La irrupción de Garzón en el caso de los peritos que encontraron relación entre ETA y el 11-M sigue generando reacciones. La primera la protagonizó el número dos de Rubalcaba, Antonio Camacho, y su amenaza de ser "implacables contra cualquier conducta tanto dentro como fuera de las instituciones policiales que ponga en cuestión el buen hacer de una policía profesional y democrática”. Por otro lado, la defensa de los peritos ha recurrido la competencia de Garzón en el caso y Manos Limpias le ha denunciado por ello ante el CGPJ que ya ha arrancado una investigación. Mientras todo estro ocurría en Toledo, Interior condecoraba a los escoltas que mintieron en el caso Bono.

"El mejor homenaje a las víctimas es que no haya ni una más", ha dicho el alcalde de Sevilla para justificar su ausencia de la manifestación de las víctimas del terrorismo en la capital andaluza. Además, ha descartado que deje su cargo como presidente de la Fundación Alberto Jiménez Becerril, como le han exigido el PP y Alcaraz. Él, dice, está con "las víctimas y con el Gobierno". Además, ha hecho una aclaración: el colectivo, según él, "no es una asociación de víctimas, es una Fundación" y en ella están representadas "diversas entidades". Mientras, el PSOE de Andalucía señala que no estuvo presente en la marcha ninguno de sus miembros por la "utilización obscena" de las víctimas por parte del PP.
   

La Policía gala descubrió a finales de la pasada semana un escondite utilizado por ETA para guardar armas y componentes para fabricar sus explosivos. Allí había 175 kilos de productos químicos, tres fusiles de asalto, dos metralletas y dos pistolas automáticas. Aunque no ha trascendido hasta este lunes, días antes se había localizado otro zulo con documentación y material informático de los etarras. Se trataría de los primeros que se producen desde el pasado mes de marzo, cuando los agentes encontraron 650 kilogramos de polvo de aluminio y nitrato y decenas de detonadores y temporizadores en el suroeste del país vecino.