(Libertad Digital) El secretario de Política Lingüística de la Generalidad, Bernat Joan, ha dicho ante el Parlamento británico: “Nosotros intentamos asegurar que haya igualdad entre español y catalán, y eso supone corregir las desigualdades de la Historia. Si no corrigiéramos esas desigualdades, el catalán no sobreviviría”.
Preguntado por un diputado galés sobre la posible contradicción entre lo que establece la Constitución y la imposición del catalán en la escuela, Bernat Joan ha dicho que “a veces sería mejor no tener una Constitución“, si se le permitía la broma. Joan ha negado la existencia de "multas lingüísticas" contra las pequeñas y medianas empresas argumentando que siempre buscan el consenso –sólo se trata de "medidas proactivas"- y que dan facilidades para cumplir la Ley.
UPyD considera una “desfachatez” las declaraciones del Secretario de Política Lingüística de la Generalidad. “En ellas, además de permitirse el lujo de hacer mofa con el cumplimiento o no de la Constitución -en ámbitos en los que la misma proclama derechos fundamentales- sus argumentos son falaces y torticeros”.
El portavoz en Cataluña de la formación liderada por Rosa Díez, Juan Perán, recuerda que “nadie con un mínimo de conocimiento y responsabilidad puede defender que la aplicación de la Ley se negocia con los ciudadanos y se ayuda a estos a cumplirla con medidas proactivas. Las leyes se cumplen o no se cumplen y de ello se derivan las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico”.
“Es evidente que las normas de la Generalitat reguladoras de la cuestión lingüísticas en Cataluña son contrarias a derechos fundamentales constitucionalmente protegidos y es rotundamente falso que no se hayan impuesto y se sigan imponiendo sanciones a comerciantes modestísimos, con multas de hasta 600 euros”, señalan en un comunicado.
“Es incierto que el catalán esté amenazado y que necesite esa protección coercitiva porque sino desaparecería. La prueba evidente es que sobrevivió tras 40 años de dictadura que lo prohibió expresamente”.
“Es cierto, sin embargo, que el arco parlamentario comparte la política de discriminación que actualmente se ejerce en Cataluña y que va en contra de la mayoría de la ciudadanía catalana y por tanto, de su realidad social. Más del 53 por ciento de los catalanes tienen el castellano como lengua habitual. Esto demuestra a las claras que la clase política en Cataluña gobierna al margen de los catalanes en éste y en la mayoría de las cuestiones de su interés”, concluye.