Ministerio de Educación

Un grupo de padres ha entregado este martes en el colegio San Juan Bautista de Toledo un impreso en el que declaran su oposición a que sus hijos reciban las enseñanzas recogidas en la asignatura Educación para la Ciudadanía. Estos padres entienden que se trata de una asignatura creada para "adoctrinar ideológicamente" a los alumnos. En el que es ya el primer caso de "objeción de conciencia" efectiva contra esta asignatura, el procedimiento ha sido tan sencillo como entregar junto al impreso de reserva de plaza para el curso 2007-2008 un escrito firmado por los padres. La plataforma Chequeescolar.org ha destacado la importancia de esta acción para que no se "avasallen" los derechos fundamentales.

Los padres cuyos hijos estudien en una comunidad autónoma gobernada por el PSOE no podrán elegir el colegio que más les guste. Las listas de admitidos serán, incluso, supervisadas "con carácter previo" en alguna región como Castilla-La Mancha. Según La Razón, los centros públicos y concertados ya aplican las nuevas medidas de la LOE y los requisitos para los procesos de admisión vienen impuestos por las respectivas comunidades. Así, en Cataluña, las familias tendrán únicamente las seis opciones que la Generalidad les indique en una carta. En el caso del acoso escolar –igual que en Andalucía–, será la víctima y no el agresor la que estará obligada a cambiar de centro. Además, el Ejecutivo andaluz ha eliminado los puntos que se otorgaban a los niños con enfermedades digestivas, como los celíacos.

Libertad Digital publicaba este martes que el Ejecutivo de Zapatero había destinado cinco millones de euros, de las arcas públicas, a los profesores "clandestinos" de euskera. Dos días después, el consejero de Educación del Gobierno vasco, Tontxu Campos, ha propuesto sustituir los actuales modelos lingüísticos por una enseñanza plurilingüe, en la que el euskera sea la principal lengua vehicular. Los alumnos de todos los centros educativos serán sometidos una a evaluación de sus conocimientos lingüísticos al acabar Primaria y Secundaria.

La Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE) ha explicado que si en un centro escolar no se imparte una asignatura obligatoria –como Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos– o si las familias deciden que sus hijos no la cursen, delatarán a las autoridades "los incumplimientos que detecten". Aunque informarán primero a padres y escuelas sobre el cumplimiento de sus obligaciones, los inspectores educativos propondrán las medidas que "conforme a la legalidad vigente deban adoptarse". La ANIE confía en que el Ministerio de Educación haya pensado "sobre todo en la formación de los chicos como futuros ciudadanos españoles" y espera que los profesores manifiesten una "clara voluntad de formar" y no de adoctrinar.

Los obispos no descartan recurrir a acciones legales contra la LOE, especialmente contra las disposiciones que regulan la asignatura de Religión y de Educación para la Ciudadanía. Recuerda que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional les da la razón en cuanto a quién corresponde nombrar los profesores de Religión católica. Además, la Conferencia Episcopal anima en un documento a los padres "a defender" el derecho de elegir la educación moral para sus hijos y acusan al Gobierno de implantar una moral de Estado, el relativismo y la ideología de género. Igualmente, denuncian que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no ha cumplido los acuerdos Iglesia-Estado.

Con el respaldo de veintiocho asociaciones y colectivos de padres, alumnos y personal docente, las organizaciones Profesionales por la Etica (PPE) y el Foro Español de la Familia (FEF), han denunciado que el Gobierno socialista pretende utilizar como un "instrumento" de "adoctrinamiento ideológico" la asignatura de "Educación para la ciudadanía" que se impartirá en nivel primaria. En una rueda de prensa, los responsables de los grupos coincidieron en señalar que los conceptos a impartir en esa materia estarían violando "el derecho prioritario de padres y alumnos a que no se les lave el cerebro". Por ello, invitaron a la sociedad en general a presentar una "objeción de conciencia".

Un estudio de la Fundación Secretariado Gitano ha revelado que, aunque se ha logrado la normalización educativa de la población gitana respecto al acceso a la escuela, el 80 por ciento de los alumnos gitanos que comienza la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) abandonan sus estudios antes de concluir esta etapa. Según este sondeo, en el caso de las niñas la mayoría dejan el colegio en el paso de primaria a secundaria, mientras que los niños lo hacen unos cursos más tarde. Este fracaso, se debe, en gran medida, según ha indicado el Ministerios de Educación y Trabajo y Asuntos Sociales, a la falta de referentes en las familias.

El portavoz de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, ha señalado que están estudiando denunciar ante diferentes instancias judiciales españolas y europeas los contenidos de Educación para la Ciudadanía por entrometerse claramente en la formación moral de los alumnos. Para esto, se apoyan en el dictamen del Consejo de Estado que explica que no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo la difusión de valores que no estén consagrados en la Constitución. Igualmente, iniciarán contactos con diferentes grupos parlamentarios para llevar al Congreso la manipulación que el Ministerio de Educación de Mercedes Cabrera ha realizado, en dos ocasiones, de un informe del Consejo de Estado sobre esta asignatura.

El Ministerio de Educación ha hecho pública una nota en la que asegura que "el Consejo de Estado no encuentra objeciones a la asignatura de Educación para la Ciudadanía". Es más, añade incluso que se "avala tanto la conveniencia como la legalidad de dicha asignatura". Profesionales por la Ética denuncia que el dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de la ESO, lejos de apoyar al departamento que dirige Mercedes Cabrera, ha advertido expresamente al Gobierno que no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo “la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución”. Recuerda además que el apartado Aprender a aprender, debería incluir “el respeto a padres y profesores".