La Justicia ha dado finalmente la razón a los médicos de la sanidad privada que denunciaron la discriminación de la Comunidad Valenciana al no vacunarles al mismo tiempo que a aquellos que trabajaban en la pública. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante entiende que "hubo exclusión y se vulneraron derechos fundamentales" y condena a la Consejería de Sanidad a pagar 10.000 euros al Colegio de Médicos de la ciudad, que había presentado la denuncia, por los daños morales ocasionados.
En primer lugar, el juzgado constata que es una "evidencia" que los acuerdos adoptados tanto a nivel estatal como autonómico no distinguían en su momento entre el lugar de trabajo de los profesionales sanitarios cuando estos fueron considerados un colectivo prioritario, por lo que entiendo que eran aplicables a todos ellos "con independencia" de que ejercieran "para una empresa privada o de manera autónoma".
Así, considera que todo el personal que estuviera en primera línea de batalla contra el virus "tenía absoluta prioridad para ser vacunado, prioridad que la Administración valenciana no respetó". Además, recuerda que "en la vacunación del primer grupo, residentes y personal sanitario en residencias de ancianos, no se distinguió entre aquellas residencias pertenecientes al sector público y las integradas por el sector privado".
Una "flagrante" vulneración de derechos
En una durísima resolución, el juzgado alicantino llega a decir incluso que "la lógica de la prelación efectuada es tan aplastante que no merece mayor comentario" y hace uso un de símil castrense para sacar los colores al Gobierno de Ximo Puig: "Es como si los oficiales abandonasen a los soldados situados en primera línea sabiendo perfectamente que los mismos podían enfermar y morir".
Con todo, la sentencia, concluye que los médicos de la privada fueron relegados "de manera manifiesta" a la hora de recibir la vacuna e "ignorados por a Administración como si no existieran", en lo que, según el juez, constituye una "vulneración flagrante del principio de igualdad".
La exclusión fue "deliberada"
En este sentido, el auto echa por tierra las excusas del Gobierno valenciano que, entre otras cosas, alegó que no existían vacunas suficientes para el personal de la privada, un argumento que "queda desmontado con datos que ponen de manifiesto el número de vacunas recibidas".
"No estamos ante un olvido o una insuficiencia de vacunas, sino ante una deliberada falta de cumplimiento de la normativa aprobada por el ministerio", concluye. Ante la inequívoca apreciación de la Justicia, el Colegio de Médicos de Alicante no ha hecho más que mostrar su "satisfacción" por un fallo que legitima todas y cada una de las denuncias.