(Libertad Digital) La plataforma Profesionales por la Ética recoge, analiza y, en su caso, canaliza a través de su asesoría jurídica las denuncias de padres y alumnos que empiezan a llegar tras los primeros meses de aplicación de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía en centros de siete comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra y Principado de Asturias.
Los primeros casos confirman las peores sospechas del movimiento cívico de objeción a EpC. En un instituto de Granada, en clase de EpC para alumnos de 3º de la ESO, se abordó el tema de la educación afectivo-sexual, incluido en el programa de la asignatura aprobado por el Ministerio de Educación y desarrollado por las Comunidades Autónomas con competencias educativas.
Ante una pregunta de una alumna, la profesora recomendó a la clase "tener relaciones con personas de todos los sexos para poder elegir el propio género".
Es sólo una de las denuncias sobre experimentos pedagógicos concretos amparados por la nueva asignatura de adoctrinamiento.
En otro instituto, también andaluz, un grupo de alumnos de 14 años se sale de clase acompañando a un alumno objetor porque se sienten violentos ante las preguntas que el profesor les hace, planteándoles cuestiones de carácter estrictamente personal e íntimo.
"Estos es solo dos ejemplos de cómo Educación para la Ciudadanía, lejos de tratar sobre la Constitución y el sistema político español, se introduce de lleno en la educación moral de los alumnos", denuncia Profesionales por la Ética a través de un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital.
Mientras tanto, el número de objeciones de conciencia no deja de aumentar. Profesionales por la Ética ha elaborado un análisis de las declaraciones de objeción presentadas durante los meses de abril a noviembre de 2007.
Son casi 21.000 declaraciones de objeción formalizadas por padres y alumnos en todo el país. La dimensión de este movimiento cívico es aún más relevante si se tiene en cuenta que la nueva asignatura de adoctrinamiento moral e ideológico se imparte sólo en 7 de las 17 comunidades autónomas en este curso académico.
Castilla-La Mancha (6.228), Madrid (4.862), Andalucía (3.786) y Murcia (1.875) son las regiones que acumulan más declaraciones de objeción de conciencia ante las direcciones de colegios e institutos.