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Sector energético

Trinidad Jiménez dice que hablar ahora de prospecciones petrolíferas daña la relación con Marruecos

El hecho de que Marruecos haya concedido prospecciones petrolíferas en aguas españolas a empresas extranjeras (una británica y dos australianas) es para Trinidad Jiménez un asunto sobre el que no se debe especular. Dice que "entre España y Marruecos existe una relación como no existía hace años", y que "abrir elementos de conflicto o especular sobre determinadas cuestiones no conduce a nada". Benaissa le dijo a Moratinos durante su visita a Marruecos que no sabía nada del asunto y le prometió investigar.

Irak suspende la exportación de crudo tras la explosión de un oleoducto al norte del país

La exportación de crudo iraquí a través del puerto turco de Ceyhan, en el mar Mediterráneo, fue suspendida este martes tras una explosión en el oleoducto que une Kirkuk con este paso marítimo, informó la Compañía de Petróleo del Norte (CPN). Su portavoz, Naser Qassem Abdel Yabar, dijo que esta mañana se registró una explosión en el tramo del oleoducto que transcurre cerca de la ciudad de Fatha, a unos 120 kilómetros al oeste de Kirkuk, centro de la industria petrolera del norte del país.

Marruecos abre un nuevo conflicto diplomático al conceder derechos petrolíferos en aguas españolas

Marruecos ha abierto un nuevo frente diplomático en el Gobierno de Zapatero que ha obligado al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, a trasladar a su colega marroquí, Mohamed Benaissa, su preocupación. El conflicto ha surgido después de que el país norteafricano concediese derechos petrolíferos en aguas jurisdiccionales españolas. Benaissa ha afirmado no estar al corriente de esta operación.

Industria estudia transferir a las autonomías parte del derecho de fijar las tarifas eléctricas

La intención del titular de Industria, José Montilla, es aumentar el poder de las comunidades autónomas para que éstas puedan intervenir no sólo en el tema de la distribución, como lo hacen actualmente, sino también en el precio del servicio. Esto implicaría acrecentar las facultades de las regiones para castigar a las empresas por las deficiencias en el suministro, ya que actualmente sólo pueden aplicar unas sanciones limitadas.
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