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Pederastia

Bermejo propone los inhibidores del deseo sexual como solución para los pederastas

El asesinato de la niña Mari Luz Cortés y las últimas detenciones por pornografía infantil a través de Internet han creado una gran alarma social en España. Por ello, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado que es partidario del uso de medicamentos inhibidores del deseo sexual para pederastas no rehabilitados para evitar casos como el de la niña de Huelva. Sin embargo, ha evitado referirse a los problemas judiciales que provocaron la cadena de errores en este caso. La "justicia digital", su solución.

El Gobierno desoye las propuestas de Múgica para castigar los delitos sexuales

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, abrió durante 2007 un total de 262 expedientes de oficio, un 84,5 por ciento más que en 2007 y recogió igualmente 17.373 expedientes de queja. De hecho, revela que el tratamiento del Código Penal acerca de los delitos sexuales "resulta insatisfactorio". Además, ha recalcado que "no ha recibido respuesta" sobre su propuesta para abordar una posible reforma legislativa. Múgica presentará la memoria de 2007 en comparecencia parlamentaría en la que desglosará las materias que más quejas suscitaron los ciudadanos españoles.

La caravana de la familia de Mari Luz regresa a Huelva con un millón de firmas

La caravana que ha llevado a la familia de Mari Luz por toda España en pos de conseguir las firmas suficientes para conseguir la cadena perpetua para los pederastas ha llegado este lunes a Huelva con más de un millón de firmas. En una rueda de prensa, Juan José Cortes ha anunciado que la recogida de firmas se prolongará hasta octubre poder llegar a las 4 millones de adhesiones. Por su parte, el Partido Popular, tras reunirse con Juan José Cortes, ha presentado una proposición no de Ley para "elevar de forma ejemplar las penas para los infractores de delitos de pederastia".

El Supremo deniega el derecho a la intimidad en los datos del programa eMule

Una sentencia del Tribunal Supremo ha avalado los rastreos informáticos del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil en internet y ha anulado una de la Audiencia de Tarragona que absolvió de un delito de difusión de material de pornografía infantil a una usuaria de eMule. La resolución establece que los datos que circulan a través del programa se convierten en públicos para los usuarios de la red y no están protegidos por el derecho a la intimidad ni el derecho al secreto de las comunicaciones, por lo que la Policía puede acceder a ellos.
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