Tribunal Constitucional

"Sonroja ver cómo se utiliza una institución jurídica con una recusación con motivos estrictamente de partido, que consiste en intentar mediatizar las resoluciones de ese tribunal, y quitando de en medio a los que no gustan". La frase es de Bermejo y lo dice sin sonrojarse. Porque se refiere al PP, no al Gobierno, que ha recusado a dos jueces por opinar por escrito sobre la "enmienda Casas".  Tampoco le sonroja ver a María Teresa Fernández de la Vega abroncando a María Emilia Casas en medio de la polémica sobre el Constitucional.

El Gobierno ha conseguido su objetivo: empantanar el Tribunal Constitucional para que no pueda resolver sobre el Estatuto de Cataluña antes de las Elecciones Generales de marzo. Primero intentó cambiar la Ley para prorrogar el mandato de Emilia Casas, ahora ha colapsado la institución con una guerra de recusaciones. Por primera vez en la etapa democrática, un Gobierno ha recusado a magistrados del TC. El último embate es la manipulación por El País y el Gobierno de un supuesto escrito en la que seis magistrados desmontarían la recusación presentada por el PP contra tres miembros del TC, en respuesta a la del Gobierno contra otros dos. El PP asegura que esa carta es "falsa". El ministro de Justicia, por su parte, se aferra a la pinza con El País, da por bueno el documento y acusa al PP de "jugar con las instituciones".

El Gobierno pelea por el control del Tribunal Constitucional, magistrado a magistrado. La técnica para asegurarse una mayoría en el Pleno es lo bastante especializada como para que el ministro de Justicia se sienta a sus anchas manipulando los datos y acusando al PP de "jugar con las instituciones", acusación perfectamente reversible contra el Gobierno, a la luz de las evidencias; entre otras, el hecho de que, por primera vez en la etapa democrática, el Gobierno ha recusado a dos magistrados a los que no controla. El Ejecutivo cuenta con un importante aliado en la trascendental batalla de recusaciones previa al fallo sobre el Estatuto de Cataluña. Se trata de El País. Informaciones de este diario preceden a las actuaciones de la Abogacía del Estado contra la recusación promovida por el PP. Este miércoles, además,  Mariano Bermejo se ha apoyado en una noticia periodística parcial y no contrastada para sostener que la recusación de tres magistrados por el PP se basa en "una documentación que no es real".

El secretario de Libertades Públicas y Seguridad del PP, Ignacio Astarloa, criticó este viernes las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, en las que denuncia intentos de "desestabilizar" el alto tribunal. En su opinión, debería hablar "en las sentencias" y no a través de la prensa. Señaló además que su partido aún no ha recibido ninguna comunicación del alto tribunal en relación con las recusaciones de magistrados.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este jueves dar traslado al Gobierno y al PP de un escrito en el que seis magistrados de este órgano- entre ellos los tres recusados por el principal partido de la oposición– niegan haber anticipado su opinión sobre la citada norma, por lo que no estarían "contaminados" para debatir sobre ella. Esta decisión la han acordado con el fin de evitar que tanto el Ejecutivo como el PP puedan alegar en el futuro indefensión por no haber tenido la oportunidad de pronunciarse sobre documentos que afectan al núcleo del debate sobre las recusaciones. Contra esta decisión han anunciado voto particular los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo, los dos recusados por el Ejecutivo.

Los diez magistrados del tribunal Constitucional convocados este miércoles al Pleno en el que se trataban las recusaciones de cinco de ellos en la causa por el recurso interpuesto por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica que regula esta institución (LOTC), finalizaron el debate sin haber alcanzado ninguna decisión oficial con respecto a estos incidentes procesales, de cuya resolución dependerá el futuro equilibrio de fuerzas en esta alta institución del Estado. Se trata de una situación sin precedentes en el Constitucional que podría acabar con el bloqueo de la institución por falta de quórum.

El presidente del PPC ha hecho unas sorprendentes declaraciones a La Vanguardia. En una entrevista publicada este sábado, Daniel Sirera dice que sería un "desastre" que Cataluña se quedara sin Estatuto. "Espero", afirma el también senador, que el Constitucional haga una resolución interpretativa". En su opinión, "no entra dentro de la lógica" que el tribunal "modifique el texto". El Estatuto está pendiente de que se resuelvan varios recursos de inconstitucionalidad en su contra, entre ellos, el que presentó en su día el PP.

El presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, comparó este miércoles la situación de bloqueo del Tribunal Constitucional (TC), que tiene varios recursos sobre la mesa contra el Estatuto, con las maniobras para recuperar el poder "por medios no democráticos" hace veinticinco y setenta años, en referencia al golpe militar del general Franco en 1936 y el intento de golpe de Estado de Antonio Tejero en 1981. Montilla ha culpado al PP de esta situación, pese a que el Gobierno ha recusado a dos jueces.

La reforma constitucional está dejando de ser un tabú para algunas mentes del PP. El ex ministro del Interior aboga abiertamente por una reforma tras la experiencia de estos cuatro años de poder e intimidación de las minorías nacionalistas coaligadas con el PSOE para expulsar del sistema a casi la mitad de la sociedad española. La idea de una reforma ha decaído entre las prioridades de la Dirección del PP, pero ha sido relanzada con fuerza por algunas de mentes de este partido, entre otros, por Alejo Vidal Quadras, Santiago Abascal o el propio Jaime Mayor Oreja. "Sí, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda de qué tipo de reforma constitucional hay que hacer", declara Mayor este lunes al diario La Razón.