Un mínimo del 55 por ciento de las materias educativas serán comunes y las fijará el Estado

Además, se señala que habrápruebas extraordinarias de recuperaciónen toda ESO, se pasará de curso "excepcionalmente" con tres suspensossi lo decide el equipo docente, y se introduce un nuevo título VIII, sobre recursos económicos. Para permitir el paso de curso de un estudiante con tres suspensos, los profesores deberán considerar que la naturaleza de las asignaturas no aprobadas no le impedirá seguir con éxito el curso siguiente, que no tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica, según el texto ofrecido pos los socialistas a CiU, IU-ICV, ERC, CC y Chunta. Las administraciones educativas regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación.

Otra modificación explicita que la religión católica se incluirá "como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos"; y la enseñanza de otras religiones se remite a los "acuerdos" del Estado con esas confesiones.

Además, se potenciará, con estas enmiendas transaccionales, la "preocupación especial" por la lectura en Primaria, con un espacio obligado en el currículum, y en ESO, mediante un plan especial de bibliotecas escolares; se reforzará el papel de equipos directivos y profesores, se alcanzará la gratuidad del tramo de tres a seis años mediante conciertos o puestos educativos públicos, se han "precisado" aspectos sobre el régimen de conciertos y reforzado la autonomía pedagógica de centros públicos y privados.

Contra estas protestas, el portavoz de Educación del PSOE, Raimundo Benzal, mostró su rechazo al "intento de boicoteo" del PP a la Comisión, "que mayoritariamente ha aceptado que se celebre hoy la votación", para poder planificar con tiempo el trámite de la reforma por el Pleno del Congreso, probablemente el 15 de diciembre. Además, calificó de "falso" que no se aseguren contenidos comunes en toda España, puesto que esta cuestión corresponde a desarrollos reglamentarios posteriores que se acordarán con las comunidades autónomas.