La ONG en cuestión es la Agencia Europea para las Lenguas Minorizadas, representado en España por Carlos Callón, un nacionalista gallego cuya actividad está volcada en la imposición del Gallego y la discriminación del castellano. Amparándose en el rimbombante nombre de "El Comité del Estado español del European Bureau for Lesser-Ussed Languages" Carlos Callón ha instado a la Xunta de Galicia a que "ponga fin a las iniciativas que tomó en los últimos meses en contra del idioma gallego". El "comité" está formado por tres personas: Callón, el nacionalista catalán Manel Rodríguez Pérez-Caurel y el nacionalista vasco Mikel Etxebarria Etxeita.
Dice Callón que esta "entidad, promovida por el Parlamento europeo y que tiene rango de entidad consultiva de esta institución, del Consello de Europa y de la ONU", mantuvo una reunión en Barcelona, tras la que consideró "de especial gravedad" que el ejecutivo gallego "no tenga en cuenta el último dictamen del Comité de Expertos del Consello de Europa", que alertaba de la situación lingüística de Galicia en materia de normalización del gallego.
Según recoge el texto de Callón, "las medidas adoptadas --por la Xunta-- contra la lengua gallega desde el pasado mes de abril suponen una vulneración de tratados internacionales sobre derechos lingüísticos suscritos por el Estado español, como el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, o la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias".
"No es sólo que no pusiese en marcha ninguna de las medidas recomendadas para dar cumplimiento a la Carta europea, sino que se desmantelaron algunos de los proyectos más aplaudidos por el Consello de Europa", aseveró. Entre ellos mencionó el caso de las Galescolas –de las que con toda probabilidad la UE no tenga mucho conocimiento-, la "única" red de enseñanza infantil que contemplaba "con normalidad" el uso del gallego en canciones y juegos.
Por ello, el "Comité" acordó "por unanimidad" dirigirse a la Xunta de Galicia para reclamar que "ponga fin" a su política "de desprotección de los derechos de la comunidad lingüística gallega" y "de incumplimiento de los tratados internacionales" o, en el caso de "continuar", trasladarán esta situación "a los diferentes foros internacionales" competentes.