L D (EFE) Fuentes del consulado explicaron que el alcalde, Jean-Francois Acot-Mirande, acudió para dar poderes a un abogado que representará al municipio en la demanda que tiene intención de presentar ante el juzgado de Concurbión (Galicia). Un portavoz municipal, Julien Pérez, explicó que su intención es constituirse en acusación particular y reclamar una indemnización por los más de 150.000 euros de gastos que no han sido reembolsados.
Pérez. argumentó que personarse como acusación particular ante los tribunales españoles es la única forma de poder recibir una indemnización si se demuestra que hubo responsabilidad por parte de las autoridades españolas por los movimientos decididos del petrolero en los días previos a su hundimiento, que ocurrió el 13 de noviembre de 2002.
El portavoz insistió en que no se trata de una acusación contra uno u otro responsable gubernamental español porque "no es la dimensión penal la que nos interesa, sino la pecuniaria", y recordó que el Ayuntamiento ha tenido que dedicar más de 300.000 euros para hacer frente a la contaminación de la marea negra, aunque la mitad de esa cantidad le fue reembolsada por el Gobierno francés.
El alcalde consideró que "frente al inmovilismo del Parlamento Europeo en la búsqueda de responsabilidades gubernamentales, una acción ante el tribunal gallego es la única vía para que se juzgue la actitud del Estado español".
Pérez. argumentó que personarse como acusación particular ante los tribunales españoles es la única forma de poder recibir una indemnización si se demuestra que hubo responsabilidad por parte de las autoridades españolas por los movimientos decididos del petrolero en los días previos a su hundimiento, que ocurrió el 13 de noviembre de 2002.
El portavoz insistió en que no se trata de una acusación contra uno u otro responsable gubernamental español porque "no es la dimensión penal la que nos interesa, sino la pecuniaria", y recordó que el Ayuntamiento ha tenido que dedicar más de 300.000 euros para hacer frente a la contaminación de la marea negra, aunque la mitad de esa cantidad le fue reembolsada por el Gobierno francés.
El alcalde consideró que "frente al inmovilismo del Parlamento Europeo en la búsqueda de responsabilidades gubernamentales, una acción ante el tribunal gallego es la única vía para que se juzgue la actitud del Estado español".