María Teresa Fernández de la Vega

Eurodiputados socialistas pidieron a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero comparezca ante el Parlamento Europeo para transmitir su visión sobre la UE, porque "Europa necesita su voz". Los eurodiputados Carlos Carnero, Luis Yáñez y Enrique Barón transmitieron la invitación a De la Vega este martes durante una reunión del grupo socialista en el Congreso, con motivo de la apertura del VI periodo de sesiones. Yáñez explicó que los eurodiputados consideran que el presidente "debería ir, porque hay mucha expectación, no sólo en el grupo socialista, sino en otros grupos políticos".

El diputado del PSE ha asegurado que el llamado proceso de paz  "sigue su cauce, independientemente de que haya voces que hablan de bloqueo" y que su desarrollo "tardará más o menos, pero está abierto y continúa". Manuel Huertas ha insinuado también que la mesa de partidos puede estar constituida en otoño. Pero no sólo eso. El socialista vasco ha puntualizado las palabras de la vicepresidenta del Gobierno. De la Vega dice en ABC que el acercamiento de presos etarras es un tema que "en estos momentos no está encima de la mesa". De tal manera que ni confirma ni desmiente. Sin embargo, Huertas despeja la duda: "los habrá en su momento".

Mientras la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega clama que "no va a tolerar que sigan llegando indocumentados", los centros de internamiento canarios ya se han visto desbordados. El domingo se alcanzó la cifra de 5.461 inmigrantes arribados al archipiélago donde se cuenta con 5.446 plazas. Este lunes ya han llegado 522 personas más y ha sido avistado otro cayuco en el que se espera que lleguen otras 110. Además, otros 700 inmigrantes han tenido que ser alojados en las dependencias de la comisaría del sur de Tenerife a la espera de que les asignen plaza en uno de estos centros. Por lo tanto, serían necesarias más de 1.300 plazas añadidas para acoger a todos.

España enviará al Líbano hasta 1.100 militares, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno. Fernández de la Vega ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el despliegue se hará en dos fases. En la primera irá un batallón de infantería de Marina, que será relevado en noviembre por una brigada multinacional, liderada por España en el sur del Líbano. Se ha negado a dar más detalles porque, según ha dicho, lo hará el ministro Alonso el próximo jueves en el Congreso. Rechazaba así la petición del PP para que sea Zapatero el que comparezca.

Tras las últimas informaciones sobre el 11-M publicadas por Libertad Digital y El Mundo a lo largo de los últimos días, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha servido para que la vicepresidenta primera del Gobierno volviera a repetir que no hay valoraciones. A la pregunta de si el Ejecutivo sigue confiando en la investigación policial, tras concluirse en el sumario que la mochila de Vallecas "pudo haber sido manipulada", De la Vega ha evitado dar una respuesta concreta, y se ha limitado a predicar que "nadie está más interesado en que se esclarezca el 11M que el Gobierno". LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino.

La vicepresidenta se ha limitado a recordar que es "una facultad constitucional del presidente" practicar cambios en su Gobierno, refiriéndose al relevo de José Montilla por Joan Clos en Industria. Cuando se le ha recordado que José Luis Rodríguez Zapatero prometió que nunca permitiría que un ministro dejara su Gobierno para ir de candidato a una Comunidad Autónoma, María Teresa Fernández de La Vega ha pedido "el máximo respeto para la decisión" de Zapatero. Al mismo tiempo, ha anunciado enigmáticamente que "a lo mejor ni el señor Montilla ni el señor Clos se sientan en el próximo Consejo de Ministros" que se celebrará el 8 de septiembre.

El director ejecutivo de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) Ilkka Laitinen, rechazó este jueves las críticas expresadas por España sobre la lentitud en el despliegue del operativo de la Agencia en las costas canarias para hacer frente a la oleada de inmigración ilegal. Además, recordó que "la principal responsabilidad en el control de las fronteras exteriores recae en los Estados miembros" y que la Agencia juega un papel "complementario".

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han pedido este miércoles al presidente del Gobierno una "reunión de urgencia" con las seis comunidades que acogen a la mayoría de inmigrantes que llegan a Canarias. Según el presidente valenciano, Francisco Camps, eso serviría para que Zapatero tuviera "noticias de primera mano" sobre lo que piensan estas regiones. El murciano Ramón Luis Valcárcel propuso un Pacto de Estado para tratar de solventar la "mala gestión" del Gobierno central en esta materia, que "ha convertido en un problema lo que era un fenómeno positivo".

Jesús Caldera, de vuelta de sus vacaciones, ha afirmado que el 80 por ciento de los 12.000 indocumentados llevados este año a la Península fueron acogidos por ONG, y el resto, por las comunidades autónomas. "La distribución es equitativa", ha dicho en contra de los datos del propio Gobierno, mientras que ha calificado de "injustas" las críticas de la Comunidad de Madrid, que ha recibido más de la mitad de los subsaharianos. Desde esta región, han denunciado que las plazas para ellos las han "financiado con su dinero" pues hasta esta semana no han recibido la mitad de los 40 millones de euros que le prometió el Ejecutivo. "El reparto es discriminatorio", insisten.