El cuatro de enero pasado, viernes, el programa informativo matinal de radio con mayor audiencia en la zona metropolitana de la Ciudad de México (más de veinte millones de habitantes) comenzaba apuradamente. Sus oyentes se sorprendieron con la voz de su conductora, Carmen Aristegui, que unos días antes anunciaba que tomaría unas vacaciones y regresaría hasta el día siete. En medio de las noticias, enlaces con corresponsales, cortes de publicidad y sintonías, la periodista dijo: "Hasta aquí hemos llegado. Éste es nuestro último programa en W Radio. Gracias en serio a quienes en su momento nos invitaron a poner los primeros ladrillos de una nueva etapa en esta emisora legendaria que es la XEW."

En su último informe, la empresa INRA, especializada en medición de audiencias, colocaba a "Hoy por Hoy" a la cabeza de las ediciones matinales en el Valle de México. El índice de penetración entre los oyentes no fue razón de peso suficiente para los directivos de Radiopolis (empresa propiedad de Televisa) y de PRISA que finalmente aprobaron la salida de la titular. Las tensiones entre Aristegui y los directivos de W Radio comenzaron hace dos años por la cobertura que la periodista comenzó a dar en su espacio a la movilización que encabezó el ex candidato del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde esos micrófonos, Obrador o sus colaboradores denunciaban constantemente lo que calificaban de "usurpación de la presidencia" por parte del ganador de los comicios, Felipe Calderón Hinojosa. Según el recuento oficial, la diferencia de votos entre ambos fue de 0.58 por ciento equivalentes a 236 mil 006 votos de un total de 42 millones.

En los cinco años que estuvo al frente de “Hoy por hoy”, Aristegui dio un seguimiento puntual a varios escándalos de índole nacional. Destacan el de la empresa Hildebrando, propiedad de Diego Hildebrando Zavala Gómez, bautizado por la prensa como el "cuñado incódomo" de Felipe Calderón y hermano de Juan Ignacio Zavala, actual responsable de operación de PRISA en México. En ese noticiero se conocieron grabaciones telefónicas en las que el empresario textil Kamel Nacciff y el gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, organizaban una trama contra la periodista Lydia Cacho, autora de un libro que denunciaba una red pederasta. La conductora también dio voz a los demandantes del arzobispo primado de México, Norberto Rivera, acusado de complicidad en actos de abuso de menores. Hizo pública la denuncia de la violación y asesinato por parte de miembros del Ejército contra Ernestina Ascencio, una indígena del estado de Veracruz cuya muerte el propio Calderón la atribuyó a un “malestar gastrointestinal”.

La periodista tampoco se cortó al abrir sus micrófonos a los legisladores contrarios a las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, la llamada Ley Televisa. La iniciativa fue aprobada en marzo de 2006 por la Cámara de Diputados en un lapso de siete minutos y sin lectura previa, situación insólita en la historia mexicana. En el último año de la presidencia de Fox, la normativa fue pasó en el Senado sin mayores cambios. La controversia radica en que la ley consagra la desregulación del espectro digital en favor de los dos grandes consorcios televisivos: TV Azteca y Televisa que accederán al uso, libre de todo cargo, de un bien considerado por la Constitución como público y perteneciente al Estado mexicano. Las dos empresas se garantizan, así, el duopolio de los medios de comunicación de México.