Tribunal Constitucional

La Asociación de Fiscales previene contra un posible "fraude de ley" en el relevo de Pablo Pérez Tremp en el Tribunal Constitucional. Recusado por el PP, el magistrado que asesoró a la Generalidad no intervendrá en la deliberación sobre el recurso presentado por los populares contra el Estatuto catalán. De ahí, que el Gobierno se plantee ahora el relevo para imponer su cálculo de una mayoría de magistrados favorable a la Ley catalana de la que depende –ya lo ha avisado el PSC– la continuidad del Gobierno. Guillermo García-Panasco, presidente de la Asociación de Fiscales, estima que un relevo "con la única y exclusiva finalidad" de decantar el equilibrio del Constitucional e ingeniar una determinada sentencia, "yo creo que estafa judicial, no, pero –desde luego– fraude de ley, seguro que sí" se produciría, ha declarado a COPE.

Ya se perfila cuál será la reacción del Gobierno ante la recusación de Pérez Tremps en el Constitucional: la sustitución del magistrado por otro nombrado por el Ejecutivo. Si López Aguilar se limitó a decir el martes que esa opción "no está planteada", Fernández de la Vega ha continuado este miércoles abriendo camino al nombramiento de otro juez. Según la vicepresidenta, sería "lo normal" en el caso de que Pérez Tremps, en vez de inhibirse, decida dimitir de su cargo. La vicepresidenta respondía así a las advertencias del PP. El partido cree que si el Gobierno interviniera para lograr un resultado favorable al texto catalán sería un "escándalo democrático".

CiU presume un fallo del Tribunal Constitucional desfavorable al Estatuto de Cataluña. La recusación del magistrado que asesoró a la Generalidad durante la elaboración de la Ley ha puesto en alerta a la coalición nacionalista. Jordi Pujol ha pronosticado este domingo que el recurso "no acabará bien" para los nacionalistas, ya que, a su juicio, el Constitucional emitirá una sentencia que recortará el Estatuto. Artur Mas, por su parte, estima que la situación de la norma catalana en el alto Tribunal "no pinta bien", según publica este domingo El Periódico. En El Mundo, el líder de CiU critica la recusación de Pérez Tremps. "Es bastante inaceptable que, al final, una sentencia del Constitucional dependa de un miembro más o menos", ha lamentado.

En la sesión de control al Gobierno, los diputados del PP Ángel Acebes y Eduardo Zaplana exigieron a la vicepresidente del Gobierno que respete la independencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo De la Vega, como ya hizo horas ante en rueda de prensa, ha sugerido que al Ejecutivo no le temblará la mano para forzar la dimisión del magistrado Pérez Tremps, porque estaría cumpliendo su "función constitucional de cubrir la vacante de un magistrado". Acebes lanzó una "seria advertencia" al Gobierno: "Mucho cuidado con llevarse por delante la independencia y la credibilidad del Tribunal Constitucional" para "salvar la cara al señor Zapatero". 

El ministro de Justicia se ha  referido a la principal duda en torno a la recusación de Pérez Tremps: si el Ejecutivo planea sustituirle por otro magistrado en el Constitucional. Una posibilidad de la que Astarloa dijo que sería un "escándalo democrático" mientras Zaplana dudó que "se atrevieran a tanto". Según López Aguilar, "no está planteado". Respecto a la decisión, el ministro ha destacado que no tiene precedentes antes de afirmar que "es muy difícil que haya profesores de Derecho Constitucional", como es el caso de Tremps, que no hayan escrito sobre Estatutos. El recusado cobró 6.000 euros por un informe sobre el texto para la Generalidad.

El portavoz del PP en el Congreso ha mostrado su satisfacción tras la decisión del Constitucional de recusar al magistrado Pérez Tremps por haber elaborado un informe favorable al Estatuto. Según Zaplana, es "una victoria del sentido común y de la lógica democrática". El dirigente popular, tras celebrar que también es una "victoria" de la "credibilidad" del Tribunal, ha afirmado que "la razón se va imponiendo". Respecto a la posibilidad de que el Gobierno nombre otro magistrado afín al PSOE, Zaplana ha dicho que no cree que "se atreva a tanto". Ignacio Astarloa ha advertido que sería "un escándalo democrático".

La aceptación de la recusación del magistrado que elaboró un informe a favor del Estatuto ha comenzado a generar reacciones entre los nacionalistas y los socialistas, que han decidido dirigir sus críticas contra el PP ante una decisión judicial que no les gusta. Desde la Generalidad, el órgano que encargó el documento a Pérez Trems, Montserrat Tura cree que la recusación se debe a la "instrumentalización" de la Justicia por parte de los populares. Mientras, CiU ha lamentado la "deriva de politización partidista" del tribunal. El único partido, además del PP, que ha celebrado la medida ha sido Ciutadans.

Ignacio Astarloa ha calificado de "extraordinariamente positiva" la decisión del Constitucional –con un ajustado margen– de recusar al magistrado Pérez Tremps para que no decida sobre el recurso del PP al Estatuto de Cataluña. "Apelábamos al derecho de tener un juez imparcial", ha explicado el diputado en alusión a que Tremps había elaborado un informe para la Generalidad a favor del texto. En la COPE, Astarloa ha celebrado que con la medida "se sumen elementos" para que se diga "lo que se tiene que decir": que el Estatuto es inconstitucional "hasta la raíz más profunda" del modelo de Estado. Ahora el PP espera que el Gobierno no intervenga "como un burro en una cacharrería" nombrando un juez afín al PSOE.

El Mundo publica este lunes en su portada el justificante de pago que entregó la Generalidad al juez Pablo Pérez Tremps por un dictamen jurídico sobre el Estatuto catalán. Fueron 6.000 euros por un estudio sobre las relaciones exteriores de Cataluña. Parte del informe jurídico se incluyó en el Estatuto. El contrato fue suscrito tres meses antes de que Pérez Tremps fuera nombrado magistrado del Constitucional, el mismo órgano que tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma catalana. El PP le ha recusado. También hizo lo mismo con la presidenta del TC, María Emilia Casas. Su marido, el catedrático Jesús Leguina, participó en el mismo informe. En este caso la recusación ya ha sido rechazada.