El descontento

El descontento con la gestión y las maneras del ex golpista no hizo sino aumentar; hasta que, en 2002, desembocó en una oleada de manifestaciones multitudinarias, que tuvieron por detonante una batería de medidas de marcado signo socialista. Por ejemplo, La polémica Ley de Tierras y Desarrollo Rural, que exigía a los latifundistas la devolución al Gobierno de las tierras sobre las que no pudiesen probar su posesión, independientemente de los años que llevase trabajándolas, que en muchos casos alcanzaban décadas o generaciones enteras. También está la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos e Insulares, que obligaba a dejar un espacio de 200 metros desde la línea de playa hasta la construcción más cercana, o la Ley General de Puertos.

 

A partir de ese momento la oposición demandó la convocatoria de un referéndum revocatorio. Chávez dijo una y otra vez que no renunciaría al cargo, y que la nueva Constitución estipulaba que sólo podría efectuarse una consulta de ese tipo a partir de agosto de 2003, esto es, cuando hubiese transcurrido la mitad de su mandato. Su discurso se fue haciendo cada vez más agresivo y antiestadounidense, a la vez que aumentaba los guiños a la dictadura comunista cubana.

 

Pero sus opositores denuncian que, en estos seis años, los venezolanos se han empobrecido sensiblemente, víctimas de un Gobierno anticapitalista, corrupto y represivo que pretende emular al régimen que detenta el poder en La Habana desde 1959.

 

Los chavistas, en cambio, sostienen que Chávez es el representante de los pobres y el enemigo de los oligarcas, y culpan a los empresarios, a los medios de comunicación y a los partidos políticos tradicionales de los gravísimos problemas que aquejan al país.

 

 

El 9 de abril de 2002 el antichavismo en pleno convocó una huelga de 48 horas contra la recién nombrada Directiva de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En una de las manifestaciones convocadas los opositores de dirigieron desde la sede de PDVSA hasta el Palacio de Miraflores, donde numerosos elementos chavistas les aguardaban.

 

Diecisiete personas perdieron la vida y más de cien resultaron heridas durante los choques, en los que también tomaron parte miembros de la Policía –controlada por la oposición– y del Ejército –manejado por Chávez–, así como francotiradores.

 

El Alto Mando Militar responsabilizó al ex golpista de la situación de emergencia en que se hallaba el país, lo apresó y le apartó de la Presidencia.

 

Luego de múltiples reuniones, el 11 de abril Pedro Carmona Estanga asumió, de forma irregular, la Jefatura del Estado. Inmediatamente destituyó a todos los altos cargos, disolvió el Parlamento y derogó la Constitución, y anunció que acometería un proceso electoral en un plazo no superior a un año.

 

Varios antichavistas partidarios presionaron a la cúpula militar para que declarase su apoyo a Carmona, pero los militares se desmarcaron de éste desde el mismo momento de su autoinvestidura. Los partidarios del presidente depuesto aprovecharon la enorme confusión reinante para liberarlo (estaba recluido en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención –DISIP-) y rodear el Palacio de Miraflores. Finalmente, Chávez recuperó el poder el día 14.

 

 

En esta nueva etapa el mandatario declaró “no guardar rencores” y aseguró que no tomaría represalias contra los implicados en la intentona golpista; es más, se comprometió a establecer “mesas de diálogo” con diferentes sectores de la sociedad. Andando el tiempo tales “mesas” fueron tachadas de “trampas cazabobos”, ideadas para controlar a los descontentos. Carmona Estanga, uno de los pocos que cayó preso tras los episodios de abril, huyó a Bogotá, donde reside en la actualidad.

 

El clima político, social y económico no tardó en volver a caldearse. Y entró en ebullición en diciembre, cuando los trabajadores de PDVSA se sumaron a un paro cívico nacional que, pensado para una semana, duró 62 días.