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Un juez de Zaragoza no acepta la sentencia del Supremo sobre la objeción a EpC

Un Magistrado-Juez de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza ha fallado el pasado 13 de abril a favor de la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

(Libertad Digital) En su sentencia, el citado magistrado discrepa del Tribunal Supremo por entender que podría ser contraria a lo que vienen aplicando el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Basándose en los votos particulares que algunos magistrados discrepantes de la mayoría plasmaron en la sentencia del Tribunal Supremo que denegaba tal posibilidad a unos padres de Andalucía y Asturias, el Magistrado va desgranando las razones que le llevan a atender la objeción de los recurrentes frente a la reciente del Tribunal Supremo.

Según Caridad Navarro, presidenta de Concapa-Albacete “esta sentencia no ha hecho otra cosa que asumir la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional en materia de objeción de conciencia, lo novedoso ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que la niega, por eso el magistrado empieza explicando que entre la doctrina de nuestro más alto tribunal y la reciente sentencia el Tribunal Supremo, opta por la primera”

 En dicha sentencia, el magistrado-juez recuerda otra del Tribunal Constitucional favorable a que un policía nacional no participase en procesiones religiosas: “Pues bien, si en un caso se vino a amparar la libertad religiosa, dispensando al policía del cumplimiento de una orden jerárquica que le atribuía un servicio, en el caso presente, con más razón se habría de reconocer tal derecho”. Y más adelante prosigue:

Para Cari Navarro, la sentencia del TSJ Aragón devuelve la esperanza en la Justicia y en la independencia judicial a las mas de 200 objeciones que actualmente se encuentran en los tribunales de Albacete esperando sentencia. “Cualquier juez que estudie el curriculum de estas asignaturas en profundidad descubrirá que detrás hay un proyecto de hombre, el problema es tener tiempo para ponerse, hace falta introducirse en el mundo de la filosofía, la antropología, etc., y no todos están por esa labor. Pero hay algo indudablemente ilegal: que nuestros hijos serán obligados por ley a confesar públicamente en la clase sus opiniones personales e incluso a ser evaluados por ella. Esto es convertir la escuela en un guantánamo de las conciencias,  no podemos permitir que depuren a nuestros hijos y lucharemos para que sea así hasta llegar a Estrasburgo”.

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