L D (Agencias) Los grupos parlamentarios del PSOE, el PP y CiU coincidieron este martes por la tarde en rechazar que el Pleno del Congreso admitiese a trámite la proposición de ley planteada por ERC para reformar la conocida como Ley de Memoria Histórica, una propuesta que sí contó con el apoyo del PNV, el BNG y Nafarroa Bai. Durante el debate, los grupos minoritarios coincidieron en reprochar al Ejecutivo su tardanza en aprobar los reglamentos que desarrollan la norma aprobada hace casi un año.
En su intervención el diputado de ERC Joan Tardà comparó el "reciclaje" del nazismo que se hizo en Alemania con la situación de España respecto al franquismo. "¿Conciben en el Parlamento alemán una sala dedicada a un jerarca nazi, que desfile un representante de la Legión Cóndor, una Alemania con la cruz gamada en los edificios públicos porque son patrimonio histórico?", preguntó al hemiciclo.
"Evidentemente no, en Alemania, no pero aquí sí", lamentó, denunciando en el Congreso "existe una sala dedicada a un ministro franquista corresponsable de muertes y ejecuciones" –en referencia a Manuel Fraga–, que el Ministerio de Defensa, entonces dirigido por el hoy presidente del Congreso, José Bono, permitió la participación de un miembro de la División Azul en el desfile del 12 de octubre, y que "sólo hace falta pasear por calles y plazas para darse cuenta de la excepcionalidad y la anomalía del caso español" en lo relativo a los símbolos franquistas.
Tardà se quejó del "gran silencio y gran impunidad germinada", a su juicio, en la Transición, e insistió en que la Ley de Memoria "no es suficiente y ofende". También arremetió contra el Gobierno por alentar a la Fiscalía contra el proceso al régimen franquista que quiso impulsar el juez Baltasar Garzón. En este punto, quiso saber si el Ejecutivo también intentará paralizar las investigaciones en los juzgados territoriales y si querrá obstaculizar la labor del también juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien se ha declarado competente para juzgar en España a cinco nazis residentes en Estados Unidos por la muerte de republicanos españoles. "Coinciden con el extremista Rouco Varela cuando nos piden que olvidemos", espetó a los socialistas, a los que recordó que "no hay reconciliación sobre el olvido" y que "el Estado no puede promover apertura de fosas como si se tratara de un cementerio romano.
Tras declararse "avergonzado" de que "la izquierda no actúe sin complejos y sin censuras" en esta cuestión, insistió en que el Rey Juan Carlos, que "juró los principios del Movimiento Nacional", debe "pedir perdón" a las víctimas del franquismo en un "acto de honradez y de coherencia para simbolizar la plena superación por la democracia del pasado autoritario del Estado".
El más crítico con el texto de ERC fue Jorge Fernández Díaz, del PP, quien arrancó su discurso descalificándolo jurídicamente y asegurando que está plagado de "absurdos", como buscar que se reconozca en una ley a la II República como "precursora de la actual Monarquía constitucional" y ejemplo de defensa de los Derechos Humanos. "Eso es una barbaridad", sentenció recordando que durante ese régimen se "quemaron conventos", "se expulsaron jesuitas", el entonces líder de la derecha, José Calvo Sotelo, fue "asesinado por la Policía del Estado" y algunos incluso alentaron un "golpe de Estado revolucionario" contra la republica en Asturias en 1934.
El diputado popular ensalzó la labor de los constituyentes, que, a su juicio, tuvieron la "generosidad, la altura de miras y la responsabilidad" que todavía hoy les falta a los miembros de Esquerra. "No estuvieron en el consenso constitucional y 30 años después siguen sin estar. Ahora quieren que los que estuvimos pidamos perdón, para ser tan pocos nos exigen demasiado a los que somos muchos", se quejó, a la vez que recalcó a ERC que lo que hoy preocupa los españoles es la crisis y no los asuntos que "ahondan en la división y la discordia" que suponen "un disparate".
Fernández Díaz también quiso dejar claro que el PP nunca ha cuestionado el derecho de los familiares de las víctimas a exhumar sus cuerpos, pero insistió en que para eso no hacía falta una Ley de Memoria. De hecho, sí coincidió con el resto de la oposición en que "el Gobierno no ha hecho los deberes" sobre esta cuestión y por eso los familiares han tenido que acudir a la vía penal provocando el frustrado caso abierto por Garzón.
En nombre del PSOE su portavoz adjunto Daniel Fernández renovó el compromiso de su partido con la Ley de Memoria y defendió el desarrollo de la misma que está haciendo el Gobierno, recordando los tres decretos que hasta ahora ha aprobado el Consejo de Ministros. "Tenemos clara cual es nuestra obligación y lo haremos sin aceptar distracciones o cortapisas por parte de nadie, respetando decisiones de jueces y fiscales, pero sin servirnos de ellas para el debate político", enfatizó, mostrando su deseo de que la norma pueda desarrollarse en colaboración con comunidades y ayuntamientos.
No obstante, admitió que "queda camino por recorrer" y avanzó que el Gobierno aún tiene pendiente de aprobación otro decreto del Ministerio de Cultura para la restitución de documentos y otros efectos que fueron incautados a particulares y que siguen en el Archivo de Salamanca. También indicó que este ha sido el primer 20-N en el que no se ha exaltado a Franco en el Valle de los Caídos. Fernández asumió que en el asunto de las fosas, la democracia tiene "una deuda pendiente con muchos compatriotas" y remarcó que el PSOE está "empeñado en cerrar esa herida". Por eso el Gobierno está elaborando un mapa de fosas, ha aprobado un protocolo científico para realizar las exhumaciones, y subvenciona a asociaciones que trabajan en este campo.
En resumen, subrayó que estos debates deben afrontarse "sin miedos ni crispaciones" porque la sociedad está "madura" para hacerlos, defendió la Ley de Amnistía como "una de las grandes victorias de la oposición democrática" y apostó por echar una mirada "al pasado sin ira y sin rencor". "No queremos imponer esa mirada a nadie, pero nos gustaría que fuera una mirada común y un poco más autocrítica con nuestros propios pasados y nuestros propios errores", explicó.
El diputado de CiU Jordi Xuclà recordó que la ley vigente "generó grandes expectativas y frustraciones" porque dejó sin atender parte de sus reivindicaciones. Tras cuestionar que la recuperación de la memoria deba hacerse fundamentalmente mediante un texto legislativo y recordar a Tardà que "el dictador que más ejecutó en tiempos de paz fue Stalin" y no Franco como él había dicho, dejó claro que su grupo no apoyaría propuestas que dificulten la reconciliación.
En nombre del PNV, Aitor Esteban, recriminó al Gobierno su demora en aprobar los reglamentos que desarrollan la ley, redundando en un "cierto descrédito" de esta norma. Además, señaló que el propio Congreso incumple el texto al mantener al mismo nivel que otros presidentes de la Cámara a los que dirigieron las Cortes franquistas. "Ya sabemos la opinión del PSOE sobre Santa Maravillas, pero querría saber qué opina de estos cuadros", espetó al grupo mayoritario.
Desde el BNG, Francisco Jorquera admitió que ve con "preocupación" la falta de impulso en la aplicación de la ley y sus "evidentes lagunas" y criticó el "canto al olvido" que, a su juicio, hizo el pasado día 20 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la actuación de la Fiscalía en la causa que intentó abrir Garzón. Asimismo, Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, apoyó la toma en consideración y coincidió con la "desazón" que ha producido la Ley de Memoria.