Manuel Chaves

El Defensor del Pueblo, José Chamizo, cree que la existencia de más de mil puntos negros inundables en Andalucía es responsabilidad de la Junta de Andalucía que tiene competencias para haberlos evitado y no las ha ejercido. El Defensor achaca a la inacción de la Junta el aumento de zonas inundables y considera que la situación creada es fruto de las omisiones en la tutela del territorio. La ocupación de las zonas inundables por parte de las actuaciones urbanísticas es una de las circunstancias que más influyen en que se produzcan inundaciones en núcleos habitados, como las que se han producido en las últimas semanas.

El PP acusó este martes al director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Rafael Camacho, de aumentar el gasto público de la cadena, "a pesar de la crisis económica y de la defensa de políticas de austeridad" por parte de PSOE, al plantear un presupuesto para 2009 de 247 millones, de los que 181 son por subvención de la Junta presidida por Manuel Chaves. Es decir, en una cadena de televisión que apostó por los ingresos publicitarios combinados con las subvenciones públicas, el 73 por ciento de su presupuesto lo pagan los ciudadanos andaluces. Es decir, su modelo perjudica a la iniciativa privada y no beneficia a los ciudadanos.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció este lunes que su partido va a reclamar la celebración de un pleno específico en el Parlamento para abordar los recortes sociales que en su opinión está llevando a cabo la Junta. Arenas puso como ejemplo de estos recortes la congelación de determinadas partidas presupuestarias como el Plan Alzheimer, el Plan "Más Autónomo" o el bloqueo de variadas inversiones en Sanidad.  Estos recortes se ponen de manifiesto también en la negativa a financiar de manera adecuada la Ley de Dependencia, y que más de 500.000 parados estén fuera de las Políticas Activas de Empleo.

La Federación Andaluza de Centros y Servicios de Mayores (Facema) ha alertado de que numerosas residencias de mayores tendrán que cerrar próximamente si la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves  "no flexibiliza" los requisitos para la acreditación de estos centros fijados por la Ley de la Dependencia en Andalucía. El presidente de Facema, Antonio Gallardo, explicó que entre unas 90 y 100 residencias de mayores pequeñas y medianas "se verán abocadas al cierre" porque la orden por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros en situación de dependencia establece unas exigencias "demasiado duras, muy por encima de las de otras comunidades autónomas".

Tras el escandalazo sin precedentes de las decenas de asesores de la Diputación de Almería que cobraban del erario público para dedicarse a sus tareas en el PSOE, que no en la Diputación, este martes comienza el juicio por las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla, otra trama de corrupción ligada al socialismo dirigido por Manuel Chaves.

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado la próxima reforma de la Ley Electoral de Andalucía para crear una circunscripción única con los votos de los emigrantes de modo que éstos cuenten con representación directa en el Parlamento andaluz. El problema es que una medida de estas características no sólo no fue prevista en el Estatuto andaluz, aprobado hace apenas un año, sino que choca frontalmente con su articulado. Tampoco algo de esta índole está previsto en la Constitución.

Muchas de las familias de los cerca de cien menores de edad cuyos nombres fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía dentro de las declaraciones de desestimación objeción de conciencia a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía están "muy decididas" a elevar el caso a la Fiscalía. De hecho, ya reclamaron a la Fiscalía de Menores que actuara de oficio contra el Ejecutivo de Manuel Chaves puesto que este hecho podría suponer una "vulneración" del derecho a la intimidad de los menores.

Dice este viernes El País, siguiendo fielmente a la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, que en Andalucía sólo el 4,3 por ciento de los funcionarios de la Junta son de libre designación. Según los datos de la Consejera, la Junta tiene 2.889 cargos de libre designación sobre 65.913 funcionarios de la Administración general. En esta cifra no están contabilizados los cargos de confianza de la Administración autonómica, personal que tiene un contrato de carácter eventual. El problema es que estos datos no se corresponden con la realidad oficial, como vamos a tratar de demostrar.

La aplicación de la ley de Dependencia está naufragando en Andalucía originando diferencias respecto a otras Comunidades Autónomas, según un informe del Partido Popular andaluz.  La carencia de recursos económicos y humanos es manifiesta. Faltan plazas residenciales sin que la Junta adopte medidas que subsanen este problema. Además, los Ayuntamientos, piezas claves de la aplicación de la ley carecen de recursos para aplicarla por negligencia de la Junta de Andalucía. Por si fuera poco, el Gobierno andaluz ha fijado un precio de 13 euros/hora para el colectivo de trabajadores de ayuda a domicilio, no solo insuficiente -no llegarían de ese modo a los 600 euros mensuales -, sino que es inadecuado a la formación y el servicio de calidad que prestan.