Un violador y su víctima se casan en India después del acuerdo de las familias de ambos

Una vez puestas de acuerdo las dos familias, Ananta solicitó al juez que lo dejara en libertad bajo fianza utilizando como argumento el compromiso matrimonial, pero el juez respondió que sólo podría atender su solicitud una vez presentado el certificado del enlace. La normativa de prisiones no permite la celebración de bodas en las cárceles indias, pero el director de la penitenciaría, A.K. Routray, solicitó a la Administración permiso especial para celebrar el casamiento al entender que éste era “un paso hacia la rehabilitación del preso”.

Este matrimonio es consecuencia de que, en muchas zonas de la India, especialmente en las rurales y en el noreste del país, las víctimas de violaciones sufren el rechazo social y son condenadas al ostracismo. Las mujeres violadas, cuya moral queda en entredicho, tienen muy pocas posibilidades de conseguir casarse tras la “humillación y pérdida del honor” que implica la agresión, por lo que acceden a contraer matrimonio con el hombre que las violó como “un último recurso” para poder casarse.

Por otra parte, en la sociedad india, la mayoría de los enlaces matrimoniales son acordados por las familias, que se encargan de buscar pareja a los jóvenes, muchas veces a través de anuncios en suplementos especiales que se publican en casi todos los periódicos del país.

Además, aunque las mujeres indias han conseguido en las últimas décadas llegar a los más altos cargos de la política, la Administración y el mundo empresarial, su situación familiar, en la inmensa mayoría de los casos, suele ser de dependencia total del marido y su familia.