Manuel Chaves

Muchos titulares se han escrito este miércoles para el hecho de que la Junta tiene un encuentro "bilateral" con el gobierno de España para tratar el tema de la financiación. Pero no es más que humo, operación de imagen de un Chaves al que Montilla deja con el culo al aire. Andalucía, en su Estatuto, contempla reuniones bilaterales con el gobierno, pero decisiones bilaterales sólo en aquellos temas que afectan exclusivamente a Andalucía. Sin embargo, Cataluña sí tiene recogida en su Estatuto la decisión bilateral sobre la financiación autonómica, al margen de las demás comunidades. Entonces, ¿a qué viene este paripé?

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se compromete a desempeñar una función de “liderazgo” en el “severo e intenso ajuste” que sufre el mercado inmobiliario nacional. El Gobierno no “abandonará a su suerte” a los promotores, aunque no impedirá “artificialmente” el correctivo que sufre el sector. Según Corredor, la solución está en más intervención pública mediante la rehabilitación y la construcción de vivienda protegida.

Dos de cada diez hogares andaluces viven con menos de 25 euros diarios. Un estudio de la Junta aporta que el salario mensual oscila entre 835 euros para los más desfavorecidos y 1.973 para los ingresos más altos. Sólo el 29,2 por ciento de las familias con menos recursos tienen ordenador. Estos datos pertenecen a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2005 que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Centro de Estudios Andaluces, una entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia de la Junta, demandó datos más exhaustivos de la realidad andaluza y los ha publicado esta semana en su colección de estadísticas.

 

Aunque es la falla ardiendo del PP la que ocupa las portadas, los comentarios y los editoriales, muy útil al PSOE de Andalucía que quiere tapar sus guerras internas que son muchas, Manuel Chaves tiene tres provincias en pie de guerra. Málaga y Almería, donde fue vapuleado por el PP de Javier Arenas en las pasadas elecciones y Sevilla donde precisamente fue el PSOE el que humilló electoralmente al PP por enésima vez. En todas ellas, pueden presentarse dos candidaturas a pesar de los esfuerzos "búlgaros" de evitarlo de Chaves y su fiel escudero, Luis Pizarro. Y en medio de estas guerras, han surgido los muertos, bajo la forma de afiliados, muy útiles para aumentar el poder de la facción que los instrumentaliza y ganar congresos con sus votos. Ha ocurrido en Málaga.

La Junta de Andalucía atenuará las maltrechas finanzas de las inmobiliarias mediante la concesión de una línea de avales públicos para la adquisición de vivienda protegida (VPO) en la comunidad autónoma, igual a la aprobada por el Gobierno a través del ICO. Además, elimina el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, siempre y cuando el dinero se destine a la compra de un piso, y suscribirá un préstamo de 50 millones de euros destinado a la rehabilitación de vivienda.

Si este jueves el profesor del Instituto del pueblo granadino de La Zubia, Alfonso Sánchez Rodríguez, demostraba cómo la página digital de El Mundo no podía leerse desde los ordenadores en red de la Consejería de Educación por tratarse de "contenidos inapropiados", este viernes ha demostrado que tampoco puede accederse a la página de Libertad Digital desde los ordenadores del sistema educativo. Concretamente, alguien ha introducido una instrucción informática que impide tal acceso considerando que tiene contenidos "inapropiados".

Cuatro años después, la nueva titular de Justicia, Evangelina Naranjo, ha mostrado su desparpajo en el Parlamento andaluz prometiendo poner en marcha las ciudades de la Justicia de cinco provincias, entre ellas la de Sevilla. Su antecesora en el cargo, María José López prometió lo mismo en su primera intervención parlamentaria y en concreto dejar terminada en esa legislatura la de Sevilla que en ese momento acumulaba ya siete años de retraso. Fue en 2004. Pero la de la capital andaluza, ni siquiera está empezada aunque lo prometió el mismo Chaves en 2004.

Javier Arenas ha anunciado que su formación política pretende llegar «hasta el final» en el tema del reparto injusto de la publicidad institucional en dos escenarios: el Parlamento y los tribunales de justicia. Según el popular, al tratarse de fondos públicos, determinadas conductas de la Administración pueden rozar el Código Penal. El otorgamiento caprichoso de ayudas de los diferentes estamentos de la Junta a los medios de comunicación ha perjudicado gravemente a ABC, El Mundo, la COPE y otros como ya publicó Libertad Digital la semana pasada.