LD (Europa Press) Padres andaluces han interpuesto este lunes, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los cinco primeros recursos administrativos contra la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con el fin de que dicho órgano judicial imponga medidas cautelares para suspender el decreto de la Junta de Andalucía que desarrolla la implantación de dicha asignatura. Otros padres podrán adherirse ahora a la iniciativa.
Uno de los padres que se personó a las 12.00 horas de hoy en la sede sevillana del TSJA, Carlos Seco Gordillo, explicó a Europa Press que, tras recibir en los últimos días "numerosas" llamadas telefónicas de padres de alumnos que querían interponer recursos administrativos similares, tomó la decisión de recomendarles que "se personen en los mismos recursos administrativos" interpuestos este lunes.
En este sentido, precisó que, a través de este procedimiento, "se ahorrarán esperar colas en las diferentes sedes del TSJA, en Sevilla, Granada y Málaga, así como también se facilitará el trabajo de los funcionarios". Además, Seco Gordillo se ofreció voluntario para explicar el procedimiento que tienen que seguir los padres que deseen adherirse a tales recursos. Para ello, les ha facilitado el correo electrónico carlos.seco@terra.es.
De igual modo, este ciudadano apuntó que los cinco recursos administrativos interpuestos tienen el mismo contenido, al tiempo que señaló que todos ellos fueron interpuestos con la representación 'in situ' de un procurador, requisito necesario para su aceptación. No obstante, dijo desconocer el número de padres que, tras desconocer la posibilidad de adherirse a los recursos, se hayan personado este lunes en las sedes del TSJA para interponer de forma particular otros recursos.
En este sentido, Seco precisó que los recursos contencioso- administrativos "están basados en la vulneración de los derechos fundamentales de libre elección y educación, así como en la libertad de religión". Al hilo de ello, insistió en que la implantación de EpC "vulnera nuestros derechos jurídicos, debido a que el Gobierno andaluz ha aprobado el desarrollo de la asignatura cuando ya habíamos matriculado a nuestros hijos en los colegios".
Con esta medida, Seco dijo esperar que el TSJA "dicte sentencia en favor de la libertad religiosa y moral de nuestros hijos". De igual modo, añadió que dicha asignatura "traspasa los contenidos educativos e introduce la ideología de género", algo que, según apuntó, "no estamos dispuestos a aceptar".
De igual modo, este ciudadano aseguró que los problemas de la implantación de esta asignatura finalizarían si "el Ministerio de Educación y la Consejería del ramo tomasen la decisión de convertirla en una asignatura optativa, lo que eliminaría los actuales problemas de inconstitucionalidad".
En relación con la problemática suscitada por esta asignatura, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, indicó recientemente a Europa Press que, dada la aplicación gradual de la asignatura, todavía hay "mucho tiempo por delante" para que los padres y la sociedad entiendan que se trata de "educar en valores". Además, aludió a la oferta "plural de libros" existente entre las que los centros educativos pueden escoger.
En esta línea, resaltó que Educación para la Ciudadanía forma parte de "toda una filosofía" de que educar también es formar en valores de un sistema democrático, plural, basado en la tolerancia y el diálogo.
Tras calificar de "excepcionales y singulares" las "reacciones" en contra que está provocando en España, considera que se trata generalmente de comentarios que "lamentablemente desconocen y distorsionan" sus contenidos, por lo que apeló al "sentido de la responsabilidad" de sus opositores. A su juicio, se están "inventando problemas donde no los hay" con cuestiones "absolutamente fuera de lugar".
Por otro lado, según apareció publicado el pasado martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press, la consejera de Educación, Cándida Martínez, retiraba mediante una orden a las delegaciones provinciales "las competencias para la resolución de las solicitudes de conocimiento del derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía". En su lugar, el viceconsejero Sebastián Cano, asume dichas competencias "en aras de una necesaria uniformidad resolutoria".
Asimismo, según los últimos datos de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Escuelas Católicas (Confapa) a finales de julio se habían cursado unas 2.000 solicitudes de objeción de conciencia contra la asignatura Educación Para la Ciudadanía, que se impartirá a partir de septiembre en 3º de ESO.
El PP critica el manual de profesores
Por su parte, el Partido Popular exigió este lunes a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que dé explicaciones sobre el manual de Educación para la ciudadanía destinado a la formación del profesorado "en el que se ataca al principal partido de la oposición y pretende recortar la libertad de expresión de los medios de comunicación".
"Considerando que educación para la ciudadanía es una apuesta personal del presidente Zapatero, pedimos al Gobierno socialista que explique a las familias españolas si su modelo de educación para la ciudadanía responde a planteamientos políticos y a trasladar la formación ideológica del PSOE en lugar de a formar a los alumnos en valores universalmente reconocidos", señaló el principal partido de la oposición en un comunicado.