Chávez, hacia la dictadura
EDITORIAL
Las órdenes de arresto contra los líderes de la oposición democrática a Chávez junto con la “Ley de contenidos” y la “Ley de seguridad nacional” que impiden a la prensa informar sobre las protestas cívicas y los desmanes de los esbirros de Chávez –so pena del cierre de los medios y de la detención inmediata de los periodistas que se atrevan a contravenirla, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con Venevisión–, así como participar en las manifestaciones en contra del régimen, marcan el principio del fin de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela y forman parte de un plan minuciosamente estudiado para implantar la dictadura comunista en el país caribeño.Las líneas de ese plan son en general las mismas que han ensayado todos los que, a lo largo del siglo XX, desde Lenin hasta Allende, pasando por Hitler, han puesto en práctica para hacerse con el poder absoluto por medios "democráticos": En primer lugar, se trata de descabezar y desmoralizar a los opositores –arrestando a sus líderes y ordenando el asesinato de algunos de sus miembros–, silenciar sus medios de comunicación y desacreditarlos con calumnias. En segundo lugar, colocar a fieles seguidores en puestos clave del Estado (ejército, tribunales, policía, radio y televisión, juntas electorales, etc.). En tercer lugar, controlar los sectores estratégicos de la economía del país. En cuarto lugar –no menos importante– obtener el reconocimiento, el apoyo y la alianza de otros dictadores o regímenes afines con el objeto de contrarrestar la presión internacional. Y en quinto lugar, legitimar, de cara a la opinión pública internacional, la dictadura en ciernes con unas elecciones. Limpias si es posible, amañadas si es necesario.
Chávez ya ha dado casi todos esos pasos: ha amordazado a la prensa; obliga a los medios de comunicación audiovisuales (públicos y privados) a emitir sus soflamas, sus mentiras y sus calumnias casi a diario; ha ordenado detener a Carlos Fernández y a Carlos Ortega –los líderes de la oposición democrática–; ha asesinado opositores –a través de sus bandas armadas articuladas en torno a los “círculos bolivarianos”–; ha conseguido hacerse con el control de PDVSA y ha impuesto el control de cambios de divisas obligando, bajo pena de cárcel, a entregar al Banco Central de Venezuela todas las divisas en poder de los particulares para después administrarlas a su antojo y controlar las importaciones con criterios políticos –por ejemplo, las del papel para la prensa–; ha colocado en los tribunales a seguidores suyos.
Y, finalmente, ha obtenido el apoyo de Cuba, Irán, Libia e Irak –no hay que olvidar que los primeros viajes presidenciales que realizó Chávez fueron precisamente a Libia, Irán e Irak, países con los que ha firmado acuerdos de cooperación mutua–; cuyos regímenes han enviado “asesores” para instruir a Chávez en las técnicas más “modernas” de manipulación y represión interna y de intoxicación de cara a la opinión pública internacional, así como a matones revientahuelgas y expertos en la gestión de los recursos petrolíferos para sustituir a la gerencia y los trabajadores de PDVSA. Ni qué decir tiene que el pago a Cuba por sus servicios se realizará en petróleo; y en cuanto a Irán, Libia e Irak, productores de petróleo y patrocinadores del terrorismo internacional, la contraprestación se traduciría en el apoyo a una coalición contra EEUU y sus aliados basada en el embargo petrolífero que permita estrechar los lazos entre el terrorismo iberoamericano y el de Oriente Medio y Al Qaeda –fuentes policiales de Caracas aseguran que una célula de Al Qaeda recluta y entrena terroristas en Caracas bajo la protección armada de los “círculos bolivarianos”.
A Chávez, una vez frustrado el referéndum consultivo del 2 de febrero gracias a los “buenos oficios” de los “amigos de Venezuela” y de la inoperante e inservible OEA con César Gaviria –que contemplan impasibles cómo mueren las libertades (y los opositores) en Venezuela mientras tratan de buscar una “solución” a la “crisis”–, sólo le queda pasar la prueba del referéndum de agosto, para la que se está preparando a conciencia con el tiempo –vital para él– que ha conseguido ganar. El cambio de las leyes electorales y la sustitución de los responsables del aparato electoral por hombres de su entera confianza, la despenalización de las identidades falsas –que los colaboradores de Chávez fabrican a toda velocidad para que los chavistas puedan votar hasta siete veces–, los obstáculos burocráticos para la obtención de documentos de identidad legales en las ciudades (hasta 8 meses de espera) y las enormes facilidades que para ello existen en las zonas rurales (se obtienen en pocos minutos en oficinas ambulantes), la práctica imposibilidad de votar para los residentes en el extranjero (son 900.000) y la compra de votos –que toma la forma de viajes pagados con dinero público (unos 130 dólares) para participar en las contramanifestaciones chavistas, precisamente en un momento de gran penuria económica– son medidas encaminadas al fraude electoral, para garantizar un resultado aparentemente favorable a Chávez que supere ligeramente el 50 por ciento de los votos, cuando todas las encuestas independientes coinciden en cifrarlo en apenas un 20 por ciento.
Por desgracia, la comunidad internacional, pendiente de la crisis de Irak, no presta apenas atención a la dictadura chavista en ciernes. Y mientras EEUU y España miran hacia otro lado, Chávez aprovecha para acelerar la demolición de la democracia en Venezuela que, a buen seguro, alcanzará su punto culminante en el caso, bastante probable, de que finalmente se reanuden las hostilidades contra Irak. La detención del presidente de Fedecámaras y el paso a la clandestinidad del presidente de CTV (sin contar las nuevas leyes de prensa y las que prohiben las manifestaciones) tendrían que ser para la comunidad internacional motivos más que suficientes para suspender todo intento de “arreglo” con Chávez e instar al protodictador a convocar elecciones inmediatamente; sobre todo cuando la principal condición para un arreglo pacífico era, precisamente, que el gobierno de Chávez no tomaría represalias en contra de los opositores. Pero con “amigos de Venezuela” como Felipe González, Jimmy Carter, Kofi Annan y César Gaviria, Chávez puede estar bien tranquilo.