El inspector Parrilla está en la cárcel desde el pasado martes por revelación de secretos. Tras prestar declaración ante Del Olmo, el juez dictó orden de prisión. Le daba así el mismo tratamiento que a los otros detenidos por su implicación en la trama de la Goma 2 aunque la imputación de estos últimos es mucho más grave: delitos de tráfico de explosivos, tráfico de drogas y detención ilegal. Según publica El Mundo, este policía ha presentado dos recursos en la Audiencia Nacional. En uno pide al magistrado que se inhiba por "incompetencia manifiesta". En el otro reclama su excarcelación. Como el sindicato mayoritario de la Policía, sostiene que no hay pruebas que justifiquen la prisión preventiva.

El PP ha tenido que recordar al Gobierno que el auto del Tribunal Supremo "no dice" que se pueda negociar políticamente con Batasuna-ETA después de que miembros del Ejecutivo y del PSOE hayan interpretado que el alto tribunal avala esta negociación. El Gobierno ha hecho "una lectura profundamente equivocada y errónea", ha advertido Ángel Acebes. Tras el triunfalismo de De la Vega, quien aseguró que se "ha abierto un camino", Rubalcaba decía este viernes que "el Tribunal Supremo ha declarado legales" las reuniones con los proetarras y reprochaba al PP que en la tregua-trampa del 98 se reuniera con Batasuna sin mencionar que entonces era una formación legal.

El partido que dirige Carod Rovira seguirá pidiendo parte de su sueldo para financiar el partido a personal eventual de las administraciones públicas donde gobierne, según recoge el reglamento de la Carta Financiera. El reglamento no especifica si los obligados a pagar son sólo los militantes o cualquier personal eventual que dependa políticamente de ERC, tanto en ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales o en la propia Generalidad. Tampoco se está exento en caso de que se sea funcionario y se ocupe un alto cargo de libre designación por parte de ERC, según muestra el reglamento. La Carta Financiera fue un documento aprobado por el Consejo Nacional de Esquerra que justifica el despido de quienes se negaban a pagar las cuotas exigidas por el partido.