L D (Agencias) En representación del Gobierno español participó en el encuentro la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia y una representación las Embajada de España en Marruecos.
Según la información facilitada a Europa Press por el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba (UCO) y miembro del Comité Docente de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos Internacionales, Antonio Manuel Rodríguez, dicha petición al Estado español, a propuesta de Rodríguez, se recogió en la llamada Declaración de Xauen (Marruecos), lugar de celebración del encuentro internacional, desde donde se ha apoyado "el derecho preferente de adquisición de la nacionalidad española para quienes acrediten la condición de descendientes de andalusíes expulsados".
La iniciativa que ha llevado a la Declaración de Xauen surgió del curso de verano celebrado el pasado julio en Córdoba titulado "De Córdoba a Tombuctú: viaje del pasado al presente de la identidad cultural andalusí", organizado por la UCO, y patrocinado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos Internacionales. Sus conclusiones recomiendan a las administraciones competentes que tomen las iniciativas oportunas para procurar "la repatriación sentimental y jurídica de los descendientes de los andalusíes expulsados, concediéndoles el mismo derecho que a los sefardíes para adquirir preferentemente la nacionalidad española, como símbolo de justicia histórica, alianza de civilizaciones, y paradigma de un modelo de convivencia intercultural, hoy más necesario que nunca".
El escrito se entregó al consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías por el presidente de la Junta Islámica de España, Mansur Escudero, en calidad de comisionado del curso, del que fue ponente, y posteriormente fue elevado al Parlamento andaluz como Proposición no de Ley por IU el pasado 6 de septiembre, siendo calificada favorablemente y admitida a trámite.
En su exposición de motivos, se propone añadir el término "andalusíes" a la segunda excepción del artículo 22.1 del Código Civil español. De esta forma, bastarían dos años de residencia legal, continuada, ininterrumpida e inmediatamente anterior a la petición de la nacionalidad española, para que pudieran adquirirla los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, sefardíes o andalusíes.
Según los promotores de esta iniciativa se trata de una medida "doblemente simbólica, tanto por su indudable trascendencia sentimental, al reparar con una sola palabra un agravio histórico de siglos, como por su probable incidencia testimonial en la práctica migratoria, debido a los requisitos legales de residencia y sobre todo de acreditación que deberá reunir el solicitante".
Para solventar estos y otros problemas similares, el II Encuentro Internacional de Educación y Cultura sobre Alianza de Civilizaciones recomienda la formación de un grupo de expertos que estudie jurídicamente las condiciones legales de concesión, tomando como referente por analogía los criterios relativos a la condición sefardí contenidos en el Decreto de 29 de diciembre de 1948, la Instrucción de 16 de mayo de 1983 (BOE número 120 de 20 de mayo de 1983) y otras resoluciones sobre el particular de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
A juicio de el Encuentro de Alianza de Civilizaciones, "la naturaleza meramente indiciaria de los apellidos del peticionario, unida a la dificultad y la casuística probatoria de una condición personal de raíz histórica como ésta, obligará a la creación de una Oficina Pública para la Acreditación de la Condición Andalusí".