Como prueban los registros oficiales de la Generalidad catalana, desde la llegada al poder del tripartito está se ha agudizado gravemente. Desde 2004 han impuesto 811 sanciones lingüísticas a pequeños comercios, restaurantes, y empresas, por no cumplir con la política totalitaria y excluyente de imposición del catalán. De ellas, 210 se produjeron durante 2010, como recoge Registro General, proporcionado por el Gobierno a preguntas del Partido Popular.
Este número supone el total de sanciones efectivas, no el total de denuncias interpuestas a comercios por -por ejemplo- no rotular en catalán. Las sanciones recayeron en aquellos que persistieron ante la imposición, defendiendo su derecho de emplear la lengua oficial española dentro de Cataluña. El número de personas contra las que funcionó la amenaza de la amonestación, y desistieron aceptando la imposición lingüística es mucho mayor que 811.