"Sería una involución que el Congreso fiscalizara a los parlamentarios"

“Siempre intento celebrar una reunión justo antes del fin de periodo de sesiones para liquidar asuntos pendientes. Y así lo haré en esta ocasión, en la que, entre los asuntos pendientes, se encuentra un escrito de un ciudadano (una denuncia de un abogado de Murcia) remitido a la Mesa del Congreso (el órgano rector de la cámara), para estudiar el patrimonio de José Bono”, explica Francesc Vallés, el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado en declaraciones a Libertad Digital.

Este joven diputado adscrito al PSC asegura tener el convencimiento de que el caso Bono no es competencia del órgano de la cámara encargado de velar por las actividades de sus señorías. “Las funciones de la Comisión son tres: las declaraciones de incompatibilidad de actividades de los diputados; los suplicatorios; y el tráfico de influencias”. Y puntualiza que entre estas labores “nada tienen que ver con el patrimonio”. Para solventar dudas Vallés solicitó hace 10 días “un informe al letrado adscrito a la comisión”. Será éste quien verifique si este organismo ha o no de pronunciarse o estudiar los bienes del Presidente del Congreso.

Eso será dentro de un mes aproximadamente. “Tiene que dar tiempo a que el dictamen aprobado por la Comisión sea enviado votado en pleno y en comisión lo que se traduce en dos semanas de trámite”. De ahí que estemos hablando de “la segunda semana de junio, ya que la primera no hay sesiones”. Se refiere a la primera semana de cada mes, que no está habilitada para los plenos ordinarios.

“Yo intuyo y entiendo que el órgano no es competente, pero obviamente mi criterio no influye en el informe del letrado” dice Vallés. “Hay que entender que las declaraciones de patrimonio son secretas conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (la LOREG)”. añade Vallés valoraciones generales sobre cuál es la función real del Parlamento: “Y además es lógico que sea así. No tendría sentido que el Congreso fuese un órgano fiscalizador de los parlamentarios. Sería una involución en nuestro sistema democrático. Ya hay órganos para eso, que son lo jueces y la Agencia Tributaria”.

En cuestiones más puramente procedimentales nos explica que cada vez que un diputado toma su acta hace una declaración jurada de sus bienes y sus actividades, pero “es una mera declaración firmada”. “Si yo ahora pido a la cámara esos informes, seguramente no tenga potestad para que me los den. ¿Quién los custodia? Y en el caso de que tuviera potestad para recibirlos, ¿qué capacidad sancionadora puede tener el Congreso? ¿Qué sanción le puede aplicar la Comisión del Estatuto del Diputado a un diputado? El Congreso no está para esas cosas, está para otras. Tiene capacidad legislativa y eso significa simplemente aprobar o derogar las leyes. Esa es su función”.

En resumen que según lo dicho por Francés Vallés a Libertad Digital, poco se puede esperar del último trámite al que aspira el PP en este asunto: la Comisión del Estatuto del Diputado. Pasada la Comisión, “ya sólo quedan los tribunales”, concluye el presidente de este organismo parlamentario.