"Si me llama Garzón, iré. Y le diré que esto es un disparate"

(Libertad Digital) El juez se ha considerado competente para investigar por primera vez los crímenes y la represión franquista, atribuyendo la eliminación sistemática de una parte de la población a los ancianos supervivientes que ocuparon puestos dirigentes en la Falange, a los que ahora achaca la realización de "crímenes contra la humanidad".Estos ancianos pueden por ello verse sentados en el banquillo. El Mundo publica el domingo una extensa crónica con declaraciones de algunos de ellos, de los que no quedan "más de 100 en toda España", según la asociación de estudios falangistas Plataforma 2003.

 

La letra pequeña del auto ensancha un poco más su diana al establecer la constatación de "la supervivencia o no de presuntos responsables que no ocuparan puestos de alta responsabilidad (...) pero que figurasen en las estructuras represivas".

 

Abelardo Azorín, de Barcelona, es uno de ellos. Fue un notorio dirigente de la Falange barcelonesa con 12 condecoraciones, que afirma que "si me llama Garzón, iré, porque yo no desoigo nunca a la autoridad. Y le diré que es un disparate". Abelardo reconoce que "una guerra civil despierta un odio irrefrenable", "pero lo de genocidio no puedo admitirlo".

 

Sobre Santiago Carrillo y la matanza de Paracuellos, Azorín afirma que "mandó asesinar a cientos de españoles. Cuando pienso que podrían acusarlo por sus crímenes, me digo que ya no están para estos trotes. Mejor que le dejen morir tranquilamente en su casa".

 

Manuel Clevero, de 91 años y ex comisario de información, recuerda que "fue una represión natural, como siempre hay tras una guerra civil. Pero asesinados, sin consejo de guerra, que yo sepa no hubo ninguno", asegura en El Mundo.

 

En Valencia vive Benito Sáenz González-Elipe, de 88 años, que ocupó el un cargo en la Falange valenciana, según El Mundo. Afirma que "los rojos mataron a su padre en 1936 "por reclamar una báscula para pesar la uva". Eso motivó su adscripción en La Falange y su posterior huída. Acerca de la represión asegura que "no se consintieron asesinos en nuestro bando. Matamos lo que nos decían que tenían que matar". A Garzón le anuncia que "miedo no he tenido yo nunca. Si me llama iré encantado y le diré que tengo seis hijos, 21 nietos, que siento satisfacción y orgullo y que no me arrepiento de nada".

 

Martín de Riquer, premio Príncipe de Asturias, experto en el Quijote y eminanecia de las letras castellanas y catalanas, instructor del Rey Don Juan Carlos, tiene hoy 94 aos ytambién puede verse afectado por la iniciativa de Garzón. De 97 años, Riquer fu delegado territorial, un cargo relevante de Falange que ahora también podría verse acusado de crímenes contra la humanidad. El historiador Josep Maria Solé i Sabaté califica el auto de Garzón como un "caos" que entre otros errores aplica la condición de "desaparecidos" a los 114.266 nombres de víctimas aportados por las asociaciones, para así poder evitar la prescripción del caso y la Ley de Amnistía.

 

No obstante, Gervasio Puerta, presidente de la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos Antifranquistas, una de las asociaciones personadas en la causa, piensa muy distinto. Puerta cree, según publica El Mundo, que la investigación debería extenderse aún más y reconoce que le causaría "satisfacción" que los ancianos se sentasen en el banquillo, anunciando que en breve hará llegar al juez un informe "con nombres y apellidos" de represores del franquismo. Dice no actuar "en busca de venganza" ni querer que "nadie acabe en la cárcel".

 

Los historiadores consultados por Crónica de El Mundo aseguran que la Falange pudo tener responsabilidad de 1936 a 1939, pero de aquella fecha no queda nadie vivo. "Tras la guerra, Falange no mata a casi nadie. Dan palizas, aceite de ricino...pero la represión es cosa de la Guardia Civil y el Ejército. Las muertes se tramitan por consejo de guerra", asegura Gabriel Cardona, experto en política militar y profesor de la Universidad de Barcelona.

 

El recurso firmado por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, ha acusado a Garzón de emprender una "inquisición general" y de no ser competente para juzgar crímenes del franquismo, ignorando la ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos. Los magistrados de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberán decidir si le corresponde decidir sobre la petición de anulación del auto cursada por la Fiscalía. Pero este órgano ya consideró competente a Garzón en 1998 para iniciar el proceso a las dictaduras chilena y argentina.