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Una sentencia que anula el título de examinador a 27 personas podría dejar sin carné de conducir a más de 70.000 personas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) ha denunciado este lunes que entre 60.000 y 70.000 ciudadanos podrían perder su carné de conducir después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado el título de examinador a 27 personas. De acuerdo con la sentencia, los examinadores que formaron a estas personas carecían de los "requisitos necesarios". El fallo anula el curso y como "lógica consecuencia" la titulación que habilita a los alumnos de éste para ejercer como examinadores, por lo que los permisos aprobados por éstos en el desarrollo de su trabajo no son legales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) ha denunciado este lunes que entre 60.000 y 70.000 ciudadanos podrían perder su carné de conducir después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado el título de examinador a 27 personas. De acuerdo con la sentencia, los examinadores que formaron a estas personas carecían de los "requisitos necesarios". El fallo anula el curso y como "lógica consecuencia" la titulación que habilita a los alumnos de éste para ejercer como examinadores, por lo que los permisos aprobados por éstos en el desarrollo de su trabajo no son legales.
L D (EFE) La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia que la que anula un curso de formación de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), que se realizó en Barcelona entre abril y mayo de 2005. De acuerdo con la sentencia, el curso fue impartido por examinadores nombrados arbitrariamente y que carecían de los "requisitos necesarios" para llevar a cabo esa tarea. En este sentido, recuerda que la formación de los examinadores es tarea de "competencia exclusiva" de los Instructores de Formación Vial.

El coordinador Nacional de Tráfico del CSI-CSIF, Manuel Jesús Santiago, asegura que existe la posibilidad de que con este fallo -que anula el curso y como "lógica consecuencia" la titulación que habilita a los alumnos de éste para ejercer como examinadores- los permisos aprobados por éstos en el desarrollo de su trabajo no sean legales y, por tanto, deban ser anulados.
 
Santiago calculó que en esta situación se podrían encontrar entre 60.000 y 70.000 ciudadanos, ya que los exámenes realizados por 27 funcionarios cuyo título ha sido anulado -desde el mes de junio del pasado año, en que comenzaron a ejercer como examinadores hasta la actualidad- podrían rondar los 120.000, de los que más del 50 por ciento resultaron aprobados.

Igualmente advirtió de que esta "grave cuestión" podría llevar a reclamar a los ciudadanos que pagaron los servicios de tráfico y suspendieron a manos de funcionarios "no habilitados para tal servicio".

Ante "tal desaguisado", Manuel Jesús Santiago, anunció que solicitará al director general de Tráfico, Pere Navarro, el cese inmediato de su máximo responsable, por considerar que ha cometido una "falta evidente de capacidad y competencia".

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