. Pero ocurre lo mismo con la Comisión Nacional de la Energía (CNE), cuya presidenta es la socialista catalana Maite Costa. En Bruselas el asunto recaería en el Comisario de Economía, el ex candidato Joaquín Almunia, quien desde el principio ha intentado desembarazarse del asunto, para que todo "quede en casa".

 

Precisamente en un intento alejar el asunto de la coalición de intereses político económicos que impulsan la OPA en España, Endesa intentó llevar el caso a Bruselas, que finalmente decidió devolver el asunto a las autoridades españolas. Según se pudo saber más tarde, Zapatero se reunió secretamente con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso el día antes de que la CE renunciara a entender del caso. El Partido Popular sospechó entonces que Zapatero estaría dispuesto a facilitarle a Barroso la negociación de los fondos de la Unión Europea, poniendo menos presión en la negociación por los intereses españoles. Cuando se preparaba la discusión de tales asuntos, Miguel Ángel Moratinos fue el único ministro de exteriores de la UE que no se encontraba negociando los intereses nacionales. Consideró más útil desplazarse al África Subsahariana.

 

El resultado final de la OPA está todavía abierto, de modo que habrá que esperar a 2006 para saber si la operación político-económica sobre Endesa tiene éxito o no.