Garzón, ignorando que no tiene competencias en este caso, ha imputado un delito de falsedad en documento oficial a los peritos que elaboraron el informe sobre el ácido bórico que relacionaba a ETA con el 11-M. El juez les acusa de falsificar la fecha del informe. Según el auto, los imputados entregaron este documento a su jefe, Francisco Ramírez, quien les ordenó que suprimieran la referencia a ETA. Al negarse los peritos, el propio Ramírez suprimió la alusión a la banda terrorista, lo firmó y lo remitió al juez Del Olmo sin haber realizado él los análisis. Un año y cuatro meses después, los peritos sacaron de su ordenador el informe original para demostrar que Ramírez lo había falseado. Como lo volvieron a firmar Garzón da la vuelta a esta historia y les imputa a ellos el delito. LEA AQUÍ EL AUTO. Análisis de Luis del Pino

La Consejería de Interior del Gobierno vasco lleva dos días advirtiendo a los escoltas privados de los amenazados por ETA que deben extremar las medidas de seguridad personales y hacia sus protegidos. Los primeros mensajes vía SMS llegaron a los móviles de los escoltas tanto el jueves como el viernes. En los mismos se les recuerda la necesidad de hacer constantes cambios en los itinerarios de sus protegidos y prestar especial atención a las labores de contravigilancia.

La Moncloa ha aparcado su habitual indolencia institucional con el PP, para criticar con dureza su "actitud cicatera e irresponsable" ante el próximo debate en la Eurocámara sobre la negociación con ETA. La vicepresidenta celebró "la buena noticia" de que vaya a hablarse del llamado "conflicto vasco" en el Parlamento Europeo, tal y como exigió Batasuna-ETA. "El Parlamento Europeo también es nuestro parlamento", dijo este viernes María Teresa Fernández. El presidente tampoco cumplirá con su compromiso de informar de la marcha de sus tratos con ETA antes del 30 de septiembre. Sigue sin haber fecha para la comparecencia de Rubalcaba, según reconoció Fernández de La Vega.