El año 2005 será recordado por las manifestaciones de centenares de millones de españoles en contra de las políticas del Gobierno. La primera de ellas, convocada el 20 de enero por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra la negociación del gobierno socialista con la banda terrorista ETA, quedó desvirtuada por la supuesta agresión del único ministro que acompañó a las víctimas, el de la cartera de Defensa, José Bono. Acudió a la concentración como "mero ciudadano", dijo él, aunque iba acompañado por el fotógrafo oficial.

 

La manifestación se desarrolló en un ambiente pacífico, pero la presencia del ministro en ella hizo que las críticas contra el gobierno se dirigieran a su persona. Le dirigieron insultos y abucheos y, según la declaración posterior de José Bono, golpes. Poco después se acusó a dos militantes del Partido Popular de Majadahonda, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz. El Partido Popular reaccionó que abriría un expediente si se probaba que alguno de sus militantes había agredido al ministro. Todas las pruebas que se habían acumulado contra Isidoro y Antonia consistían en la declaración de Bono de que había recibido golpes y una fotografía en la que se veía a los dos militantes con al menos tres filas de personas entre ellos y el presunto agredido. Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, lamentó la persecución de los dos militantes populares "por el hecho de salir en una foto".

 

En principio las pruebas no parecían muy concluyentes, ya que en el mismo radio en torno al ministro habría varias decenas de personas. Isidoro Barrios fue citado a declarar a la comisaría de Moratalaz, a quien acompañó voluntariamente su compañera Toñi de la Cruz. Allí los dos militantes, incluida Toñi, pasaron a ser detenidos, algo que el PP consideró "irregular".

 

Todo el asunto cambia de dirección seis días después de la manifestación, el 26 de enero, cuando se sabe que el atestado policial afirma que ninguna personalidad resultó agredida, desmintiendo así las numerosas declaraciones del ministro Bono, que insistía en haber recibido golpes. Aunque se observaron varios intentos por alguna de las personas que rodeaban a Bono y a Rosa Díez, los policías lograron detenerlos eficazmente, seguía el informe. Los ocho agentes que prestaron declaración coincidieron en que el ministro recibió gritos e insultos cuando se incorporó a la manifestación, pero insistieron en que no se produjo ningún tipo de agresión física contra las personalidades que estaban protegiendo.

 

Pronto se comenzó a ver la detención de los dos militantes del PP, irregular desde el comienzo, como un acto completamente injustificado. En el juicio sobre la detención de Isidro Barrios y Toñi de la Cruz, dos policías declararon en calidad de testigos que no había ningún fundamento policial, ni indicio, ni persona identificada cuando se practicaron las detenciones. El mismo 23 de mayo se supo el inspector encargado del caso le dijo al comisario Ruiz, jefe de la Brigada de Información de Madrid: "Jefe, no se ve nada", a lo que éste le respondió: "Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona". Tres días más tarde, el inspector jefe de la brigada provincial de Información, encargado de investigar la agresión fantasma a Bono durante la manifestación de la AVT, declaró ante el Juez que su jefe de sección le ordenó detener a los dos miembros del PP y le advirtió de que si no lo hacía iba a haber "problemas".