Zaplana exige la dimisión de Narbona y reta a Rubalcaba a demostrar la tesis de la trama incendiaria
En el Congreso funcionó el bloqueo del PSOE y los nacionalistas para que ni Narbona ni Rubalcaba hablen de los incendios y sus supuestas tramas. Fuera de la Cámara, Nunca Mais salió en defensa de la Xunta pero se topó con asociaciones independientes que han recordado el verdadero papel de la plataforma propagandista. El PP exigió la dimisión de Cristina Narbona "por sembrar bulos y por negligencia". Hasta Touriño se apeó de las tesis de la ministra. Zaplana apuntó que si el detenido que fue candidato del PSOE en las municipales hubiera sido del PP, "hoy sería el delincuente más conocido del país". El escándalo del día llegó con la reflexión del consejero gallego de Medio Ambiente: "El 98 por ciento de Galicia no ardió".
Zaplana, quien defendió ante la Diputación Permanente del Congreso la propuesta del PP para que comparezcan los ministros de Interior, de Medio Ambiente y de Agricultura para informar de los incendios forestales, acusó al Gobierno de haber perdido "por tercer año consecutivo" la batalla contra los incendios, recordó en ese sentido los siniestros de Huelva (2004) y Guadalajara (2005), y dijo que la combinación de Gobiernos autonómicos y central socialistas resulta "letal" para los montes y "un peligro" para el medio ambiente.
El portavoz, quien inició su intervención solidarizándose con las familias de los cuatro fallecidos, se refirió a "la mano negra de la ineficacia" y citó como denominadores comunes de los incendios de los últimos años la "flagrante incompetencia" y descoordinación entre administraciones, la imprevisión, los errores de cálculo al valorar la magnitud, la demora injustificada en pedir ayuda, y la "desconsideración, inoperancia y frivolidad" del Gobierno. Mantuvo que los incendios se han transformado en catástrofe debido a la "imprevisión" del Gobierno, a la falta de medios y a la ausencia de protocolos de actuación, y denunció que responsables del Gobierno hayan imputado responsabilidades "a discreción".
Zaplana observó que las estimaciones más pesimistas apuntan que se ha quemado el cinco por ciento de la superficie de Galicia, dijo que se trata de "la mayor catástrofe ecológica" en la región, y contrastó las cifras de superficie quemada aportadas por la Xunta (77.000 hectáreas) con las 180.000 que han aportado otras fuentes "utilizando datos de los satélites de la NASA". Subrayó la trascendencia de esas mediciones para cuantificar las ayudas de los damnificados, y agregó que a la hora de extinguir incendios "la falta de transparencia, la improvisación, la indolencia y la irresponsabilidad del Gobierno prenden más que la gasolina".
Eduardo Zaplana denunció la política de "tierra quemada" en materia forestal que ha practicado la Xunta con lo hecho por los gobiernos del PP, y acusó al Ejecutivo autonómico de haber desmantelado el dispositivo humano de extinción de incendios y de que ahora sea necesario "saber gallego para apagar fuegos". "La parcelación de España, hacer del Estado un mero residuo, tiene estas consecuencias", según Zaplana, quien agregó que la actuación "ha rayado entre la irresponsabilidad y la frivolidad en las personas del ministro del Interior y de la ministra de Medio Ambiente". Respecto a las causas, señaló que "son las de siempre", y adelantó que si no se aceptan las comparecencias que ha pedido el PP, solicitarán la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso.
La diputada Ana Pastor, por su parte, reclamó una serie de políticas de reparación al Gobierno y la Xunta -tras haber dedicado a la prevención "menos medios que nunca este año"- entre ellas la declaración inmediata de Galicia como "zona catastrófica" por decreto-ley y un cálculo exhaustivo de hectáreas y personas afectadas, ya que de ello dependerá el fondo de solidaridad que aporte la UE, y que el PP pretende solicitar, anunció.
Defendió las medidas incluidas en la proposición no de Ley presentada hoy por grupo popular ante los incendios en Galicia, entre las que destacó la creación de un centro de gestión de crisis en el que se integren las CCAA con competencias de protección civil, así como la aprobación inmediata de ayudas para los afectados.
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